Doña Mercedes la Directora General que ni está ni se le espera, la tontería puesta en primera fila para ser vista. La opinión es libre, pero los hechos son sagrados.

Éramos el enemigo a batir. Y así quedó escrito, negro sobre blanco: “Por pertenencia al Sindicato Unión Democrática de Guardias Civiles”, la misma asociación que el Tribunal Constitucional declaró legal y cuyo derecho de existencia algunos todavía se resisten a aceptar. La justicia habló hace décadas; quienes debían obedecerla siguen mirando hacia otro lado.

Tricornios en Democracia  06 Nov 2025 - 17:49 CET 

En respuesta al Coronel Jefe de la Secretaría Técnica de la Guardia Civil.

Las sentencias están para cumplirse, aunque algunos mandos sigan actuando como si fueran meras sugerencias. Los guardias civiles rehabilitados fuimos expulsados no por infringir la ley, sino por haber señalado la corrupción cuando esta aún se ocultaba bajo alfombras institucionales. Éramos el enemigo a batir. Y así quedó escrito, negro sobre blanco: “Por pertenencia al Sindicato Unión Democrática de Guardias Civiles”, la misma asociación que el Tribunal Constitucional declaró legal y cuyo derecho de existencia algunos todavía se resisten a aceptar. La justicia habló hace décadas; quienes debían obedecerla siguen mirando hacia otro lado.

En democracia, los hechos importan. Más aún cuando se trata de decisiones judiciales firmes del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Por eso sorprende —y preocupa— la respuesta remitida por la Secretaría Técnica de la Dirección General de la Guardia Civil, firmada por su coronel jefe, ante una petición legítima: la remisión de certificados y constancia documental del cumplimiento de sentencias firmes que afectan de lleno a derechos fundamentales de los guardias civiles.

La contestación, lejos de ajustarse al rigor que exige un Estado de Derecho, se extiende como las ramas de un árbol buscando sombra donde solo debería haber claridad. Porque los hechos —ésos que son sagrados— no admiten divagaciones.

El Tribunal Constitucional, en una sentencia inequívoca, reconoció el derecho de asociación profesional de los guardias civiles. No lo insinuó, no lo condicionó, no lo dejó a medias: lo reconoció y remitió su contenido a todas las instituciones implicadas. Sin embargo, la Dirección General de la Guardia Civil no cumplió ese mandato en los términos establecidos. No es una opinión: es un hecho.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, condenó a España por actuaciones relacionadas con la detención ilegal, un asunto de extraordinaria gravedad que debería haber impulsado una revisión interna inmediata. Cientos de casos, un fallo contundente y una advertencia para cualquier administración que valore mínimamente la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos. Y aun así, la respuesta institucional parece preferir la negación o la evasiva antes que la asunción de responsabilidades.

A todo ello se suma la falta de atención y diligencia frente a las solicitudes formales de certificación de haber recibido, conocido y ejecutado dichas sentencias. Un trámite esencial para garantizar la trazabilidad administrativa y la legalidad de cualquier actuación. La negativa o la ignorancia deliberada no es una mera irregularidad: es un síntoma preocupante.

Y, en paralelo, permanece el silencio sobre la Operación Columna, uno de los episodios más graves y oscuros vividos por los guardias civiles en democracia. Un asunto documentado, conocido por mandos, e incluso reconocido en conversaciones y entrevistas con responsables de alto nivel. Un asunto que merece ser investigado con luz y taquígrafos, no enterrado bajo papeleo burocrático o contestaciones vacías.

Por todo ello, con el mayor respeto institucional que merece su cargo, debe decirse con claridad:

Señor Coronel: así, no.

No cuando se rehúye la responsabilidad de certificar hechos.
No cuando se relativiza el valor de una sentencia firme.
No cuando se olvida que el Estado de Derecho se sostiene precisamente sobre el cumplimiento escrupuloso de la ley.

Los guardias civiles, como servidores públicos, tienen derecho a la verdad, a la legalidad y al respeto de sus derechos. Las instituciones, más aún las que portan en su nombre la palabra “Guardia”, deben ser ejemplo de ello y no excepción.

Mientras tanto, seguiremos recordando algo básico pero imprescindible:

La opinión es libre. Pero los hechos, señor Coronel, son sagrados.