Desde el miércoles, en el Congreso de Diputados sus señorías no hablan para que les entiendan sus compañeros de hemiciclo, como venía sucediendo hasta ahora sin ningún problema. Sus discursos son para unos señores con pinganillo que, con mejor o peor fortuna, traducirán su contenido a los demás parlamentarios.

Un desatino, no sólo por el coste de 250.000 euros de aquí a fin de año, sino por la posible pérdida de matices de las ideas al pasarse de un idioma a otro.

La medida, pues, no representa ninguna ventaja para la institución, sino personalmente para Pedro Sánchez, al ser una de las imposiciones de Puigdemont para votar su investidura.

El otro frente de dislate lingüístico es el europeo, donde el Gobierno español se ha comprometido a sufragar los millones que costaría la incorporación del gallego, euskera y catalán como lenguas oficiales de la UE.

Hasta ahora hay 24 lenguas oficiales en la institución por una cuestión de procedimiento administrativo, ya que todos los textos aprobados deben tener su versión oficial escrita en la lengua institucional de cada país, para su validez jurídica, pero no por razones prácticas. Cualquiera que se haya movido en los entresijos de la Unión Europea sabe que los tres idiomas de uso habitual en los pasillos del organismo son el alemán, el francés y el inglés, y eso que Gran Bretaña está ya fuera de la Unión. O sea, que de no saber una de esas tres lenguas, más vale dejar la UE para otros que sí las hablen.

Por eso es de prever que el Parlamento Europeo no apruebe la pretensión española. No sólo por el caos operativo añadido, sino porque en Europa existen otras 80 lenguas y variantes dialectales que se hablan dentro de los diferentes Estados, con lo que el lío sería mayúsculo y las tensiones secesionistas —lo contrario de lo que busca la Unión— aumentarían.

Así que tenemos una nueva ley en nuestro Congreso que a los únicos que beneficiará es a una docena de inútiles traductores con el dinero de todos los españoles.