No sé si en USA Donald Trump, además de presidente, es también el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas (MASUFA), o un alto cargo similar al establecido en el art. 62.h de la Constitución española, pero es evidente que se comporta como tal cuando se atreve a exigir a otros países que de su PIB dediquen un porcentaje X al gasto militar.

Mientras tanto, conviene que las personas del montón dudemos de sus planes de reducción del gasto público, a no ser que haya convencido a Elon Musk y a otros multimillonarios parecidos para que vendan sus negocios de Internet y, con lo que saquen, le financien el armamento y la soldadesca porque si, por el contrario, pretende pagarlo recortando otras partidas del presupuesto, solo conseguirá reducir la esperanza de vida de los norteamericanos, que ya es tres años inferior a la de los europeos.

Tampoco debemos creernos el título de “pacificador” que se ha concedido a sí mismo, pues siempre ha sido muy arriesgado buscar la paz cultivando el miedo a las nuevas guerras que podría provocar si, por ejemplo, no le entregan por las buenas Groenlandia, el Canal de Panamá o Gaza, esta última para convertirla en una “Riviera”.

De hecho, según contaba la Agencia EFE el 1 de febrero, “China construye un centro de mando militar diez veces mayor que el Pentágono”. Esperemos que a Trump no se le ocurra construir un nuevo Pentágono, tenga la forma que tenga, solo para que sea diez veces mayor que el chino.

En cualquier caso, Trump y las estrategias del miedo son todo uno, pues ganó muchos de los votos que le permitieron ganar a base de recordar el asalto al Capitolio en 2020, y que esta vez sería mucho peor si volvía a perder.

Pero lo que sin duda Trump envidia más del MASUFA español es la impunidad ante la Justicia que permitió al anterior, y sigue permitiendo a su hijo, cometer toda clase de delitos. En cambio, don Donald, con todo su poder y su dinero, tuvo que soportar las investigaciones y los juicios que le convirtieron en el primer presidente delincuente por sentencia. Y ahora, ya gobernando, incluso hay algún juez que le ha obligado a dejar de hacer lo que había ordenado que se hiciera, y no parece que este vaya a ser un traspiés aislado durante su mandato.

Según la misma Agencia EFE, “Trump firma una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional” y, a continuación, que “La CPI denuncia que las sanciones buscan ‘socavar su capacidad de hacer justicia’”. Entre paréntesis, no podemos negar a Trump su capacidad para evidenciar las debilidades de tantos organismos internacionales que tanto protagonizan el día a día, pero a título de inventario.

El caso es que alguien le debió contar a Trump el privilegio de que disfruta el MASUFA español y no creo que lo de la sanción contra la CPI lo sea tanto para ayudar a Netanyahu como para blindarse a sí mismo por lo que le pudiera ocurrir si termina provocado guerras en busca de la paz… de los cementerios.

Un detalle para terminar.

Digo “impune” aunque no se me ha olvidado que el art. 56 de la Constitución dice “inviolable”, pero esta palabra no me gusta. Citaré dos motivos.

Primero, porque todos tenemos derecho a ser “inviolables”, al menos mientras “violar” siga siendo un delito. Es decir, nadie quiere que lo violen.

Y segundo, porque no me parece aceptable que aplicar la ley, que es lo que hacen los jueces, signifique violar, pues solo de esa forma puede entenderse la inviolabilidad como el privilegio que disfruta alguien a quien ningún juez puede aplicarle la ley.

Por tanto, considero que cuando los “padres de la Constitución” eligieron “inviolable” en lugar de “impune”, sin duda presionados desde “arriba”, lo que hicieron fue conceder un privilegio inaceptable en democracia -pues era el mismo que disfrutaba el dictador- empleando la palabra que pudiera resultar más fácilmente digerible para la sociedad.

¿Qué les parecería a los 350 del Congreso si, ya que hace poco se atrevieron a reformar la Constitución cambiando una palabra, vuelven a ser valientes y suprimen todas las inviolabilidades que aparecen en el texto?

Con ello se esfumarían muchas dudas sobre la eficacia real del artículo 14, el de la igualdad de todos ante la ley.

Y, si se enterara Trump, puede que hasta cambiara de plan y también él renunciar a intentar la “inviolabilidad”, algo que puede salir mucho más caro de lo que se puede imaginar. En España, restaurarla a favor de una sola persona costó una guerra civil. Y casi cuarenta años de dictadura conseguir que, siempre para mal, siga vigente otros cuarenta y cinco años más.

¿Hasta cuándo?