Guardias civiles condenados por defender la Constitución

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Actualidad 10 Febrero 2021 785 votos - Para Votar tienen que ser usuario registrado
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Hace cuarenta años, en la década de los 80 del siglo pasado, policías nacionales y guardias civiles quisieron sumarse a los valores democráticos de la Constitución creando sindicatos profesionales, a imagen y semejanza de lo que ocurría en otras policías estatales en democracias de nuestro entorno.

 

La llegada al Gobierno del PSOE alentó las expectativas de pasar a ser cuerpos de policía civiles, algunos creyeron incluso que se unificarían la Policía y la Guardia Civil, aunque el ente abstracto que es el Estado decidió que la Policía Nacional dejara de ser militar sin ser civil, creando un cuerpo híbrido civil-militar, y la Guardia Civil sería un cuerpo militar, una fuerza del Ejército que en tiempo de paz se optimizaría cumpliendo funciones de seguridad pública.

Entendiendo que no se cumplía la Constitución, policías demócratas y constitucionalistas crearon un sindicato que fue clandestino durante seis años (1978-1984), y en la Guardia Civil el cabo Manuel Rosa dio un paso al frente creando la Unión Democrática de Guardias Civiles El TC España reconoce la legalidad UDGC siendo expulsados a pesar de ser legales  y el Sindicato Unificado de la Guardia Civil. Mientras en la policía fueron sustituidos con injerencias y expulsiones los líderes más sólidos en defensa de una policía civil (Modesto García en USP, Manuel Novás en SPP, José López y Francisco López Antonio en el SUP), en la Guardia Civil decidieron perseguirlos como terroristas, encerrarlos en psiquiátricos y prisiones, someterlos a juicios militares y, cuando eso no resultó, los expulsaron administrativamente.

Hubo numerosos expulsados que por errores e irregularidades en los procedimientos consiguieron el reingreso y fueron jubilados (al menos cobraban una mísera pensión), y hubo cuatro que en la década de los 90 resultaron expulsados: Manuel Rosa, José Morata, José Piñeiro y Manuel Linde, este último ya fallecido.

En 2009, Rosa Díez en nombre de UPyD presentó una PNL (Proposición No de Ley) que fue votada a favor por unanimidad, pero nada se hizo. Poco después se readmitieron y rindieron honores a mandos del Ejército de la UMD que habían actuado antes de la Constitución, pero nadie desde el Gobierno hizo nada por estos guardias civiles que actuaron desde la legalidad constitucional. El Tribunal Constitucional consideró legal la existencia de asociaciones profesionales en la Guardia Civil pero ya era tarde para quienes pretendieron crearlas, que siguen expulsados hoy 25 años después tras procesos increíbles en una democracia. En 2017 Cs presentó otra PNL en el mismo sentido que también fue aprobada. Sentencia del TEDH

 

Esta persecución contra los guardias civiles demócratas se orquestó a finales de la década de los 80 con un plan estratégico denominado “Operación Columna”,  Operación Columna Documentos  del que se tiene constancia porque Luis Roldán tenía copia del mismo. Era ministro de Interior José Luís Corcuera, de Defensa Narcís Serra, y presidente del Gobierno Felipe González. El PSOE ha votado a favor de las PNL, pero desde el Gobierno no ha hecho nada por cumplirlas y el PP ha votado a favor estando en la oposición y en contra estando en el Gobierno. UPodemos presentó una moción para resolverlo, pero por defecto de forma fue inadmitida por la Mesa del Congreso.

El 8 de enero de 2019, la ministra de Defensa Margarita Robles recibió en su despacho a los tres expulsados que siguen vivos y se manifestó a favor de resolver el asunto. Si el Gobierno es del PSOE, que siempre votó a favor, de UPodemos, que lo apoyó, si la ministra de Defensa está de acuerdo, si el PP en la oposición, donde está ahora, lo apoya y todas las asociaciones de guardias civiles también, ¿A qué espera el Gobierno? ¿Cuándo lo va a resolver?

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