Está resultando especialmente problemática para los órganos jurisdiccionales penales y para los fiscales la regla por la que se establecieron plazos máximos de duración de la instrucción. La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, reformó la legislación procesal penal para fijar unos límites temporales con los que delimitar los actos de la investigación que son propios de la fase de instrucción.

En la nueva redacción del artículo 324, que recoge los plazos máximos de duración de la instrucción, se distinguen los asuntos sencillos de los complejos, correspondiendo su calificación inicial al órgano jurisdiccional competente para controlar la instrucción y siendo posible que se produzca la prórroga en los asuntos complejos a instancia del Ministerio Fiscal. El objetivo, según el Preámbulo de la Ley 41/2015 es que “exista un límite temporal infranqueable en el que el sumario o las diligencias previas hayan de concluir y haya de adoptarse la decisión que proceda, bien la continuación del procedimiento ya en fase intermedia, bien el sobreseimiento de las actuaciones”.

El efecto de la finalización del plazo sin haberse terminado la instrucción constituye un problema. El artículo 324.8 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “En ningún caso el mero transcurso de los plazos máximos fijados en este artículo dará lugar al archivo de las actuaciones si no concurren las circunstancias previstas en los artículos 637 o 641”, pero no determina de un modo preciso las consecuencias del incumplimiento de las reglas. La Circular 5/2015 de la Fiscalía General del Estado, sobre los plazos máximos de la fase de instrucción dice que “el mero transcurso de los plazos no es fundamento para acordar un sobreseimiento libre o un sobreseimiento provisional, sin perjuicio de que pueda acordarse si concurren cualquiera de los supuestos de los arts. 637 y 641” y que “a estos efectos los Sres. Fiscales a la hora de evacuar los traslados de los arts. 780 y 627 LECrim deberán valorar si con las diligencias de instrucción practicadas, y las pruebas que puedan solicitarse en el escrito de acusación o en el trámite de las cuestiones previas existe material suficiente para sostener la acusación”.

Han sido muchas las declaraciones que se han hecho en relación con los efectos del transcurso de los plazos. Este hecho indica que todavía hay bastantes cuestiones que resolver y que se desconoce cuál será la consecuencia del incumplimiento de la regla de limitación temporal, siendo cierto que es posible que, finalmente, no haya efectos relevantes, de modo que la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal podría haberse hecho para gastar tiempo de un modo extraño.

La reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sido el objetivo de muchas críticas por razones técnicas y estructurales, aunque algunos juristas han defendido la modificación. Podemos y el PSOE han intentado lograr que la limitación temporal de la instrucción pierda su vigencia, pero no han tenido éxito, aunque debe tenerse presente que no parece que se haya realizado una contundente oposición política frente a una medida que no va a desaparecer con facilidad.

Muchos profesionales que desarrollan tareas en la Administración de Justicia han visto incrementada su carga de trabajo por la revisión de las causas, que han tenido que ir siendo comprobadas para determinar cuando deberá finalizar su instrucción. Este hecho ha complicado la situación de muchos órganos jurisdiccionales, que tienen una gran cantidad de casos pendientes de resolución.

Resulta inútil e inadecuado poner límites temporales a la instrucción sin aportar más medios personales y materiales a los órganos jurisdiccionales. Se dice que se desean agilizar los procesos penales, pero eso no se consigue poniendo márgenes temporales a la instrucción con los que se puede provocar el empeoramiento de los resultados en la investigación de importantes y complejos asuntos.

Hay grandes ideas que se plasman en importantes normas. Sin embargo, también hay malas ideas que, al implantarse en el ordenamiento jurídico, provocan que se colapse el sector del sistema afectado por las normas.

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