Un hecho que se pudo conocer a causa de los medios de comunicación que difundieron la noticia es el relativo al ciudadano al que le impusieron 50 multas de tráfico por exceso de velocidad, siendo tres retiradas en la vía administrativa. 47 de esas sanciones no han sido declaradas como ineficaces por el ente administrativo competente y, habiendo recurrido la persona afectada a la vía judicial contencioso-administrativa, tendrá que comenzar 47 procesos asistido por 47 abogados del turno de oficio, uno para cada proceso, en cuatro juzgados de lo contencioso-administrativo.

Según se ha comentado, todas las sanciones impuestas no fueron debidamente notificadas y el conductor no pudo apreciar los excesos de velocidad, ya que tenía mal el velocímetro de su vehículo, siendo cierto que el interesado pudo descubrir lo que había sucedido porque Hacienda le indicó que iba a proceder con el embargo de bienes si no abonaba la cantidad correspondiente al pago por tres multas. Posteriormente, acudió a la sede de la DGT, en la que le indicaron la imposición de 50 sanciones.

El asunto resulta kafkiano. Xustiza va a tener que desembolsar cerca de 8500 euros para pagar las minutas correspondientes a los letrados, una cantidad que constituye el doble de la suma total de las 47 sanciones, que es de 4700 euros. Por lo que puede observarse, se puede llegar a producir, una vez más, un caso de gasto ineficiente de recursos públicos.

Lo extraño es que hay herramientas para evitar o corregir situaciones dantescas, como la de las 47 multas. Existen reglas específicas de acumulación de procesos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El artículo 34 de esa norma establece que “Serán acumulables en un proceso las pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo acto, disposición o actuación” y que “Lo serán también las que se refieran a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros o exista entre ellos cualquier otra conexión directa”, siendo cierto que hay una clara conexión entre las sanciones impuestas al interesado. El actor podrá acumular en su demanda cuantas pretensiones reúnan los requisitos señalados en el citado artículo, aunque el Letrado de la Administración de Justicia podrá indicar al órgano judicial que la acumulación no es debida. Si no se procediera de este modo, podrá aplicarse el artículo 36 de la Ley 29/1998, cuyo primer apartado señala que “Si antes de la sentencia se dictare o se tuviere conocimiento de la existencia de algún acto, disposición o actuación que guarde con el que sea objeto del recurso en tramitación la relación prevista en el artículo 34, el demandante podrá solicitar, dentro del plazo que señala el artículo 46, la ampliación del recurso a aquel acto administrativo, disposición o actuación”.

Hay que obrar correctamente en el momento en el que se establecen reglas procesales, con la finalidad de que puedan servir para facilitar el trabajo de los jueces, que tienen que estudiar numerosos casos pendientes, sin perjudicar los derechos de las partes. Deben fijarse buenos instrumentos legales, pero también debe evitarse la implantación de obstáculos que dificulten el empleo de determinados mecanismos jurídicos que puedan ayudar a que se produzca un correcto desarrollo de la ejecución de las labores jurisdiccionales. Los órganos judiciales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa están saturados por su trabajo y resulta esencial que no se les complique el trabajo, debiendo destacarse que el artículo 106.1 de la Constitución dice que “Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”.

Diego Fierro Rodríguez

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