El irracional miedo al estado de excepción

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Por Diego Fierro Rodríguez 07 Agosto 2021 325 Votos Correo electrónico Imprimir
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Diego Fierro Rodríguez

Es necesario destacar que, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad parcial del Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma con confinamiento, muchos han mostrado su sorpresa por el toque que el tribunal ha dado al Gobierno por no usar el estado de excepción. Sin embargo, aunque gran parte de las quejas se deben a motivos partidistas, no son pocos los que, careciendo de conocimiento jurídicos, han llegado a sentir algo muy próximo al miedo.

Hay personas que rechazan el estado de excepción, desde el Gobierno, porque se terminan viendo sometidas a un control parlamentario que resulta muy incómodo. Otros, desde la sociedad, parecen odiarlo porque le atribuyen, por su nombre, efectos propios de una dictadura, pese a la existencia de grandes garantías para evitar una incidencia excesivamente perjudicial para los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El artículo 55.1 de la Constitución establece que “Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución”, aunque “Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción”. Por tanto, solo se pueden suspender, con el estado de excepción, los derechos fundamentales a la libertad (aunque sin suspender el derecho a ser informado de los derechos y los motivos de la detención, por el inciso final del artículo 55.1 de la Constitución), a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones, a la libre circulación, a la libre entrada y salida del territorio español, a la libre expresión, a la libre información, a la prohibición de censura, a la reunión y manifestación, y a la huelga y al conflicto colectivo.

Que pueda utilizarse el estado de excepción no habilita la imposición de un régimen dictatorial. Precisamente, se recogen diversas garantías, conforme al artículo 13 de la Ley Orgánica 4/1981, “Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado tres del artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción”, motivo por el que la solicitud de autorización deberá comprender extremos precisos para delimitar el alcance del estado de excepción. Además, los jueces y tribunales se encargarán de ir controlando las actuaciones gubernativas que, en casos particulares, puedan resultar desproporcionadas.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 83/2016, de 28 de abril, indica que “El art. 116 CE, precepto que forma parte del título V CE, que tiene por rúbrica «De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales», plasma la opción del constituyente de 1978 por un modelo de regulación del denominado derecho constitucional de excepción caracterizado, frente a los precedentes históricos, por la mención de los tres estados de emergencia –estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio– con los que hacer frente a posibles situaciones de anormalidad constitucional”. A este respecto, los estados a los que se refiere el artículo 116 de la Constitución se denominan por el Tribunal Constitucional "estados de emergencia". Sin embargo, el estado de excepción debería llamarse estado de emergencia y los tres estados del artículo 116 de la Constitución se podrían considerar estados de excepción en cuanto que suponen una inversión del estado ordinario a causa de circunstancias extraordinarias que requieren un tratamiento específico con mayores poderes para el Gobierno, pero con un enorme contrapeso de las Cortes Generales.

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