Un decreto-ley para pringar al Tribual Supremo con la pandemia

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Por Diego Fierro Rodríguez 24 Mayo 2021 265 votos - Para Votar tienen que ser usuario registrado
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Diego Fierro Rodríguez

El Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, recoge numerosas medidas para hacer frente a la pandemia del Covid-19 más allá del estado de alarma que hasta el día 9 de mayo se encontraba en vigor. A este respecto, el alcance de la norma es muy extenso, pues afecta a numerosas normas.



Una de las cuestiones que ha atraído más la atención de la opinión pública fue la reforma del recurso de casación contencioso-administrativo para que el Tribunal Supremo pueda revisar las resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas que denieguen la validez de las disposiciones administrativas por las que los Consejos de Gobierno limiten derechos fundamentales al limitar la movilidad y la circulación en su ámbito territorial. Sobre este asunto, el preámbulo del Real Decreto-ley 8/2021 afirma que “
el artículo 15 de este real decreto-ley introduce una modificación a la Ley 29/1998, de 13 de julio, al objeto de modificar la regulación del recurso de casación en el siguiente sentido: con esta reforma del recurso de casación se persigue el objetivo de posibilitar que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo pueda entrar a conocer sobre los autos adoptados por las referidas Salas de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional en esta materia y pueda, además, fijar doctrina legal, con intervención de las administraciones públicas autonómica y estatal, además de la del Ministerio Fiscal, sobre el alcance de la legislación sanitaria en relación con las limitaciones o restricciones de derechos fundamentales de los ciudadanos impuestas por las autoridades sanitarias, y todo ello en un plazo muy breve de tiempo, que es lo que requiere una situación sanitaria tan grave y extraordinaria como la que obliga a esas autoridades a tener que adoptar esta clase de medidas y para la que no resultan eficaces los dilatados plazos que precisa el recurso de casación ordinario”.

El Tribunal Supremo ya criticó el Real Decreto-ley 8/2021 en un informe no muy profundo pero si bastante llamativo. En ese documento se recogen numerosas críticas, llegando a señalarse que “
si, como es de temer, se multiplica la litigiosidad en esta materia, resultará muy problemático resolver los recursos en tan breve plazo, habida cuenta que al Tribunal Supremo accederán, probablemente en fechas coincidentes, recursos procedentes de cualesquiera tribunales inferiores de este orden jurisdiccional contencioso-administrativo”.

Lo más llamativo de la reforma del recurso de casación contencioso-administrativo para la revisión de las órdenes con las que limitar la circulación de personas es que se ha llevado a cabo de forma silenciosa, sin avisar previamente al Tribunal Supremo y sin recabar la opinión de los líderes políticos cuyos grupos parlamentarios tendrán que dar sus votos para la convalidación del Real Decreto-ley 8/2021. Además, debe destacarse que a la Sala Tercera del Tribunal Supremo se le ha encasquetado un asunto en el que se va a encontrar, sin comerlo ni beberlo, un tema candente que no debería haber sido incluido en su cometido por todo lo que puede provocar su intervención.

A los pocos días de entrar en vigor el nuevo régimen jurídico, ya había disparidad de criterios entre tribunales. En un primer momento, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechazó las medidas impuestas por el Gobierno de esa Comunidad Autónoma y los Tribunales Superiores de Justicia de las islas Baleares y de la Comunidad Valenciana ya ratificaron las medidas gubernativas de sus respectivos Gobiernos autonómicos.

El nuevo régimen jurídico generará más problemas de coherencia normativa de los que pueda pretender resolver y, probablemente, no evitará discrepancias entre los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. Muchos de esos tribunales ya han adoptado la posición de los de las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, aceptando la ratificación de las medidas administrativas limitativas de derechos fundamentales, pero otros tribunales seguirán la vía de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Obviamente, se puede gestionar mal por actuar indebidamente. Sin embargo, también se puede gestionar mal por omisión, al dejar en manos de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y de los Tribunales Superiores de Justicia la adopción de medidas que tendrían que estar dirigidas y coordinadas por el Estado o, al menos, encontrarse reguladas expresa y taxativamente por una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales. El Tribunal Supremo ya ha afirmado que ello no es necesario, pero si que resulta más que recomendable a los efectos de garantizar la protección adecuada para los derechos fundamentales.

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