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Los indultos generales y los independentistas condenados por el Tribunal Supremo

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;Por Diego Fierro Rodríguez 07 Enero 2021
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Diego Fierro Rodríguez


Se ha iniciado la tramitación de los indultos solicitados por los condenados mediante la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de octubre, y los fiscales que intervinieron en la Causa especial 20907/2017 ante el Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno, han estado preparando sus informes desfavorables a la concesión de la gracia del indulto. Según
El Mundo, los documentos que han ido preparando se han referido a la prohibición de los indultos generales que se contiene en el artículo 62 de la Constitución.



El problema es saber qué es un indulto general y si existiría por la concesión de la gracia a un grupo de personas condenadas por el mismo tribunal en una misma sentencia por los mismos delitos. No resulta fácil de definir, aunque hay antecedentes normativos de la época preconstitucional.

Hay que tener presente que el Real Decreto 388/1977, de 14 de marzo, sobre indulto general, recoge el ejercicio del derecho de gracia con carácter general para una situación muy especifica. Concretamente, el preámbulo de esa norma indica que “
El Real Decreto-ley diecinueve/mil novecientos setenta y siete, de catorce de marzo, reconsidera determinados límites de la amnistía otorgada el treinta de julio de mil novecientos setenta y seis, y, en esta misma línea, parece aconsejable también completar el conjunto de las diferentes medidas de gracia utilizables al respecto, mediante un indulto general para las penas impuestas o que pudieran imponerse por delitos de intencionalidad política que, estando en principio excluidos de aquella amnistía, lo estuvieron también de indultos generales anteriores, doble exclusión que podría llevar, si persistiera, a situaciones de desigualdad”, añadiendo que “Este indulto, que alcanza, pues, a los delitos antes mencionados, remite el resto de pena pendiente de cumplimiento a los responsables que no tuvieron una participación directa ni necesaria en el resultado lesivo y reduce en doce años la pena más grave impuesta a los demás, con remisión total de las otras, estableciendo que la única pena resultante será de veinte años para las privativas de libertad por conmutación de la de muerte y de dieciocho años, como límite máximo, en los demás casos”. Por tanto, el indulto general, muy similar a la amnistía, produce el perdón de la pena para delitos específicos cometidos en un período concreto.

Ciertamente, es fácil defender que los indultos que se pueden llegar a conceder a los condenados por la comisión de delitos de rebelión y malversación de caudales públicos durante el intento de consecución de la independencia de Cataluña son indultos singulares y que están permitidos por la Constitución. Por ese motivo, serán otros aspectos de los condenados del caso, como la conducta posterior a la ejecutoria, y especialmente las pruebas o indicios de su arrepentimiento que se hubiesen observado, si hay o no parte ofendida, y si el indulto perjudica el derecho de tercero, y cualesquiera otros datos que puedan servir para el mejor esclarecimiento de los hechos, concluyendo por consignar su dictamen sobre la justicia o conveniencia y forma de la concesión de la gracia, a los que deberá referirse el Tribunal Supremo en su informe.

Los indultos a los líderes secesionistas condenados por el Tribunal Supremo está, desgraciadamente, muy cerca. La Sala Tercera del Tribunal Supremo podría dejar sin efecto los actos para el ejercicio de la gracia, pero tiempo después, cuando ya se haya perjudicado gravemente la eficacia de la normativa infringida por los independentistas catalanes se haya dado más fuerza a estos para continuar con sus actividades, que dinamitan la convivencia y perturban la paz social.

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