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La expulsión de un miembro del jurado en el crimen de los tirantes

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;Por Diego Fierro Rodríguez 18 Septiembre 2020
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Diego Fierro Rodríguez

La magistrada María José Gil Corredera decidió expulsar a un miembro del tribunal del jurado en la sexta sesión del juicio oral por el crimen de los tirantes, en la que las partes presentaron sus conclusiones e informes finales. La expulsión del jurado número 2 se debió al comportamiento que él mismo tuvo en la primera jornada del juicio, celebrada el pasado lunes 7 de septiembre, cuando interrumpió la sesión en varias ocasiones y se dirigió al abogado de la defensa, Endika Zulueta y al acusado de manera indebida.

 

Ciertamente, la sustitución se hizo como efecto lógico de lo que debería entenderse como una recusación, al que se opusieron la acusación particular y la acusación popular porque, precisamente, el jurado expulsado parecía mantener, según su conducta, una posición contraria al acusado. Sin embargo, lo correcto habría sido obrar conforme al artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la recusación del miembro del tribunal del jurado.

La normativa determina que la recusación debe proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a trámite. El incidente general se debe iniciar mediante un escrito firmado por el abogado y por procurador, si intervinieran en el pleito, y por el recusante, que deberá expresar concreta y claramente la causa legal y los motivos en que se funde, acompañando un principio de prueba sobre los mismos, aunque no sería necesario en el procedimiento con tribunal del jurado, ya que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado puede permitir la recusación, aunque ya se haya constituido el tribunal, en la medida en la que el precepto citado determina que “Cualquier causa de recusación de la que se tenga conocimiento en ese tiempo, que no sea formulada, no podrá alegarse posteriormente”, de modo que, en sentido contrario, si se conoce con posterioridad una causa de recusación, se podrá alegar para que el miembro del tribunal del jurado en el que concurra sea expulsado del mismo, a los efectos de poder garantizar la plena imparcialidad del tribunal en el dictado del veredicto.

Si se hubiera optado por la aplicación del artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que es una norma supletoria para la cuestión, se habrían evitado las intervenciones del jurado expulsado, que han podido influenciar negativamente en el proceso por su falta de parcialidad, que parece poder identificarse con una enemistad que podría provocar una nueva declaración de nulidad del proceso.

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