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El Gobierno no se puede desvincular de la declaración del estado de alarma

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;Por Diego Fierro Rodríguez 07 Septiembre 2020
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Diego Fierro Rodríguez

El pasado día 25 de agosto, Pedro Sánchez compareció ante la prensa y afirmó que las Comunidades Autónomas pueden solicitar al Gobierno la declaración del estado de alarma para combatir los rebrotes por el Covid-19. Para ello, el líder del PSOE indicó que los presidentes de los Consejos de Gobierno tienen que defender su petición ante el Congreso.

 

La Ley Orgánica 4/1981 no exige la comparecencia en el Congreso para que se pueda declarar el estado de alarma en una o varias Comunidades Autónomas. Concretamente, esa norma establece en sus artículos 4 a 6 que “El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional”, cuando se produzca alguna de las alteraciones graves de la normalidad indicadas expresamente, destacando además que “Cuando los supuestos a que se refiere el artículo anterior afecten exclusivamente a todo, o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el Presidente de la misma, podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma”, que “se llevará a cabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros”. La Sentencia del Tribunal Constitucional 83/2016, de 28 de abril, explica la regulación de la Ley Orgánica 4/1981 en relación con el estado de alarma al afirmar que su declaración “corresponde al Gobierno con carácter exclusivo y ha de llevarse a cabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros” y que “El Gobierno debe dar cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto, de la declaración del estado de alarma, suministrándole la información que le sea requerida, así como la de los decretos que dicte durante su vigencia relacionados con aquélla (arts. 116.2 CE y 6 y 8 de la Ley Orgánica 4/1981)”.

El problema se encuentra en el constatado hecho de que el Gobierno no quiere gobernar ante la pandemia del Covid-19 porque supone un marrón cuya gestión no es rentable electoralmente, como se deduce de los resultados de los procesos electorales autonómicos de Galicia y de País Vasco. El Estado debería encargarse de imponer la unidad de criterios en la crisis sanitaria que se está sufriendo, a los efectos de garantizar el derecho a la igualdad de los españoles, derecho que, sin ser fundamental, si que se encuentra protegido por el recurso de amparo y por la reserva de ley y el mantenimiento del contenido esencial, como se infiere del artículo 53 de la Constitución.

En cualquier caso, las discrepancias políticas y la ya comentada mala fama que ha adquirido el estado de alarma entre los ciudadanos tras lo vivido con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus prórrogas no ayuda a que los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas puedan tener la iniciativa para pedir la aplicación de las reglas del estado de alarma para su territorio si el Gobierno de la nación va a exigir la comparecencia de líderes autonómicos ante el Congreso.

Lo que esta sucediendo en muchas Comunidades Autónomas es un ejemplo de lo sucedido en España hasta ahora con la gestión de la lucha contra el Covid-19 y un triste preludio de lo que se podría observar cuando llegue el otoño y el coronavirus recupere su fuerza al auparse con las condiciones del clima y con la nueva ola de la gripe. La improvisación y el caos serán elementos que se podrán apreciar con suma facilidad.

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