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No hubo votos en conciencia en la investidura de Pedro Sánchez

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;Por Diego Fierro Rodríguez 20 Enero 2020
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Diego Fierro Rodríguez

El artículo 67.2 de la Constitución indica que “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”, de manera que, según la Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1983, de 4 de febrero, “los representantes dan efectividad al derecho de los ciudadanos a participar -y no de ninguna organización como el partido político-, y que la permanencia de los representantes depende de la voluntad de los electores que la expresan a través de elecciones periódicas, como es propio de un Estado democrático de derecho, y no de la voluntad del partido político”, así que “Los partidos políticos, tal y como establece el art. 6 de la Constitución, ejercen funciones de trascendental importancia en el Estado actual, en cuanto expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”, pero “sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que el derecho a participar corresponde a los ciudadanos, y no a los partidos, que los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no de los partidos, y que la permanencia en el cargo no puede depender de la voluntad de los partidos sino de la expresada por los electores a través del sufragio expresado en elecciones periódicas”.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 32/1985, de 6 de marzo, sobre esa cuestión, afirma que “el derecho a acceder a los cargos y funciones públicas implica también, necesariamente, el de mantenerse en ellos y desempeñarlos de acuerdo con lo previsto en la Ley, que, como es evidente, no podrá regular el ejercicio de los cargos representativos en términos tales que se vacíe de contenido la función que han de desempeñar, o se la estorbe o dificulte mediante obstáculos artificiales, o se coloque a ciertos representantes en condiciones inferiores a otros, pues si es necesario que el órgano representativo decida siempre en el sentido querido por la mayoría, no lo es menos que se ha de asignar a todos los votos igual valor y se ha de colocar a todos los votantes en iguales condiciones de acceso al conocimiento de los asuntos y de participación en los distintos estadios del proceso de decisión” y “si estos límites condicionan la actuación del legislador, con igual fuerza, cuando menos, han de condicionar la actuación de los propios órganos representativos al adoptar éstos las medidas de estructuración interna que su autonomía les permite”.

Por el contenido del artículo 67.2 de la Constitución y por las sentencias citadas había muchas esperanzas sobre el posible rechazo a la investidura de Pedro Sánchez, que podría no haber salido adelante con un cambio de posición a última hora de diputados del PSOE o de Unidas Podemos, sabiendo que la cuenta era ajustada. Sin embargo, no hubo cambios y todos los diputados votaron conforme a la disciplina de voto, con la sola excepción de Ana Oramas.

Parecía difícil que pudiera haber existido insubordinados que, por el PSOE o por Unidas Podemos, hubieran desobedecido las órdenes recibidas para impedir el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La razón es simple, pues, prácticamente, todo diputado es esclavo del partido político en cuyas listas es incluido y por el que obtiene el escaño, siendo conocido que cualquier parlamentario que incumpla la disciplina de voto se arriesga a no repetir su incorporación en las candidaturas para las siguientes elecciones y a quedar condenado al ostracismo generalizado, pues no hay líder político inteligente que desconozca los riesgos que fichar a un dirigente político que puede llegar a comportarse de manera rebelde.

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