Ya es conocida la historia Borja, el joven malagueño condenado a dos años de prisión y al pago de 180.000 euros por un delito de homicidio por imprudencia grave tras causar la muerte de un atracador al que se enfrentó para recuperar el bolso que se le había arrebatado con violencia a una joven, como estableció la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 9 de Málaga el pasado día 26 de diciembre, que fue ratificada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga el 26 de abril. De la noticia destacan muchos detalles que merecen un estudio diferenciado, pero llama la atención el fallo de calificación de los 180.000 euros que Borja deberá pagar.

 

En muchos medios de comunicación, la cantidad indicada se relaciona con una multa, pero la misma se corresponde con la indemnización que Borja debe pagar a los perjudicados en concepto de responsabilidad civil. Ambos conceptos son totalmente distintos.

Por un lado, hay que decir que la multa, además de una sanción aplicada por la comisión de infracciones administrativas, es una pena consistente en una sanción pecuniaria impuesta por la comisión de delitos en los casos en los que lo prevea el Código Penal, pudiendo establecerse por el sistema de cuotas diarias, que tiene presente exclusivamente el patrimonio del reo, o, cuando se determine expresamente, en proporción al daño causado, el valor del objeto o el beneficio reportado por el hecho delictivo, para lo que se tendrá en cuenta fundamentalmente el patrimonio del condenado además de otras circunstancias. Por otro lado, la responsabilidad civil derivada del delito es el mecanismo con el que se intenta colocar a los perjudicados por el mismo en la posición jurídico-patrimonial en la que estarían en el caso en el que no se hubiera cometido el delito, quedando el reo obligado, por esa responsabilidad civil, a restituir la cosa, a reparar los daños a y indemnizar los perjuicios materiales y morales causados, considerando que la Sentencia del Tribunal Constitucional 246/2007, de 10 de diciembre, señala que hay que tener presente que “los pronunciamientos en materia de responsabilidad civil derivada de delitos o faltas no constituyen una sanción ni penal ni administrativa y que el derecho a la legalidad sancionadora que consagra el art. 25.1 CE es una garantía que se proyecta estrictamente sobre los actos a través de los cuales se ejercita el ius puniendi del Estado en sentido amplio (potestades sancionadoras penal y administrativa)”.

La pequeña confusión en las noticias vinculadas con el caso de Borja se ha producido en ocasiones anteriores y, probablemente, se seguirá viendo en noticias futuras, aunque se agradecería una labor más profunda y precisa en la investigación y narración de las circunstancias.

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