Mediante un escrito del día 4 de junio de 2019, la representación legal de Oriol Junqueras solicitó un permiso extraordinario de salida para el acto de juramento o promesa previsto en los artículos 108.9 y 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, acto previsto para el día 17 de junio de este año, debiendo destacarse que la misma petición fue promovida para su debida tramitación y constancia ante el centro penitenciario de Madrid V, lugar en el que el acusado se encuentra recluido. Habiéndose dado traslado a las partes acusadoras, el Ministerio Fiscal mostró su oposición, pues la toma de posesión del cargo de parlamentario europeo por Oriol Junqueras provocaría una suspensión del proceso penal desarrollado por la Causa especial 20907/2017, pero la Abogacía del Estado se mostró partidaria que conceder el permiso extraordinario a Oriol Junqueras.

 

El Auto del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2019 rechazó la solicitud. El razonamiento de la resolución se basa en que “El desplazamiento a Bruselas del Sr. Junqueras pondría en un irreversible peligro los fines del proceso”, porque “Implicaría, de entrada, la pérdida del control jurisdiccional sobre la medida cautelar que le afecta y ello desde el instante mismo en que el acusado abandonara el territorio español”, resaltando también que Bruselas “es el lugar en el que uno de los procesados en rebeldía dice haber instalado la sede del gobierno de la república catalana en el exilio, cuya presidencia él encarnaría”. Además, el Tribunal Supremo afirma que “la fórmula que ahora se adopta no implica una pérdida irreversible del derecho de participación del solicitante”, pues “Sólo supone su temporal aplazamiento, hasta que, en función del eventual desenlace del proceso, desaparezcan los obstáculos que impiden el efecto adquisitivo de la condición parlamentaria”.

Ciertamente, hay varias cuestiones problemáticas, pero destaca la relativa a la inmunidad europarlamentaria. El artículo 9 del Protocolo nº 7, sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, indica que mientras el Parlamento Europeo esté en período de sesiones, sus miembros gozarán de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país en su propio territorio nacional de inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial en el territorio de cualquier otro Estado miembro, destacando el precepto que gozarán igualmente de inmunidad en el momento en el que se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de éste.

Hay que tener presente que la idea que subyace en la resolución comentada es que Oriol Junqueras pretendía ejecutar un acto con manifiesto abuso de derecho, aprovechándose de su derecho a la participación política para dilatar el proceso penal de la Causa especial 20907/2017 con los efectos de la inmunidad europarlamentaria que ha estado tan cerca de conseguir. Para entender esta afirmación, hay que observar la Sentencia del Tribunal Supremo 20/2006, de 1 de febrero, que establece que “La doctrina del abuso de derecho se sustenta en la existencia de unos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como institución de equidad, exige para poder ser apreciado, según recuerda la Sentencia de 18 de mayo de 2005 (recurso núm. 4708/98), con apoyo en reiterada doctrina jurisprudencial, una actuación aparentemente correcta que, no obstante, representa en realidad una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna, generando efectos negativos (los más corrientes daños y perjuicios), al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima, así como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho (Sentencias de 8 de julio de 1986, 12 de noviembre de 1988, 11 de mayo de 1991 y 25 de septiembre de 1996); exigiendo su apreciación, en palabras de la Sentencia de 18 de julio de 2000, una base fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo)”.

Los líderes secesionistas no pierden el gusto por intentar evitar o retrasar los efectos de las consecuencias de sus actos sujetándose a cargos públicos que pueden obtener gracias a aquellas normas contra las que actúan y de las que se aprovechan cuando les conviene.

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