Diego Fierro Rodríguez



La Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó la resolución en la que se concreta definitivamente la responsabilidad civil derivada de la catástrofe del Prestige, que consiste en indemnizaciones cuya cuantía excede de los 1.500 millones de euros, que se tendrán que repartir entre el Estado español, el Estado francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados por los vertidos.

De ese modo, se ha aceptado la parte principal cantidad establecida por la Audiencia Provincial de La Coruña en el auto de responsabilidad civil dictado el día 15 de noviembre de 2017 conforme a las “demostraciones técnicas que avalan la necesidad de aumentar la indemnización por encima de lo certificado, como se infiere de los informes del Consorcio de Seguros, aceptados por su origen oficial e imparcial, sin que sean los más favorables al Estado”, aunque es cierto que la cuantía se ha incrementado por los argumentos utilizados por los recursos presentados por el Ministeri Fiscal, la Abogacía del Estado y el Estado francés, existiendo un rechazo parcial al recurso del Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos y un rechazo total de los recursos de el capitán del buque, Apostolos Mangouras, y la aseguradora The London Owners Mutual Insuranse Association, responsables directos, y de Mare Shipping, responsable subsidiaria.

Hay que reconocer que la cuestión de la cuantificación de la indemnización para casos como el del Prestige es muy complicada. La concreción de los daños era difícil y había dudas sobre la inclusión o exclusión de conceptos que, como los relativos a las subvenciones de la Unión Europea, dependían de la interpretación, que ha terminado provocando que, aunque la cuantía global aumente, disminuyan considerablemente los conceptos correspondientes a algunos sujetos dañados.

Quedan lejos en el tiempo los sucesos por los vertidos, pero la huella ecológica y las repercusiones han tenido efecto hasta hace poco tiempo. Por ese mismo motivo, queda esperar que se haya aprendido de aquel desastre y que ya se puedan tomar las precauciones correspondientes para no tener que pasar por otro proceso como el del Prestige, que ha sido cuestionable desde muchas perspectivas por diversas razones.

El proceso penal que se inició y que acabó con una condena fundamentada en débiles argumentos del Tribunal Supremo nunca debería haberse producido. Lo que correspondía era desarrollar un proceso civil con contenido trasnfronterizo por los daños ocasionados en España y en Francia, pero no se pensó adecuadamente en las implicaciones del inicio de un proceso penal que, dilatado en el tiempo más de lo debido, parecía tener por objetivo intimidar más a los responsables de la catástrofe y centrar en ellos todo el foco de atención, a pesar de ajustarse la conducta del capitán a las circunstancias lo suficiente como para no cometer, aparentemente, delito alguno.

Fijadas las indemnizaciones, queda otro importante paso: lograr su abono. Todavía falta tiempo para poder dar por terminado el asunto, ya que es posible que las cantidades correspondientes sean satisfechas voluntariamente, pero lo más probable es que haya que iniciar trámites ejecutivos para embargar y vender bienes para conseguir dinero con el que pagar las indemnizaciones.

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