Diego Fierro Rodríguez

Carles Puigdemont ha anunciado su decisión de ampliar la demanda contra Pablo Llarena al Reino de España que presentó en Béligca, alegando que se ha personado en el proceso civil que inició y porque el Estado español ha cometido “violaciones sistémicas” del Derecho de la Unión Europea contra la “minoría catalana, sus movimientos políticos que buscan la independencia regional y sus representantes, en violación de los principios que residen en el Estado de derecho”. Específicamente, se alega la vulneración de directivas de la Unión Europea que regulan las garantías penales.

 

Ciertamente, los órganos jurisdiccionales de Bélgica carecen de jurisdicción en este caso para conocer de la demanda presentada contra España. El día 3 de febrero de 2012, la Corte Internacional de Justicia dictó una sentencia en el caso relativo a las Inmunidades jurisdiccionales del Estado que enfrentó a Alemania contra Italia. En esa resolución, la Corte Internacional de Justicia declara que “ya sea para invocar la inmunidad para sí mismos o concederla a terceros, los Estados suelen fundarse en que existe un derecho a la inmunidad en virtud del derecho internacional, junto con la correspondiente obligación de los demás Estados de respetar y aplicar dicha inmunidad” y que “los Estados generalmente tienen derecho a inmunidad respecto de los acta jure imperii, que son aquellas actividades realizadas en el ejercicio de facultades públicas. La Sentencia del Tribunal Constitucional 140/1995, de 28 de septiembre, señala que “esta limitación ha de reputarse legítima desde un punto de vista constitucional pues posee un doble fundamento objetivo y razonable: en primer lugar, en el principio de igualdad soberana de los Estados consagrado en el art. 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas y al que expresamente se refiere el Preámbulo del Convenio de Viena de 1961” y, “En segundo término en el principio de cooperación pacífica, que también se deriva de aquel tratado internacional”, ya que, “si el primero implica la igualdad jurídica de todos los Estados y el mutuo respeto de su personalidad, de ello se sigue que un Estado soberano no puede, en principio, someter a otro Estado sin su consentimiento a la justicia de sus Tribunales (par in parem non habet imperium)”. Consecuencia que claramente se proyecta en la institución de la inmunidad de la jurisdicción civil de los Agentes diplomáticos dado que se concede por el Derecho internacional para garantizar el desempeño eficaz de las misiones diplomáticas y éstas son, conviene subrayarlo, órganos de un Estado extranjero que le representan ante el Estado receptor.

Se pretende por Carles Puigdemont que el órgano jurisdiccional belga remita una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para preguntar si la inmunidad jurisdiccional alegada por España es conforme al Derecho de la Unión Europea. Sin embargo, la respuesta debiera ser clara, pues se sabe perfectamente que el objetivo de los secesionistas es, simplemente, deteriorar la imagen internacional de España.

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