Diego Fierro Rodríguez

Cada día hay más líos con el lenguaje protagonizados por dirigentes políticos. Es cierto que ello no resulta excesivamente extraño por el alto grado de exposición ante los medios de comunicación y la ciudadanía, pero existen casos realmente llamativos por su intensidad.

 

Beatriz Galiana, una parlamentaria regional de Podemos, indicó el pasado día 17 de octubre que “en Madrid hay niños con más derechos que otros y niñas con más derechas que otras”. Estas palabras se expresaron durante el desarrollo de una reunión de la comisión ordinaria de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de Madrid.

La afirmación de Beatriz Galiana, que fue una equivocación como la que puede sufrir cualquier, muestra hasta que punto la obsesión por el lenguaje inclusivo puede derribar la contundencia argumental de un mensaje que podía resultar importante. La parlamentaria de Madrid deseaba poner de manifiesto la desigualdad existente entre muchos niños de la Comunidad, pero, por un pequeño error, ha dejado su aportación a la comisión en una simple anécdota que no ha generado perplejidad porque ya se empieza a asumir que se puede hablar de “miembros y miembras”, “jóvenes y jóvenas” y “portavoces y portavozas”.

Curiosamente, el contexto de la frase permite pensar en las facultades que tienen los niños para satisfacer sus necesidades básicas. En otro contexto, se podría haber entendido que hay niñas con más extremidades en el lado diestro del cuerpo que en el lado izquierdo, generando una imagen que no resulta fácil de asimilar.

El problema es que la brutal inexactitud terminológica ha desviado el fin de la denuncia de Beatriz Galiana, que debe entender que todos los niños, con independencia de su sexo o género, tienen derechos. Además, no debe cometer el error de pensar que unos tienen más derechos que otros, pues todos se encuentra en una situación jurídica básica equivalente, conforme al artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que indica que “Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado”, siendo cierto que existe una posibilidad para que los más desfavorecidos puedan acceder a la obtención de prestaciones económicas públicas.

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