El extraño discurso de Carles Puigdemont del pasado día 10 de octubre ha dejado muchas incógnitas. Algunos piensan que no se ha declarado la independencia de Cataluña, pero, realmente, se llegó a fijar la misma, aunque, posteriormente, se suspendió para poder negociar con el Gobierno de España. En cualquier caso, se firmó un documento, cuya finalidad no ha quedado claramente señalada, que recogía un texto que determinaba la independencia de Cataluña.

 

Hay que destacar que ya se ha cometido el delito de sedición. El artículo 544 del Código Penal castiga, como reos del delito de sedición, a los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.

 

Carles Puidgemont y otros parlamentarios catalanes han cometido el delito de sedición, ya que han firmado del documento de independencia y han estado interviniendo en actos que han servido para vulnerar normas estatales y autonómicas. La aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica y las vicisitudes del procedimiento de elaboración de la norma, en el que se impidió la participación de la oposición política del Parlamento catalán, supusieron los primeros pasos de una conducta que se vio consumada con la celebración del referéndum del día 1 de octubre y con la declaración de independencia.

 

Ya se están investigando los hechos acaecidos. Sin embargo, parece que se está obrando con mucha serenidad para evitar la existencia de mártires políticos, lo cual es preocupante, pues las circunstancias políticas están condicionando las actuaciones judiciales.

El Tribunal Constitucional podría ser investigado, por fin.

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