Diego Fierro Rodríguez

Pedro Sánchez ha afirmado que va a luchar contra el independentismo catalán si sus defensores atentan contra las instituciones, indicando que estará dispuesto a utilizar los mecanismos del artículo 155 de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional del año 2015 si fuera necesario.

Pablo Iglesias afirmó que “el Rey debería hacer entender a todos los candidatos, y en particular al que tiene más apoyos, que la coalición es una vía de dar estabilidad a nuestro sistema parlamentario y que España no debería permitirse otra repetición electoral”. De esa manera, el líder de Unidas Podemos pretendía que el monarca hable con Pedro Sánchez para que aceptara el Gobierno de coalición.

Ya es conocida la historia Borja, el joven malagueño condenado a dos años de prisión y al pago de 180.000 euros por un delito de homicidio por imprudencia grave tras causar la muerte de un atracador al que se enfrentó para recuperar el bolso que se le había arrebatado con violencia a una joven, como estableció la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 9 de Málaga el pasado día 26 de diciembre, que fue ratificada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga el 26 de abril. De la noticia destacan muchos detalles que merecen un estudio diferenciado, pero llama la atención el fallo de calificación de los 180.000 euros que Borja deberá pagar.

Mediante un escrito del día 4 de junio de 2019, la representación legal de Oriol Junqueras solicitó un permiso extraordinario de salida para el acto de juramento o promesa previsto en los artículos 108.9 y 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, acto previsto para el día 17 de junio de este año, debiendo destacarse que la misma petición fue promovida para su debida tramitación y constancia ante el centro penitenciario de Madrid V, lugar en el que el acusado se encuentra recluido. Habiéndose dado traslado a las partes acusadoras, el Ministerio Fiscal mostró su oposición, pues la toma de posesión del cargo de parlamentario europeo por Oriol Junqueras provocaría una suspensión del proceso penal desarrollado por la Causa especial 20907/2017, pero la Abogacía del Estado se mostró partidaria que conceder el permiso extraordinario a Oriol Junqueras.

Diego Fierro Rodríguez

El pasado miércoles día 29 de mayo, un padre fue juzgado en Sevilla por haber abierto una carta dirigida a su hijo de 10 años que había sido escrita por la tía materna del menor. La infracción penal por el que se acusó y se pidió una pena de prisión de dos años es el delito de descubrimiento y revelación de secretos, que se encuentra regulado en el artículo 197 del Código Penal, que castiga a los que difundan, revelen o cedan a terceros los datos o hechos descubiertos por apoderamiento de los papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales de otra persona.

Juanes, el conocido artista, ha afirmado que una enorme tristeza e indignación llenan su corazón por la versión de su canción titulada ”A Dios le pido” que se está difundiendo con el apoyo de Vox, cuya canción se titula “A Vox le pido” y se caracteriza por incluir una serie de alteraciones en la letra que permiten que la canción sirva para promocionar al partido político de Santiago Abascal. Además, el mismo Juanes ha advertido que se reserva ejercer todos los derechos que las leyes me otorgan para que se respete la integridad de su canción.

Diego Fierro Rodríguez



La Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó la resolución en la que se concreta definitivamente la responsabilidad civil derivada de la catástrofe del Prestige, que consiste en indemnizaciones cuya cuantía excede de los 1.500 millones de euros, que se tendrán que repartir entre el Estado español, el Estado francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados por los vertidos.

Diego Fierro Rodríguez



Personajes relevantes como Santiago Abascal o Feliciano López han pedido la cadena perpetua para los violadores. Ese planteamiento se ha difundido con más éxito por la muerte de Laura Luelmo a manos de un desalmado y no son pocos los que no parecen conformarse con la existencia de la pena de prisión permanente revisable.

Diego Fierro Rodríguez

Carles Puigdemont ha anunciado su decisión de ampliar la demanda contra Pablo Llarena al Reino de España que presentó en Béligca, alegando que se ha personado en el proceso civil que inició y porque el Estado español ha cometido “violaciones sistémicas” del Derecho de la Unión Europea contra la “minoría catalana, sus movimientos políticos que buscan la independencia regional y sus representantes, en violación de los principios que residen en el Estado de derecho”. Específicamente, se alega la vulneración de directivas de la Unión Europea que regulan las garantías penales.

Mediante el Real Decreto 1514/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, se adoptaron medidas para reformar algunos aspectos propios del régimen jurídico de la circulación de vehículos. La Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 determina como objetivo principal que la tasa de fallecidos por siniestros de tráfico por millón de habitantes baje de 37. De entre todas las medidas estructurales adoptadas para solucionar el problema, hay una que es clave: reducir la velocidad en las carreteras convencionales.

Pedro Sánchez ha señalado, en una entrevista en el diario La Vanguardia, que “siempre hemos dicho que dentro de la Constitución podemos encontrar una solución a la crisis política en Catalunya y que, evidentemente, también tiene que pasar por el referéndum de la sociedad catalana. Pero el problema no es la independencia, es la convivencia”. De sus palabras se deduce el deseo de seguir contentando a los partidos políticos independentistas de Cataluña para que le siga permitiendo estar en el Gobierno durante más tiempo.

Hay un caso muy curioso que se ha producido, dentro de la vorágine de acontecimientos que se van sucediendo, por el caos generado en relación con el conflicto por lal independencia de Cataluña. Gustavo Albarracín Fernández, que vive en Las Palmas de Gran Canaria, presentó una demanda contra Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, para que se declare la existencia de una intromisión ilegítima en el honor y dignidad del demandante como “ciudadano español”, se condene a los demandados al pago de una cantidad total de 250 millones de euros por daño moral “por atentar contra el honor de España y por tanto del demandante” y que la sentencia sea publicada en los dos periódicos de mayor difusión de España y Bélgica.

EL ENGAÑO DE LAS BANDERAS

Ahora que se dictará un sentencia injusta de la "justicia" española contra los políticos catalanes, presos injustamente de forma preventiva...

NO al errejoncidio de PODEMOS

Fernando Claudín di Fidio Exiliado laboral en la pérfida Albión pre-Brexit por la falta de oportunidades patrias Según la vieja política sólo...

Artículo Periodístico 1.829º: “Cuadernos, obra interactiva e hipertextual”.

Cuadernos o Cuadernos de la Mancha, es una obra interactiva e hipertextual, de creación y de investigación, que combina escritos...

Mar Sánchez Sierra CONVIERTE LA PRESIDENCIA DE LA XUNTA con su cargo y acciones en una pirámide de acoso judicial, persecución institucional, amenazas y coacciones utilizando altos cargos de la Xunta contra Miguel Delgado Director de Xornal Galicia y Presidente de Pladesemapesga.