GOBERNAR LA ECONOMÍA

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Opinión 10 Agosto 2022 109 Votos Correo electrónico Imprimir
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En pleno debate sobre la aplicación del Real Decreto-Ley 14/2022, aprobado por el Gobierno para el ahorro energético, han pasado desapercibidas las recomendaciones de organismos internacionales, nada sospechosos de ser socialcomunistas, sobre cómo afrontar la crisis energética que se viene arrastrando desde hace meses y que se ha visto agravada por la guerra de Ucrania y la presión que Rusia está ejerciendo sobre la Unión Europea.


Y es que en plena aplicación de medidas para la reducción del consumo de energía a todos los niveles, asistimos a un incremento permanente de su precio, cuyos beneficios están repercutiendo en las grandes empresas productoras de petróleo y gas, sin que éstas se hagan cargo, en ningún caso, de nada que no sea la acumulación de riqueza, aunque roce los límites de la obscenidad, a costa de empresas y particulares que ven reducidas, drásticamente, sus capacidades de afrontar los elevados precios que se acumulan desde hace tiempo.
En éste sentido, la ONU, a través de su Secretario General, Antonio Guterres, ha manifestado que “urge gravar los beneficios inmorales de las energéticas, ante las ganancias récord que están registrando en plena crisis energética”. Desde Naciones Unidas se pide a los Gobiernos de todo el mundo que graven con más impuestos estos "beneficios excesivos" y usen lo recaudado para "apoyar a las personas más vulnerables en estos momentos difíciles".
Por su parte, el Banco Central Europeo, en uno de sus boletines económicos, informa de que solo el 12% de las medidas de apoyo fiscal en la zona euro, por la guerra en Ucrania, se destinan a los hogares con rentas bajas. Unas medidas que incluyen criterios de renta, claramente establecidos, y son bonificaciones, bonos de descuento para electricidad o calefacción, y pagos únicos destinados a estos hogares. Sin embargo, el 54% de todas las medidas son ayudas no vinculadas al nivel de renta para hogares, y el 34% restante consiste en transferencias a empresas. En este sentido, el propio BCE, da un toque de atención y recuerda que la Comisión Europea recomienda que "las políticas de apoyo deben ser temporales y estar dirigidas a los más vulnerables para que sean más eficaces”.
En la misma línea, el Fondo Monetario Internacional ha publicado un informe en el que recomienda a los países europeos abandonar las políticas destinadas a subsidiar el coste de la energía de forma general y centrarse en ayudar únicamente a los más pobres, que son los que más sufren las consecuencias del aumento de precios. En el mismo sentido, con respecto a ayudar a las empresas, el FMI sostiene que, en general, no es algo que esté justificado, y que solo debe hacerse en caso de que una subida temporal de los precios provoque que empresas viables vayan a la bancarrota.
Además de estas medidas, relacionadas con el momento actual que está generando un incremento de precio acelerado, no se puede olvidar el agotamiento de las reservas de combustibles tradicionales. Y es que, podemos cerrar los ojos ante la evidencia científica advertida desde hace tiempo, pero la escasez es una realidad y lo será en el futuro más inmediato.
Con todo, parece evidente que hasta los organismo internacionales, nada sospechosos de ser anticapitalistas, aplican el sentido común ante una realidad creciente de empobrecimiento de las economías domésticas de familias, autónomos y pequeños empresarios, que serían, en última instancia, los beneficiarios de unas medidas imprescindibles, frente a la inmoral codicia de unas empresas energéticas, parapetadas en sus oligopolios, que impiden la libre competencia de la economía de mercado, y sólo permanecen ocupadas y preocupadas por los intereses de su clase: la clase privilegiada.
Ante esta evidente contradicción, los gobiernos europeos deben posicionarse a favor de la clase media y trabajadora, y de los más vulnerables, en unas sociedades cada vez más alejadas de niveles de igualdad y más cercanas a situaciones sociales de injusticia y discriminación. El impulso de medidas justas que frenen la pobreza energética a través de bonos o ayudas directas en función de las rentas, una fiscalidad progresiva para que pague más quien más gana y más tiene, o medidas encaminadas a la sostenibilidad del sistema y el modo de vida, con una transición energética justa y suficiente; son medidas imprescindibles que acabarán aplicándose a todos los niveles y sin tener en cuenta el color político de quien gobierne.
Las democracias occidentales y en particular Europa, van a tener que hacer de la necesidad virtud si pretenden mantener los niveles de vida conocidos hasta el momento y, por tanto, será necesario que gobiernos valientes recuperen el control de un sector estratégico como es el de la energía. Y es que la democracia también va de esto, del gobierno de la economía. Una economía al servicio de las necesidades de la gente, un capitalismo gobernado por los estados. Y no la gente al servicio de la codicia inmoral de unos pocos, o unos estados secuestrados por la economía.
Por todo ello, a pesar del ruido y las aparentes contradicciones, que de forma recurrente se producen cada vez que el Gobierno de España impulsa alguna medida, como es en éste caso, para el ahorro energético, lo evidente es que, sin demora, y más pronto que tarde, será necesario gobernar democráticamente la economía para evitar los excesos de los más poderosos contra los más vulnerables, para conseguir una sostenibilidad del sistema basada en las energías verdes y la reducción del consumo.

Alberto Novoa.
Politólogo.