ANTE LA REITERACION Y AUN AMPLIACION DE POLÍTICAS DE EMPLEO INMIGRANTE SOBRADAMENTE FRACASADAS

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Opinión 03 Enero 2022 150 Votos Correo electrónico Imprimir
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En el BOE del pasado 30 de diciembre, el último del año, junto con una reforma laboral que exigirá importantes adaptaciones de la normativa de extranjería que aún no se han concretado, se presentan dos supuestas novedades que no sólo no lo son, sino que suponen la insistencia por parte del Ministerio de Seguridad Social e Inmigración en mantener unas políticas de empleo inmigrante que–podemos aventurar de la experiencia – no van a dar una respuesta adecuada a la demanda de mano de obra.

La primera de esas “novedades” es la Orden ISM/1485/2021, de 24 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2022. La misma no es sino una reiteración, punto por punto, de la del año anterior, con la salvedad de que ahora ya no se limita al sector agrícola, sino que se abre a otros sectores.

Sin embargo, el balance que debe hacerse de esa experiencia obliga a hacer una revisión en profundidad de la misma, y no simplemente una ampliación a sectores donde se van a reproducir, empeorados, los muchos problemas que planteaba esa modalidad en el sector agrícola: la gestión burocrática es ingente, lo que obliga a encauzarse única y exclusivamente a través de grandes organizaciones empresariales o únicamente por grandes empresas, pero es que además el espíritu restrictivo de la aplicación hace que o se llegue a un 10% de satisfacción de la oferta de empleo. Y como colofón, está centrada y restringida a una temporalidad que la otra gran reforma del día pretende superar. Es llamativo que dos ministerios de un mismo gobierno saquen dos normas el mismo día, una centrada en la superación de la temporalidad laboral y otra centrada en esa misma temporalidad que se supone debe superarse, aunque teniendo como “víctimas” a los inmigrantes.

La otra “novedad” si bien nos anticipamos incluso en unos días a su publicación, será que normalmente en la primera semana del trimestre se publicará el “catálogo de ocupaciones de difícil cobertura”, un auténtico arcaísmo legal, anterior a la crisis del 2008, que dejó de funcionar y que no se ha visto modificado un ápice, perdiendo la oportunidad de encauzar a través del mismo lo que entendemos debería ser prioritario: la necesaria regularización de la enorme bolsa de irregulares que el cúmulo de circunstancias vividas en nuestro país en la última década ha provocado. Una crisis económica, la del 2008, que se cebó especialmente con la población inmigrante; una gestión colapsada de los mecanismos normales de regularización, demoradas a periodos inasumibles; una pandemia que ha elevado ese colapso a niveles de escándalo, aunque escondidos tras la tramposa maniobra de la cita previa; una recuperación económica en ciernes que se ve frenada por la falta de empleo o por la falta de posibilidades de formalización de ese empleo, debido precisamente a la carga burocrática y al consiguiente colapso de las oficinas de extranjeros.

Es urgente afrontar la necesidad de una política coherente de inmigración bien coordinada en el terreno laboral, que obliga -- ya que no se quiere emprender una regularización general, que sería lo necesario -- a una flexibilización de los requisitos para regularizar su situación, para resolver la bolsa de irregularidad aprovechando los mecanismos actuales, tales como: el arraigo, pero con contratos adaptados a la reforma laboral y con apertura de miras en el arraigo laboral; los catálogos de difícil ocupación, pero bien elaborados, y no a partir de una inexistente gestión del SEPE; las preferencias familiares, pero con garantías de concesión y no con una gimcana burocrática; y un largo etcétera cuya implementación se echa de menos cada día más en una política migratoria cuanto menos confusa por parte del actual gobierno.

FRANCISCO SOLANS PUYUELO

Secretario portavoz de Extranjeristas en Red