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OPERACIÓN ESPAÑOL.—

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;Opinión 07 Noviembre 2020
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España, con 47 millones, es el cuarto país del mundo en número de hispanohablantes, tras México (135 millones), Estados Unidos (62 millones) y Colombia (51 millones). La lengua española hace mucho que trasciende a la nación de la que es causa y, gracias al trasatlántico acuerdo y funcionamiento coordinado de las academias de la lengua, mantiene su unidad gramatical y literaria. La realidad de nuestra lengua, su vitalidad y su imparable crecimiento (hoy más de 600 millones) la sitúan ante un futuro realmente esplendoroso. Es archiconocido el hecho de que el español es la segunda lengua madre del mundo tras el chino mandarín, como lo es que se trata de la segunda lengua más usada en internet y las redes sociales, tras el inglés.

La RAE considera que, siendo correcto denominar a la lengua español o también castellano, es más exacto, técnicamente más preciso y más acertado llamarla español, tal y como es más conocida en el mundo y como refleja su literatura e historia. Tras la aprobación de la Constitución de 1978, la acepción castellano cobró cierta fuerza política. A nadie se le escapa que el nacionalismo patrio, de cara al consenso constitucional, lo puso de condición en un movimiento que conseguía darle rango nominal regional, ya saben, “castellano, catalán, gallego, vasco…” Finalmente se trató de un impulso anecdótico, pues la fuerza del español en el mundo no se ralentiza ni puede ser acotada por este leve artificio. Hoy “la lengua franca”, que es el español, escapa de nuestras manos y respira, vibra y transita, mucho más allá de nuestros papeles.

La Ley Celá es uno de esos papeles que el Gobierno actual pretende superponer a la realidad para amasarnos a su conveniencia. Es una de esas cesiones aberrantes para dar vía libre a los que nunca se conforman con la magnitud de su atropello, en este caso lingüístico. Claro es que se trata legislar con un propósito y una letra anticonstitucionales y su plasmación final será tan pírrica como puede imaginarse. Eso sí, este acto, que suprime el español o castellano como lengua vehicular de enseñanza, pone en evidencia la frivolidad y la falta de respeto con que se ha abordado. Y una cosa es cierta, salvo que el Constitucional lo pare, en determinadas regiones desaparecerá el derecho a elegir lengua vehicular de enseñanza, una garantía legal que de facto ya estaba suprimida en Cataluña, por ejemplo. Nada está a salvo con Pedro Sánchez y, con bonitas palabras, firma cada día el retroceso de nuestras libertades.

A más, cabe añadir que el bochorno que supuso que la UE pusiese reparos a la proposición de ley que alteraba la mayoría constitucional para renovar el Consejo General del Poder Judicial ha vuelto a repetirse, los responsables de la Unión han afirmado que también vigilarán el plan gubernamental contra las “fake news”. No es ya la crítica interna, la deriva de este gobierno preocupa, más allá de nuestros límites territoriales, y despierta dudas acerca de su profesión realmente democrática. Hay que verlo. Quizá lo más importante es que los cambios, las meteduras de pata, las cesiones intolerables y las maniobras desahogadas de conveniencia, puedan ser revertidos en un futuro cercano. Aunque el desprestigio y la negativa nebulosa que suponen todos estos errores son auténticos lamparones que, como la buena fama, costará dar la vuelta.

Joaquín L. Ramírez