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Leyes, multas, Estado, proporcionalidad (I)Por una justicia, justa, legítima y ajustada a la realidad social.  

Es imposible gestionar un millón de páginas anuales de textos legislativos producidos por las distintas administraciones en España que se publican en el BOE y otros boletines oficiales.

Pareciera que los responsables los elaboran y publican y no les importa tanto si se cumplen o no, si son beneficiosas o perjudiciales para los derechos de la ciudadanía y la convivencia, y no existe un seguimiento sobre su eficacia y eficiencia. De esto me acordé con la polémica de la ley del “solo sí es sí” y de otras de las que se van conociendo detalles, como la de bienestar animal, donde proponen que dar una patada a un perro tenga mayor reproche penal que dársela al dueño o dueña del animal. Las leyes tienen como objetivo regular y mejorar las condiciones de vida, bienestar y seguridad de la ciudadanía; precisan de rigor, diálogo, debate y reflexión y no pueden producirse como churros para justificar la existencia de muchos políticos y sus asesores, salarios, dietas, viajes, privilegios, etc.

La eliminación de algunas conductas que podían ser constitutivas de faltas y se resolvían con multas se sacaron del Código Penal y con ello se impidió el control judicial para modular la cuantía, con lo que es la administración estatal, autonómica o local convertida en juez y parte, quien decide imponer sanciones desproporcionadas, tanto que muchos ciudadanos preferirían pasar un tiempo privado de libertad antes que el perjuicio de la brutal sanción, sin relación alguna con la gravedad de la infracción cometida. Si cobras 1.000 euros al mes y te sancionan con 6.000, te están condenando a varios meses o años de pobreza añadida a la ya arrastrada por el escaso salario que cobras… si trabajas.  Porque siendo cierto que dichas sanciones se pueden recurrir a la autoridad judicial, lo de la justicia gratuita es otra cantinela falsa en un Estado construido de espaldas a la ciudadanía en general y a los más pobres en particular.

En esta vorágine normativa, una joven ha recibido una multa de 60.000 euros por haber sido identificada en un botellón en Formentera, Baleares. Dice ella que nunca estuvo allí y desconoce cómo pudo ser identificada en un lugar donde no estaba, pero, además de ese detalle no menor, lo que llama la atención es la cuantía de la sanción, la misma que han recibido varios jóvenes que estuvieron de botellón en el mismo lugar y día. ¿Quién establece esas cantidades? ¿Cuánto cobra de salario quien lo hace? El salario medio anual es menos de la mitad que la sanción impuesta por consumir alcohol en la calle una noche. ¿Es normal? No, es un abuso, una barbaridad que solo un demente sádico, un desequilibrado con poder puede comportarse así.

El Estado no se autoimpone limitaciones morales ni lógicas en la fijación de brutales sanciones, como tampoco en el aval incondicional y la discrecionalidad a sus policías para imponerlas sin elementos probatorios, sin control, siendo imposible rebatirlas porque la administración concede toda la veracidad a su agente y ninguna al ciudadano, desprovisto de derechos y de apoyo de ningún organismo cívico para ello. El raciocinio, la lógica, el sentido común, están ausentes de estas agresiones a los ciudadanos impidiendo el derecho de defensa. Pero cuando se trata de servir al ciudadano el Estado y muchos de sus funcionarios se vuelven mezquinos y no solo por el trato a jubilados pobres, la gestión en el SEPE o la Seguridad Social, que también. Vanessa es una niña española de 14 años de origen colombiano, secuestrada, violada y asesinada en Francia. Su familia, inmigrantes pobres, ha pedido ayuda económica para trasladar su cuerpo a Granada. En Exteriores hay presupuesto para descorchar champán, celebrar cócteles, comidas, gambas, jamón y todo tipo de viandas y fiestas, pero no hay dinero para auxiliar a una familia destrozada por el asesinato de su hija en otro país. Conseguidos 10.000 euros de ayudas anónimas por la familia en el pueblo francés donde trabajan, el ayuntamiento de Granada anuncia que correrá con todos los gastos del sepelio por haber nacido allí la víctima y sus dos hermanos menores, donde residían hasta el pasado año en el barrio de La Chana.

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