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No son Guardias Civiles que cumplen con su deber, son políticos casta privilegiada.

No vamos entrar ahora en lo que ya todos sabemos, las expulsiones, encarcelamientos, persecuciones, y la delictual operación columna, fueron hechas por el estado contra todos los ciudadanos y especialmente contra los Guardias Civiles Democráticos, –UMDVERDES– de manera delictual y contra los derechos constitucionales, así lo dijo el TC y el TEDH, sentencias al día de hoy sin ejecutar en el colectivo de la Guardia Civil, ni con los expulsados por ejercer sus derechos constitucionales. Dicho esto y viendo todo lo acaecido en España, ya pueden hacerse una idea de la putrefacción de este estado denominado de derecho y democrático. Vamos directamente al agujero y sin respiro.

Ahora analicemos cómo dependiendo quién gobierne y quién juzgue así se responde, en el 2018, el grupo parlamentario de Podemos –Juan Antonio Delgado– presentó, una proposición del ley para “la rehabilitación de penas y sanciones disciplinarias que sufrieron guardias Civiles por el hecho de reivindicar el derecho fundamental de asociación cultural y profesional”. La mesa compuesta por una mayoría conservadora de un voto rechazo la tramitación, pero con un informe de los letrados del congreso digno de destacar: “señalaba la posible solución para el éxito de la iniciativa: “La Mesa del Congreso podría tanto inadmitir a trámite la Proposición de Ley si entiende que la misma entra en contradicción palmaria y evidente con la Constitución, como solicitar su reformulación, en la medida en que podrían existir otras figuras dentro de la Constitución, como por ejemplo la amnistía, que respetarían el espíritu perseguido por la Proposición de Ley”. El artículo 1 de aquella proposición señalaba: “Quedan rehabilitados de las penas accesorias de separación del servicio o pérdida de empleo, o de las sanciones de la separación del servicio y sus efectos, los Guardias Civiles a quienes, en aplicación del Código Penal militar o del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, fueron condenados o sancionados por su actividad para el reconocimiento del derecho de asociación profesional en la Guardia Civil”. La iniciativa no se pudo tramitar. Pero si el grupo de Unidas Podemos hubiera presentado una proposición de ley de amnistía para los guardias civiles sancionados o condenados por reivindicar su derecho a la libre asociación, esta iniciativa habría sido plenamente constitucional, según la secretaría general del Congreso.

Los demócratas de la Guardia Civil, pidieron sus derechos constitucionales para prestar un servicio de excelencia a la ciudadanía, no era sólo exigiendo derechos constitucionales, sino, una Guardia Civil adaptada a la nueva situación que generaba el texto constitucional y el estado de derecho. Solicitaban neutralidad, y ejercer sus labores profesionales con arreglo al cumplimiento de la ley y del derecho, protegiendo especialmente al estado y sus ciudadanos de todos aquellos actos corruptos que abusando de su posición se lucraban del estado en su beneficio.

Terminando, en estos últimos años se está viendo cómo el camino sigue por la misma senda, se está transitando nuevamente por la ignominia y la desvergüenza, todos los grupos parlamentarios y todos los congresistas están protegiendo sus culos. La amnistía, los indultos, las rehabilitaciones, pueden ser un camino, pero el ideal es la justicia, y ésta es especialmente directa cuando se va por la legitimidad en su aplicación, gobierno tras gobierno han obviado lo básico, y como ejemplo son los Guardias Civiles Democráticos que por ejercer sus derechos democráticos y constitucionales fueron expulsados y defenestrados por todos, es un caso ejemplar y palmario que debería hacernos pensar.

Para finalizar, en el caso de los UMDVERDES, la justicia hace años que debió imponerse al poder político, hace años que debió exigir la aplicación de las sentencias del TEDH y de TC, obligando a que la administración volviera sobre sus actos y anulara las expulsiones de los guardias civiles democráticos que no cedieron ante los corruptos y la corrupción. La fiscalía debió tomar vista de la “Operación Columna”, y entrar en la averiguación de hechos delictuales tan graves para poner a disposición judicial a los autores. El poder judicial tenía que haber cumplido con sus obligaciones y sobre todo averiguar los ingresos en psiquiátricos militares de aquellos demócratas guardias civiles que se pusieron de pie denunciando la corrupción y a los corruptos, y sobre todo averiguar las torturas, el acoso a ciudadanos que por razón de profesión eran perseguidos y torturados por el propio estado, detrayendo incluso efectivos de la lucha antiterrorista, ejemplo el Cabo Manuel Rosa Recuerda y su familia

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