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Villarejo sigue vivoLo importante es matar al mensajero para ocultar la verdad. El grito de pánico es: "Todos a por Villarejo, para que la verdad no se sepa". La corrupción se impone.

Villarejo ha sido absuelto en dos casos y otros se están archivando, después de una investigación ilegal prospectiva sobre 35 años de actividad al servicio del Estado en los que utilizó sus empresas como cobertura. Recientemente ha sido noticia en ABC (información de Javier Chicote e Isabel Vega, del equipo de investigación que lo entrevistaron en fecha reciente): “Anticorrupción concluye ahora que Villarejo no espió para la Mutua y el juez archiva el caso”. Existiendo ya un auto de procesamiento contra el comisario y el jefe de seguridad de la Mutua, el fiscal ha concluido ahora que la información que contiene el sumario no es de relevancia penal y el juez García Castellón ha archivado el asunto, que por lo que se ve mantenía la fiscalía sin datos objetivos con la connivencia del magistrado. Que la Sala de lo Penal ratificará el rechazo del juez a los recursos presentados y ahora la fiscalía diga que no existen pruebas de actuación digna de reproche penal ni se puede acreditar la implicación de Villarejo quita la careta a la fiscalía anticorrupción y habla mal de nuestra justicia. Salvo en el medio señalado y siendo un hecho relevante, ha pasado desapercibido en los medios amanuenses del pensamiento único talibán, que dedicaron grandes titulares al auto de procesamiento.

Ha sido noticia que W. Anthony Schwank López, testigo del caso que afecta al naviero español Ángel Pérez Maura, compareció ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional el pasado día seis, que analiza si conceder o no su extradición a Guatemala donde lo reclaman por haber recibido sobornos. Dice el testigo reclamado que el juez Gálvez que instruyó la causa contra él se encuentra huido desde octubre pasado, uno de los fiscales está también huido y otro detenido, hechos objetivos contrastados, aunque la fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene su petición favorable a la extradición. El testigo teme por su vida, está seguro de que no tendrá un juicio justo y dice que ha rehecho su vida en España desde 2016, que se volvió a casar y que fue él quien acudió a la justicia al tener conocimiento de estos hechos a través de los medios de comunicación. La pieza en cuestión se denomina Pit y se atribuye a Pérez Maura haber pagado 10 millones de euros al comisario Villarejo para oponerse a su extradición, que finalmente se rechazó, y de sobornar al expresidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, a la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, y otros cargos públicos con millones de euros para obtener la concesión de una terminal de contenedores privada que debía construirse y explotarse en el Puerto Quetzal.

Cuando se trata de conflictos con Estados Unidos hay que conocer el nivel de penetración de la CIA y la DEA en determinados organismos en España, Guatemala y en otros países incluida la justicia, pretendiendo resoluciones favorables a sus intereses. Unas veces se ganan la confianza del funcionario (político, juez, fiscal, policía…), otras lo compran con dinero y como último recurso, “convencen” con información como la que maneja el CNI en el archivo Jano. Alguna constancia existe por grabaciones a la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en las que comentaba el peligro de las invitaciones que recibían jueces y fiscales españoles para viajar a países de Sudamérica con gastos pagados. Lógicamente, ni la CIA ni la DEA aparecen; son organizaciones pantalla que invitan con cualquier excusa: conferencias, intercambio de conocimientos legales, etc. Las comidas, alojamientos y ocio de los invitados quedan convenientemente grabados y el ocio incluye cualquier actividad privada que no deba conocerse con copas, fiestas, prostitutas, menores, drogas…

Este es uno de los muchos asuntos en los que Villarejo intervino con conocimiento del CNI y siguiendo las instrucciones que recibía. Consta en la declaración del comisario jubilado que el juez y los fiscales guatemaltecos estaban comprados y actuaban para los intereses de Estados Unidos, que quería quedarse con el puerto que pretendía el empresario español al considerarlo estratégico para sus intereses. Este caso es similar a lo ocurrido en Guinea, otro asunto pendiente, donde hay un conflicto de intereses entre españoles y franceses donde Villarejo intervino también siguiendo instrucciones del CNI.

En una extensa carta difundida por el medio FUENTES INFORMADAS el nueve de marzo, Villarejo expone un cúmulo de irregularidades en distintos procesos y prácticas contra toda evidencia, fabulando, manipulando, ocultando datos reales del fiscal anticorrupción que lleva su caso. También el director del diario citado, José Antonio Hernández, con una dilatada experiencia de 36 años de periodismo, 33 de ellos en El País, expone su experiencia con dicho fiscal en escritos que merecen ser leídos. La “investigación”, montaje o causa general prospectiva llevada a cabo por Asuntos Internos de la Policía, algún fiscal anticorrupción, jueces “cómodos” ante el Estado profundo y algunos miembros del CNI moviendo los hilos contra Villarejo son cada día más evidentes.

El comisario jubilado sigue defendiéndose en los numerosos sumarios abiertos, con filtraciones interesadas de la máquina de fango judicial, política y mediática del Estado profundo que interviene con apariencia de legalidad. En contra de lo que pueda parecer por las noticias, Villarejo ha colaborado y seguirá haciéndolo en los casos kitchen y “Operación Cataluña”, entre otros, para el esclarecimiento de los hechos; cuando le piden tantas condenas por tantos asuntos, aunque sea condenado en uno o ambos casos citados ello no incrementará su hipotética estancia carcelaria, lo que le permite colaborar señalando a los responsables políticos de los gobiernos de España y de Interior de los últimos 30 años. Esta constatación tiene nerviosos a personajes muy poderosos de nuestro país porque, contra todo pronóstico, Villarejo sigue vivo.

  

Villarejo sigue vivo

Villarejo ha sido absuelto en dos casos y otros se están archivando, después de una investigación ilegal prospectiva sobre 35 años de actividad al servicio del Estado en los que utilizó sus empresas como cobertura.

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