Pladesemapesga denuncia encubrimiento de irregularidades en la Cofradía de A Coruña y anuncia recurso a la Fiscalía Europea de Corrupción con medids cautelares de "intervención de los sistemas informáticos de la Consellería do Mar y Cofradía de A Coruña".
A Coruña, 28 de febrero de 2025 — La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) ha destapado un escándalo de opacidad institucional que involucra a la Xunta de Galicia, su Consellería do Mar y la Cofradía de Pescadores de A Coruña. Según documentos oficiales a los que ha tenido acceso este medio, las autoridades gallegas habrían bloqueado sistemáticamente el acceso a información crítica sobre el uso de fondos públicos y europeos gestionados por la cofradía, en lo que la plataforma califica como un “encubrimiento institucional”.
Una cortina de humo administrativa
El 18 de enero de 2025, Pladesemapesga solicitó a la Xunta documentación detallada sobre subvenciones, cuentas anuales, retribuciones de cargos y convenios de la Cofradía de A Coruña entre 2023 y 2025, amparándose en la Ley de Transparencia (19/2013). La respuesta, recogida en la resolución SER.004/25.VAR-INF, fue contundente: la Xunta admitió solo parcialmente la solicitud y remitió el grueso de las peticiones a la propia cofradía, alegando que la información “no obra en poder de este órgano”.
Este patrón se repitió en múltiples instancias. El Consello de Contas de Galicia inadmitió otra solicitud (página 17), argumentando que carecía de los datos requeridos, mientras la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro rechazó una petición de intervención administrativa (página 19) por “falta de interés legítimo”. Para Pladesemapesga, estas respuestas son “una burla a la transparencia: la Xunta elude su rol de tutela sobre cofradías, pese a que la Ley 9/1993 las define como entes bajo supervisión pública”.
Fondos europeos en la niebla
La opacidad se agrava al analizar el destino de los fondos europeos. Un Real Decreto estatal (páginas 8-13) revela una subvención directa de 391.172,48 € a la cofradía en 2024, supuestamente para compensar a mariscadores afectados por el dragado de la ría de O Burgo. Sin embargo, facturas adjuntas (páginas 25-31) muestran irregularidades flagrantes: ingresos de 1.620 € justificados con recibos de 75 €, fechas inconsistentes y conceptos genéricos como “servicios de la confraría”.
“Es la punta del iceberg”, denuncia Miguel Ángel Delgado, presidente de Pladesemapesga. “Hemos documentado facturas sin IVA desglosado, pagos sin correlato contable y uso de grupos de WhatsApp para decisiones oficiales, lo que vulnera la Ley 39/2015”. La plataforma también señala que el patrón mayor de la cofradía –cuyas retribuciones se desconocen– es juez y parte: como armador, podría beneficiarse de una gestión opaca de lonjas y subvenciones.
La Xunta, cómplice por omisión
Pese a las alertas, la Consellería do Mar ha ignorado sus obligaciones. Un informe pericial de Pladesemapesga (páginas 34-43) detalla cómo la cofradía incumple normativas de competencia (Ley 15/2007) y seguridad alimentaria al negar servicios de lonja a socios. Además, el Decreto 8/2014 exige auditorías externas que nunca se realizaron. “La Xunta no solo encubre: es cómplice al permitir que fondos públicos se gestionen en opacidad”, acusa Delgado.
Camino a Bruselas
Ante el bloqueo institucional, Pladesemapesga anuncia que llevará el caso ante la Fiscalía Europea de Corrupción (OLAF) y la Comisión Europea. “Solicitaremos una auditoría integral a la Consellería do Mar como responsable última de tutelar estos fondos”, adelanta Delgado. La plataforma ya tiene registro en la UE (nº 539622127908-83) y cuenta con informes de Transparency International que respaldan su lucha.
Mientras, el Conselleiro do Mar, Alfonso Villares, sigue sin responder a las críticas. Su secretaría técnica se limita a derivar solicitudes (página 15), en lo que expertos consultados definen como “estrategia dilatoria”. Con fondos europeos 2021-2027 en juego, este caso podría convertirse en el talón de Aquiles de la gestión pesquera gallega.
¿Dónde está el dinero público? La pregunta resuena en los puertos gallegos. Mientras la Xunta esgrima tecnicismos legales, mariscadores y armadores exigen respuestas. El artículo 135 del Reglamento Europeo 549/2013 es claro: toda entidad que maneje fondos públicos debe rendir cuentas. Galicia, hoy, está lejos de cumplirlo.