eltimodelaestampitasomosamareaEl primer edil de A Coruña, Xulio Ferreiro, que le pagamos todos los ciudadanos a el y sus asesores para defender nuestros derechos, destinos y alcaldía, la deja abandonada para irse en horario laboral a realizar camapaña electoralista a Santiago de Compostela y a manifestarse en nombre de los vecinos de A Coruña, muchos de los cuales rechazan frontalmente tal representación.

En diálogo con los colegas de As Mareas se monta con cargo al dinero y tiempo de su ambito privado, no es de recibo que mientras se dedique al faranduleo o turismo institucional y politico-privado muchos escritos dirigidos a su persona esten sin responder bajo el polvo de la mesa municipal.

Los ciudadanos de A Coruña NOS NEGAMOS a pagarle un "chiringuito" al más puro estilo Fundación "FAES" en el evento con jactancia pública ante los ciudadanos estafados y defraudados por la "ensalidilla de siglas" afirma que "falaremos cos alcaldes rebeldes” Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), Martiño Noriega (Compostela Aberta), Jorge Suárez (Ferrol en Común) e Raimundo Viejo (concelleiro de Barcelona en Comú), el partido justicialista de A Marea Atlantica este viernes en Santiago junto a la manifestación del Medio Rural de Galicia.

No le hemos dado el voto para que se nos "escaquee" a ver a sus amigos del BNG en horario laboral, y a hacer política de corrillo y trileros financiándose con el dinero de los contribuyentes.

Ello nos motiva a dejarle un resumen para sus 15 asesores como forma de directrices y recordarle a Usted, la promesa electoralista de participación ciudadana, todo UN FRAUDE a día de Hoy... desde nuestra perspectiva su foto ya se nos parece al juego de cartas utilizado en el famoso timo de la "ESTAMPITA".

Sr Xulio Ferreiro, Usted es Letrado y Magistrado Suplente en Lugo, por lo que debe estar de vuelta y media en;

I. MARCO LEGAL GENERAL

De conformidad con el artículo 144 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, los funcionarios “tienen las obligaciones determinadas por la legislación sobre función pública de la correspondiente Comunidad Autónoma y, en todo caso, las previstas en la legislación básica del Estado sobre función pública”.

Y en su artículo 145 se establece que el “régimen de incompatibilidades de los funcionarios de la Administración local es el establecido con carácter general para la función pública en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en las normas que se dicten por el Estado para su aplicación a los funcionarios de la Administración Local”.

Por su parte, el Estatuto Básico del Empleado Público establece en su artículo 2 que el Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las Administraciones de las Entidades Locales. Y en su artículo 3 establece que el personal funcionario se rige por la legislación estatal que le sea de aplicación y por la de las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local.

Como consecuencia de todo ello, podemos decir que las obligaciones y deberes de los empleados públicos locales tienen ahora como tronco común las previstas en el Estatuto Básico y en las normas básicas del Estado sobre empleo local, aun cuando las Comunidades Autónomas en el marco de su capacidad legislativa podrán establecer obligaciones determinadas –además de las básicas y respetándolas- para sus respectivos empleados públicos locales. No obstante, en materia de incompatibilidades el Estatuto Básico no ha modificado la Ley 53/1984, excepto en su artículo 16.1, modificado por la Disposición Final Tercera, apartado segundo, estableciendo la incompatibilidad absoluta para el personal directivo, para el retribuido por arancel y para todo aquel que perciba complemento retributivo que incluya el factor de incompatibilidad. Por lo que dicha Ley continúa siendo la norma de aplicación para los empleados públicos locales. Como consecuencia de todo ello, si quisiéramos conocer cuáles son los deberes de los empleados públicos locales en España y, en definitiva, su código ético, éste sería el establecido en el Estatuto básico, en concreto, sus deberes serían los siguientes:

Deberes de los empleados públicos.

Código de Conducta

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. Los principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

Artículo 53. Principios éticos.

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

Artículo 54. Principios de conducta.

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. 3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

II. RECOMENDACIONES EN MATERIA DE ÉTICA DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LOS GOBIERNOS LOCALES.

El Consejo de Europa ha adoptado en 2002 la decisión de aprobar un Código Europeo de Conducta para la Integridad Política de los Representantes locales y Regionales Electos, además de elaborar un paquete de Iniciativas Modelo en el campo de la ética pública en el nivel local (INAP, 2003). Ambos documentos expresan claramente la preocupación del Consejo por el aumento del número de escándalos en los que han estado implicados representantes locales, así como la voluntad del citado órgano de promover la legitimidad de la democracia local mediante la intachable conducta de los electos locales y el funcionariado a sus órdenes.

El Código Europeo consta de veinticinco artículos. De ellos es fundamental el artículo 4, que establece como guía fundamental de conducta para los electos la primacía de la Ley y el servicio al interés público. Después, establece en normas sucesivas una serie de principios de entre los que creo destacables diez: 1. Las campañas electorales se deben centrar en dar información sobre programas y no en difamar a los otros candidatos.

2. Se prohíbe el favoritismo y se evita todo conflicto de intereses.

3. Las decisiones discrecionales se deben motivar y deben ser imparciales.

4. Respeto a la disciplina presupuestaria y financiera

5. Prohibición de garantizarse cargos después de finalizar su mandato.

6. Publicidad y proporcionalidad de los gastos de campaña.

7. Declaración pública de intereses y patrimonio.

8. Sometimiento leal a las supervisiones y controles legalmente establecidos.

9. Fomento de la transparencia y responsabilidad durante el mandato.

10. Respeto del mérito en los nombramientos y respeto de las funciones del personal del gobierno local.

En suma, este Código permite asentar unas reglas básicas de actuación ética para los electos que, si se respetaran, facilitarían enormemente la prevención de la corrupción y la lucha contra ella.

En cuanto a las Iniciativas, tienen seis ámbitos de recomendación. En primer lugar, aconsejan la elaboración en cada país de un estatuto de los electos locales que defina legalmente los derechos y deberes de éstos, sus responsabilidades y el marco de remuneraciones y condiciones de trabajo. Llega incluso a defender la aprobación de un régimen disciplinario aplicable a todos ellos. De todas las iniciativas es ésta la más novedosa, por lo que merece algún comentario.

En ella se establece la recomendación de que se elaboren localmente estadísticas sobre corrupción; también se recomienda el control de las incompatibilidades locales a nivel central; se establece la suspensión de funciones como sanción por incumplimiento de las obligaciones definidas normativamente; se promueve la creación de figuras como los defensores del pueblo locales; se responsabiliza a los electos por los actos y omisiones en el ejercicio de sus funciones, estableciéndose un procedimiento especial para sustanciar tales reclamaciones y recomendándose unos jueces especializados para estudiar las mismas; se propone que exista un marco común de retribuciones, unas normas sobre carrera, un sistema que facilite a los electos la reincorporación a sus profesiones una vez finalizado el mandato, sin perjuicios económicos o profesionales, .se defiende que se garanticen pensiones o desempleo por el ejercicio del cargo una vez finalizado el mismo, o que existan seguros de riesgos por el ejercicio del puesto; finalmente, se promueve la formación, la información mutua y la cooperación entre electos locales para la mejora de la gestión pública.

Como se ve, estamos ante un ambicioso programa de reformas que merece ser estudiado para la mejora de nuestro sistema. Para empezar, el sistema de incompatibilidades de electos locales en España es claramente deficiente, así como la normativa sobre deberes y responsabilidades de los mismos. Por ejemplo, un funcionario no puede poseer más del 10 por ciento de las acciones de una empresa que contrate con cualquier Administración pública y, sin embargo, un alcalde sí. Una actuación necesaria en tal sentido sería la de incorporar a la normativa básica de régimen local una regulación más rigurosa y detallada de las incompatibilidades de los electos locales, así como el establecimiento de un sistema de control eficaz de las mismas. Un primer paso en esa dirección ha sido la seguida por la Ley del Suelo, aprobada por las Cámaras el 10 de mayo de 2007. En esta norma, se modifican el artículo 75.7 y se incorpora un apartado 8 al artículo 75 y se incluye una nueva Disposición Adicional Decimoquinta a la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.

El segundo bloque de iniciativas tiene que ver con el ámbito de la financiación de los partidos, de las asociaciones políticas y de los candidatos en el nivel local.

Aquí, sin embargo, las propuestas son bastante modestas y no son novedosas.

Así, se establece la posibilidad de que los partidos reciban financiación pública para el funcionamiento ordinario en el nivel local, pero dicha financiación debe ser regulada y controlada por ley. La financiación privada se admite si no hay suficiente financiación pública, y debe ser transparente; no obstante, se admite la opacidad para las cantidades pequeñas. No se recomienda la sanción penal por incumplimiento de la normativa de financiación, debiéndose priorizar la sanción administrativa o financiera. Para las campañas electorales se proponen límites a los gastos electorales y topes a la financiación privada, además de recomendar que los medios de comunicación públicos tengan una neutralidad exquisita durante el desarrollo de las mismas. Se defiende la obligación legal de que los candidatos electos declaren sus bienes e intereses patrimoniales, aunque se entiende como admisible que exista un mínimo exento de declaración, y no se hace referencia a la publicidad de las declaraciones. En general, estas iniciativas no avanzan mucho sobre la regulación existente en España.

El tercer bloque de iniciativas son las relacionadas con el ámbito de los mecanismos de control y auditoría. Aquí nos encontramos con una propuesta de mejora de los mecanismos de rendición de cuentas ciertamente interesante, pues los controles no se limitan a la eficacia y eficiencia, sino que, además, incluyen el control democrático y ético de los gobiernos locales. El control externo no se limitaría al control contable o presupuestario, sino que incluiría un control de eficacia. Además, en ese control participarían también los defensores del pueblo locales o regionales. En cuanto a los controles internos, éstos no se limitan a la gestión económica y financiera o a la aplicación del derecho, sino que incluye un control sobre la calidad de los servicios y la gestión administrativa. También se propone un adecuado sistema de relaciones con el poder judicial, de forma que se garantice la ejecución plena e inmediata de las sentencias y se reduzca al máximo el tiempo necesario para el examen judicial de los litigios.

En el marco de estas iniciativas, se propone que los resultados de los sistemas de control sean públicos; asimismo, se defiende que, utilizando las tecnologías de comunicación actuales, se pongan a disposición del público las estadísticas sobre los controles y las mejores prácticas en el ámbito del control interno. Las iniciativas del cuarto bloque se refieren al estatuto de los funcionarios locales. En esencia, estas iniciativas se refieren al necesario establecimiento de un marco jurídico completo para el empleo público local, elaborado con la participación de los representantes locales, al que se deben añadir un sistema adecuado de códigos de conducta. El estatuto defendido incorpora:

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