Pleno del Consejo General del Poder Judicial CGPJ recurso de alzada

Diligencia Informativa: 93/2016 Denunciante: Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz

Órgano afectado: Juzgado de Primera Instancia Número 41 de Madrid

Titular: ADELAIDA NIEVES MEDRANO ARANGUREN

Adjuntos:
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Recibida la resolución (ACUERDO DEL PROMOTOR DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA 93/16) notificada el 16.3.2016, dentro del plazo y como mejor proceda se presenta recurso de alzada al Pleno del Consejo General del Poder Judicial CGPJ con las siguientes alegaciones:

Previa 1ª.- Conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se recusa al vocal del CGPJ Rafael Fernández Valverde, y cualquier otro vocal del CGPJ que tenga relación con el Centro de Estudios Financieros CEF o con la Universidad a Distancia de Madrid UDIMA que no solamente es profesor en UDIMA como puede verse en Internet

http://www.udima.es/es/profesor/rafael-fernandez-valverde.html

publicando en el Web de esa universidad PRIVADA su propia dirección de correo electrónico como magistrado del Tribunal Supremo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

sino que también es colaborador muy habitual del Centro de Estudios Financieros CEF y miembro del Consejo Asesor de la publicación CEFLEGAL en la que también colabora activamente la denunciada.

Estos hechos son tan notorios que basta buscar el nombre del vocal “Rafael Fernández Valverde” en Google para que sean más que evidentes. No se trata de denunciar aquí si son compatibles o no las actividades del vocal, sino de evidenciar el CONFLICTO DE INTERESES, y por ello, de presunta parcialidad, en el que también incurre la denunciada, incluso si no tuviera relación directa con ella. El “fondo del fondo” del asunto es, precisamente, el CONFLICTO DE INTERESES de un secretario judicial profesor de UDIMA y CEF y una magistrada aquí denunciada que también tiene relación, admitida incluso por ella misma, al menos con una de esas dos entidades, según ya consta en estas diligencias previas, por lo que en caso de que no se estime la recusación, solicito copia de las alegaciones que presente el vocal del CGPJ aquí recusado y también que se requiera informe a la Oficina de Conflictos de Intereses en la que ya conocen las prácticas habituales de CEF y UDIMA con numerosos funcionarios públicos (y en especial, por las actividades del secretario judicial del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid del que es magistrada titular la denunciada) aunque esa oficina no sea competente para sancionar por denuncias contra magistrados y jueces.  En todo caso, la relación de denunciada, secretario judicial y vocal del CGPJ aquí recusado merecen la máxima publicidad y crítica, porque los hechos son ciertos, y las opiniones sobre sus conflictos de intereses deben ser libres, también de represalias.

En esta recusación, cito la muy relevante STS 2111/2011 sobre CONFLICTOS DE INTERESES e INCOMPATIBILIDAD (ponente CONDE MARTIN DE HIJAS) y a Mirabeau cuando decía "dadme al juez que queráis; parcial, venal, incluso mi enemigo; poco me importa con tal de que nada pueda hacer si no es cara al público". Me remito a lo que le envié hace ya muchos meses. exactamente desde el 2.9.16 me consta que tiene la secretaria del vocal que aquí se recusa, y está en www.miguelgallardo.es/rafael-fernandez-valverde.pdf

Más allá de su recusación en este caso, entiendo que quien ostenta el cargo de vocal del CGPJ y magistrado del Tribunal Supremo debería tener presente el apartado j del artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público, además de todo lo que dispone la LOPJ en arts. 417 y ss., porque la incompatibilidad y los conflictos de intereses de los magistrados, más aún de los ya pluriempleados como vocales del CGPJ, deberían ser mucho más restrictivas. Opinar así es lo que ya me ha costado terribles represalias, pero también creo haberme el ganado el derecho a señalar a quien se prevalece de su función pública para obtener beneficios indebidos para sí, o para otros (o para perjudicar a quien quiere represaliar precisamente por señalar estas perversiones).

Previa 2ª.- El mismo día 16.3.2016 solicité copia íntegra del expediente y, en especial, de las manifestaciones de la denunciada, pero con fecha 29.3.2016 se nos deniega por completo todo lo solicitado. Únicamente se dispone para recurrir la resolución de 7.3.2016 lo que me consta de las actuaciones del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid a las que tampoco se ha tenido pleno acceso porque, como bien sabe la denunciada, se ha solicitado por escrito reiteradamente copia de los autos, y la denunciada ha ignorado por completo todas las solicitudes, deliberadamente. Sirva este recurso para solicitar de nuevo el expediente completo tanto de estas diligencias informativas 93/2016 como de los 5 procedimientos (principal PO 1877/2008, 2 juras y 2 ejecuciones) que dependen de la denunciada, actualmente, en las que la denunciada ya ha ignorado deliberadamente todas las solicitudes de copia testimoniada de sus propias actuaciones. Lo mismo parece querer hacer el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ al denegar la copia que he solicitado reiteradamente de las alegaciones de la denunciada con el resto del expediente. Que le consten al Pleno del CGPJ ambos hechos como alegaciones previas a las siguientes:

1ª El primero de los antecedentes de hecho pretende resumir la denuncia que, tal y como se presentó, se mantiene en Internet

http://www.miguelgallardo.es/adelaida-medrano.pdf

No solamente no se ha desvirtuado ninguno de los hechos denunciados, sino que hay más motivo aún para mantener todo lo ya denunciado, siendo más evidente la IGNORANCIA DELIBERADA y el dolo en las actuaciones que más perjudican injustamente a quien aquí recurre, no sin remitirse a la denuncia inicial. Si la denunciada ha tenido acceso a mi denuncia, y yo no tengo acceso a sus manifestaciones y a la documentación que dice haber aportado, aumenta mi indefensión.

Existe, al menos, un error en la interpretación de mi denuncia por el Promotor de la Acción Disciplinaria, y varias omisiones muy relevantes. En ninguna parte de mi denuncia afirmo que la denunciada (que reconoce su relación con la editorial del CEF aunque no se haya precisado ni documentado su solicitud o concesión de compatibilidad) haya visto a Roque de las Heras. Si se lee atentamente mi denuncia, especialmente del punto 6º al 9º (páginas 4 a 7), lo que sí se dice es que el secretario judicial está trabajando para Roque de las Heras en el CEF, según se ha publicado en Internet y consta en documentos adjuntos a mi denuncia, desde 1993. Obviamente, tiene influencia más que suficiente para hacer que Roque de las Heras contrate a la magistrada denunciada sin necesidad de verla ni hablar con ella, como muy probablemente también ocurra con el vocal del CGPJ aquí recusado, que bien puede recomendar e influir ante Roque de las Heras para que otros magistrados colaboren y cobren de CEF y UDIMA.

La magistrada denunciada es plenamente consciente de la irregular relación del secretario judicial con CEF y UDIMA, sin contrato y sin haber solicitado la preceptiva compatibilidad. Al no disponer de sus alegaciones textuales y completas, este denunciante debe reservarse todos los derechos al respecto, y reiterar la solicitud de copia completa.

2ª En el segundo de los antecedentes, parece resumir manifestaciones de la denunciada que insistimos en solicitar. Lo más relevante para la denunciada de lo transcrito textualmente parece ser este párrafo:

Indica la Magistrada que el problema jurídico de fondo que concurre en este asunto, es que el sr. Gallardo considera que a los letrados que le han jurado la cuenta, Sra. Caparros y Sr. De Frutos, solo tiene que abonarles una cantidad por sus honorarios que no exceda de lo que él percibió par costas en el juicio ordinario del que traen su causa las dos juras de cuenta. Esta tesis Jurídica, se le ha indicado al Sr. Gallardo que ha de defenderla en el correspondiente procedimiento ordinario, pero no en las juras de cuenta, con los argumentos jurídicos correspondientes en todas sus resoluciones, pese a lo cual no tienen conocimiento de si ha presentado su demanda de juicio ordinario o no, pero lo que sí conocen es que de forma reiterada plantea sus tesis en diferentes vías gubernativas y/o penales por entender que ello es una injusticia. A partir de ello, el citado elabora diferentes relatos de hechos falsos ante diferentes instancias con pretendida cobertura en extremos de hecho que no existen en la realidad ni existen las relaciones entre personas en los términos que él relata, refiriendo su supuesta injusticia con narraciones llenas de juicios de valor sobre la realidad procesal que ante sí tiene, que es radicalmente diferente de aquella con la que trata de conocer a quien lea lo redactado por él. (fin de la cita textual)

Esta es una clara evidencia, aunque sea indirecta, de la presunta prevaricación de la denunciada. No se trata de un indicio, sino de toda una evidencia que consta en un expediente del que yo solicito copia.

Esas mismas manifestaciones evidencian que la denunciada dicta un auto en el que los honorarios de los letrados (de todos los letrados) de cada parte ascienden a 8.400 euros (+ IVA) al dividir por 3 (según la decisión de la  misma denunciada al ser 3 demandados), y a nada más que a esa cantidad tanto para Miguel Ángel Gallardo Ortiz como para la asociación APEMIT (el tercer demandado, la mercantil CITA, recibió una cantidad muy inferior, casi ridícula, porque no se pudo permitir nada más que la actuación de un abogado privado en la audiencia previa de la que consta en el acta y en el vídeo de la vista que la denunciada expulsó de manera absolutamente injusta y desproporcionada a Miguel Ángel Gallardo Ortiz y trató al abogado de CITA con tanta desconsideración y agresividad que evidencian animadversión gravísima). Las valoraciones de actitudes, o incluso de testimonios sobre hechos más o menos relevantes son libres, y no solamente para la magistrada, pero la aritmética de sus divisiones o multiplicaciones por 3 es siempre muy perjudicial y deliberadamente injusta para quien aquí recurre.

La misma denunciada es la que, con un razonamiento deliberadamente falaz, y también perfectamente subsumible en la mendacidad falsaria, es la que valora en 3 veces más y añade costas, los derechos de una abogada de oficio que renunció (con posible prescripción ignorada por completo pese a que se alegó con referencias jurisprudenciales) y para otro abogado que sabe perfectamente que el abogado de otra parte demandada, APEMIT, solamente cobró en total esos 8.400 euros que, repito, la denunciada dividió en un auto pero admite multiplicada por 3 en otros posteriores, siempre en perjuicio del aquí recurrente.

Aquí no se trata de recurrir resoluciones judiciales, sino de denunciar el que un magistrado se contradiga a sí mismo considerando que unos honorarios valen en un caso 8.400 euros y en otros 25.200 más las costas ejecutando como cosa no juzgada tal obvia injusticia desde cualquier perspectiva contable o elemental matemática aritmética sobre un mismo concepto valorado de manera distinta por un mismo juez, con toda su intención más perversa y maliciosa, dejándome en indefensión.

Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento, pues la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial dice: Artículo 267... 3. Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento.

Y el Código Penal dice: Artículo 437. La autoridad o funcionario público que exigiere, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada, será castigado, sin perjuicio de los reintegros a que viniere obligado, con las penas de multa de seis a veinticuatro meses y de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años.

Ver STS 1302/2016, ponente CONDE PUMPIDO, sobre exacción ilegal o excesiva porque su fundamentación esencial es aplicable al caso.

La contumacia de la magistrada denunciada en mantener lo que hubiera debido de ser considerado como un error, evidencia su intención de beneficiar a otros y perjudicar al aquí denunciante. Por una parte, divide por tres los honorarios orientativos para beneficiar, una vez más, a la Universidad Politécnica de Madrid UPM (que los paga en presunta malversación según instruye actualmente el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid), y en las juras de cuentas multiplica la anterior cantidad por 3 para beneficiar a dos abogados de oficio, en todos los casos, perjudicando muy gravemente a quien aquí mantiene su denuncia. Se puede relatar como se quiera, y se puede acusar al perjudicado de lo que se quiera, pero el hecho es cierto, y una vez más, la magistrada denunciada pretende confundirlo con todo tipo de desconsideraciones.

Se renuncie o no, en todo o en parte, a cualquier derecho a Justicia Gratuita, incluso si no se hubiese concedido en ningún caso o sí se hubiera renunciado por completo (no se renunció ni puede constar tal renuncia), es decir, en ningún caso pueden valorarse los mismos derechos en manera tan desproporcionadamente desigual, por la misma denunciada. Al hacerlo, ya no se trata de un posible error que debería haber subsanado de oficio por ese mismo artículo 267.3 de la LOPJ, sino de un hecho doloso y malicioso que antes de denunciar penalmente se pretende aquí agotar todas los recursos administrativos sancionadores. No es necesario tener grandes conocimientos matemáticos para comprender la perversión que la denunciada sostiene, sea cual sea su motivación. Basta con comparar cuantías y comprobar divisiones y multiplicaciones por 3 del mismo concepto.

No hace falta ser jurista, ni siquiera universitario para entenderlo. Cualquier estudiante de bachillerato comprende la perversión y la malicia de la denunciada. Quien no la entienda merece la multiplicación automática y sin derecho a tutela judicial alguna de todas sus deudas e hipotecas por 3, y que se ignoren todas sus alegaciones, cargándole con las costas y los depósitos judiciales de todos sus recursos.

Ganar un juicio con las costas, y que la denunciada ejecute cantidades muy superiores a las que ella misma tasó en auto, contradiciéndose a sí misma, es una presunta prevaricación que, más allá de lo tipificado en el Código Penal, atenta muy intencionadamente contra el principio constitucional de INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD.

Lo arbitrario es aquello que no se acomoda a la legalidad de tal forma que, frente a una actividad reglada, la arbitrariedad supone una infracción de la norma, y ante una actividad no reglada o discrecional conlleva una desviación de poder.

También en conexión con el principio de igualdad, el Tribunal Constitucional se ha referido a este principio en su Sentencia 71/1993, de 1 de marzo: "A través de numerosas resoluciones este Tribunal ha establecido una constante y uniforme doctrina según la cual el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, protegido por el artículo 14 CE y conectado con el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que consagra el artículo 9.3 CE, significa, en relación con el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que un mismo Juez o Tribunal no puede modificar el sentido de sus decisiones adoptadas con anterioridad en casos sustancialmente idénticos, a no ser que se aparte conscientemente de él, ofreciendo una fundamentación suficiente y razonable que motive el cambio de criterio o, en ausencia de tal motivación expresa, resulte patente que la diferencia de trato tiene su fundamento en un efectivo cambio de criterio por desprenderse así de la propia resolución judicial o por existir otros elementos de juicio externo que así lo indiquen".

(cita textual de la sinopsis del art. 9 de la CE en congreso.es)

Lo cierto e innegable es que la denunciada sabe perfectamente que ya ha ocasionado gravísimos perjuicios con sus propias resoluciones injustas que son contradictorias con su propio criterio desigual e injusto entre el principal y las juras de cuentas por el mismo concepto, y que como perjudicado quien aquí recurre tiene plena legitimación para agotar todas las instancias, incluyendo la penal y Tribunal Constitucional no solamente por el art. 24 sino también y muy especialmente por el art. 9.3 por INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD de la magistrada denunciada que valora el mismo concepto de manera distinta para una exacción ilegal por excesiva (art. 437 del CP), por lo que parece, a sabiendas y con ánimo e intención de perjudicar a quien lo denunció.

La arbitrariedad de la denunciada se demuestra con la más simple aritmética, pero el dolo, o el “a sabiendas”, se detecta y evidencia por sus propias palabras en sus propios autos y aquí, en esta diligencia informativa, por sus propias manifestaciones a las que el aquí recurrente solamente ha tenido un acceso indirecto y parcial, por lo que no se dejará de insistir en pedir copia de todos los escritos que hagan referencia a mi persona atribuibles a la denunciada, al secretario judicial y al personal del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, desde 2008.

Ha tenido que ser el Juzgado de Instrucción nº 2 quien requiera informe al secretario judicial sobre las cuantías pagadas por la Universidad Politécnica de Madrid UPM y dos funcionarios públicos que, con la intención de amedrentar y represaliar a quien considera inmoral que durante muchos años estuviesen al servicio de la SGAE y de BOLIDEN demandaron en presunta malversación y prevaricación al aquí recurrente, sin que la denunciada me oyera nunca ni tutelase ninguno de los derechos que amparan tanto el artículo 9, especialmente en su apartado 3, como el 24 de la Constitución. Parece que a la denunciada no le gusta que se instruyan causas penales contra quienes parece querer proteger, encubrir o favorecer ignorando deliberadamente los más hechos relevantes, desde 2008, pero apremiando y multiplicando por 3 todo cuanto me perjudique. Obviamente, si la vía disciplinaria es inútil ante los hechos aquí probados, o que puedan probarse mediente inspección del CGPJ que solicito, agotaré todas las instancias penales para que los escritos y las manifestaciones “in voce” de la magistrada denunciada, como las que constan en el video de la Audiencia Previa del P.O. 1887/2008 puedan ser enjuiciadas más allá de esta diligencia informativa cuyo archivo prematur y parcial, sin haberse documentado ni inspeccionado nada en absoluto, por lo que se recurre aquí en alzada.

3ª Respecto a los CONFLICTOS DE INTERESES como parte de la motivación perversa tanto de la denunciada como del secretario judicial, ambos incurren en la falacia de que, como les está permitido trabajar para el Centro de Estudios Financieros CEF, no existe el menor derecho para quien se siente perjudicado por sus actuaciones que tienen todo el aspecto de represalias, tan interesadas como injustas. Es otra de las gravísimas falacias, perfectamente subsumibles en la mendacidad de dos funcionarios públicos, que comparten la magistrada denunciada y el secretario judicial cuya incompatibilidad, pero más aún, el CONFLICTO DE INTERESES está perfectamente acreditado por él mismo, por el extraño y ambiguo certificado firmado por Roque de las Heras por CEF y UDIMA, pero también por la magistrada denunciada según consta en esta diligencia porque este recurrente ya proporcionó los documentos más relevantes con su denuncia inicial, sin haber tenido acceso a los que se dice en la resolución del Promotor de la Acción Disciplinaria que ha aportado la denunciada, pero que en modo alguno contradicen nada de lo denunciado según se desprende de la resolución aquí recurrida.

Es irrelevante que la magistrada denunciada conozca o no a Roque de las Heras. Repito que en la denuncia no se dice ni que le conozca, ni que no le conozca. Me remito  a lo ya denunciado, y lo reitero aquí. La relación de la denunciada, al menos, con el Centro de Estudios Financieros CEF y su editorial CEFLEGAL, ya está reconocida por ella misma, y su versión parcial de la que mantiene el secretario judicial se califica por sí misma considerando cuanto consta ya en este expediente.

4ª Según puede leerse en la resolución que aquí se recurre en alzada, la denunciada: “Adjunta copia del Acuerdo Gubernativo 1/2015 que el Letrado de Ia Administración de Justicia de ese Juzgado ha dictado ante los hechos graves que protagonizó el Sr. Gallardo el pasado 16 de julio de 2015 en este Juzgado, de los cuales ha sido informada la Superioridad”. En efecto, los hechos son muy graves porque han sido falseados tanto por el secretario judicial como por la magistrada en la interpretación transcrita en la resolución que aquí se recurre, pero afortunadamente, ese día, en el juzgado, en todo momento estuvo presente conmigo el periodista de EL PAÍS especializado en información de juzgados y tribunales, José Antonio Hernández. Ante las falsedades y la resolución injusta del secretario judicial que publicó en el tablón del juzgado, yo mismo le solicité su testimonio por escrito, y también el del abogado y doctor en Derecho José Manuel López Iglesias. Ambos testimonios por sí mismos explican y evidencian cuál es la actitud que la magistrada denunciada ha tolerado, promovido y perpetrado ella misma y también por el secretario judicial José Ignacio Atienza López contra quien aquí recurre en alzada al Pleno del CGPJ. Es muy posible que las relaciones de ambos con el CEF, a su vez muy relacionado con la UPM que fue la demandante inicial en el PO 1877/2008, expliquen las motivaciones para favorecer a otros y perjudicarme siempre a mí, pero no son justificables en modo alguno. La crítica del enriquecimiento ilícito de funcionarios por el que fui demandado, al igual que la de quienes están más pendientes del CEF y de UDIMA que de su función pública, no justifica ninguna represalia ni resolución injusta en mi perjuicio.

Por último, cito a Bentham, “donde no hay publicidad, no hay Justicia”, porque la publicidad es el alma de la Justicia, entiendo que no hay nada secreto, ni hay dato personal alguno que proteger en ninguna de las actuaciones que emanan del P.O. 1877/2008 (del que es responsable la denunciada aunque ni lo juzgase ni lo sentenciase por estar en un extrañísimo y, para este recurrente, realmente sospechoso permiso justo el día del juicio para sus propias actividades académicas), y muy especialmente, por cuanto evidencie el error material y aritmético de dividir por 3 en mi perjuicio (y en beneficio de una universidad pública cuyo letrado entonces director de la Asesoría Jurídica lleva dos años imputado por malversación en el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid) y multiplica por 3 en beneficio y para enriquecimiento injusto de dos letrados de oficio, también en mi perjuicio denegando todo cuanto debe ser amparado por arts. (9 INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD), 20 (derecho a la información y a la libre expresión), 24 (tutela judicial efectiva) y 120 (publicidad de las resoluciones judiciales que la denunciada se niega a que se testimonien e impide que el interesado pueda ver y mostrar a un periodista) de la Constitución, pero también por lo dispuesto en los arts. 405 y ss. (responsabilidad penal de jueces y magistrados) y además, también el art. 414 y ss. (responsabilidad disciplinaria, por faltas graves o muy graves según la a Ley Orgánica del Poder Judicial LOPJ en hechos documentables que deben ser inspeccionados en las mismas resoluciones firmadas por la denunciada y a las que el Promotor de la Acción Disciplinaria ni ha visto, ni ha querido tener acceso pese a la gravedad de los hechos denunciados).

El derecho a la publicidad de las actuaciones judiciales del art. 120 de la Constitución es el mejor amparo frente a los conflictos de intereses y también frente a la prevaricación judicial. La denunciada dice textualmente “el citado elabora diferentes relatos de hechos falsos ante diferentes instancias con pretendida cobertura en extremos de hecho que no existen en la realidad”. Pues bien, los relatos de los hechos son veraces, y no se renuncia a ninguna instancia para evidenciar que quien los falsea es la denunciada, al mismo tiempo que imposibilita el acceso a actuaciones y deniega la copia testimoniada reiteradamente solicitada como consta, al menos, en los documentos presentados y en los que yo mismo mantengo publicados en:

www.miguelgallardo.es/revisa-ejecutado.pdf donde se dice:

La resolución que aquí se recurre va acompañada de un escrito del ejecutante Juan Enrique de Frutos Arribas del que solamente nos ha llegado la primera página, y por lo tanto, estamos en indefensión al ignorar el resto del documento de contrario. Esta indefensión se acumula a las ya denunciadas porque nunca se nos dio traslado ni del auto de la Audiencia Provincial ni del informe del ICAM que debe constar en la Jura de Cuentas, pese a nuestras reiteradas peticiones, entre otras, la que está pendiente de resolver también en revisión desde 21.4.5. Sin copia íntegra testimoniada resulta imposible preparar demanda de Juicio Declarativo y también debe suspenderse el plazo para presentar OPOSICIÓN POR PLUSPETICIÓN que preparamos.

Solamente se nos dio traslado del auto (que no consta en estas actuaciones) pero no del resto de las peticiones de copia de lo que en la apelación pedimos como prueba, por ser fundamental para el correcto enjuiciamiento. ¿Cómo es posible que se pueda ejecutar por unos honorarios sin habernos dado traslado del informe del ICAM que hemos pedido reiteradamente? Adjuntamos a este recurso de reposición un decreto del Secretario Judicial con un testimonio muy relevante sobre la actitud con la que se nos ha dejado en INDEFENSIÓN, sin TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

www.miguelgallardo.es/factura-excesiva.pdf donde también se dijo:

Esta parte reitera, una vez más, la solicitud de copia íntegra y testimoniada de todas las actuaciones, tanto en la Jura de Cuenta de Abogado 1.480/2012 (en la que no se nos ha dado traslado ni del Auto de la Audiencia Provincial por el que se originó y esta parte no tuvo oportunidad de impugnar el alegado de contrario ni tampoco se nos dió traslado del informe del ICAM en estas actuaciones (que negligentemente ignoró la cuantía correcta ya dividida por 3) y también del P.O. 1877/2008 completo a la vista de que el Secretario Judicial no consigue encontrar el auto que tasaba los honorarios totales de todos los abogados en 8.400 euros. Estas actuaciones testimoniadas son imprescindibles para que esta parte pueda presentar demanda de juicio declarativo a la que se ha visto abocada al ser deliberadamente ignorados todos sus derechos. Se reitera, una vez más, el RECURSO DE REVISIÓN de 21 de abril entendiendo que durante el plazo de un mes ya podemos presentar RECURSO DE ALZADA al Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) según lo dispuesto en el Reglamento 1/2005 del CGPJ.

www.miguelgallardo.es/revisa-secretario.pdf donde también consta

1ª A fecha de hoy, no he recibido ninguna resolución ni los testimonios del secretario judicial solicitados en mi escrito de fecha 12 de abril de 2015, que se reitera en la última página.

Considerando el apercibimiento de exacción por vía de apremio notoriamente injusta, también se vuelve a solicitar en este RECURSO DE REVISIÓN su suspensión, al menos, mientras el Secretario Judicial José Ignacio Atienza López no testimonie y certifique lo solicitado.

www.miguelgallardo.es/pluspeticiones.pdf en donde ya se dijo:

PREVIOS: Están pendientes de resolver dos recursos de revisión. En la notificación faltan páginas, por lo menos, alguna del ejecutante, por lo que solicitamos que se nos envíe de nuevo toda esa notificación con todos los escritos completos, ampliando el plazo para alegar lo que a nuestro derecho convenga una vez la recibamos y suspendiendo la ejecución hasta entonces, por lo dispuesto en el art. 280 de la LEC (Denuncia de inexactitud de una copia y efectos).

Esas facturas de los dos abogados de oficio con una copia testimoniada del auto judicial que puso fin a la tasación de costas (que incluía a los procuradores) evidenciarían por sí mismas la pluspetición.  Sin embargo, nunca hemos conseguido que el Secretario Judicial José Ignacio Atienza López testimonie nada, por obvio e insistente que fuera nuestra solicitud de copia en numerosos escritos que constan en este Juzgado, y se aportan los que hemos obtenido de un juzgado de instrucción procedentes de la demandante UPM.

La documentación que se acompaña a este recurso de alzada motiva más aún a que las actuaciones de la magistrada denunciada en relación al denunciante sean inspeccionadas, desde 2008 todas ellas en su conjunto y sin excepción, En todo caso el Pleno del CGPJ debe resolver inequívocamente sobre el derecho de acceso y copia no solamente del interesado, sino de todo el que el interesado quiera que vea lo perpetrado por la denunciada y el secretario judicial, ahora letrado de la Administración de Justicia de Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, y en especial, de todo periodista que quiera conocer y documentar los hechos, y más aún en el caso concreto de José Antonio Hernández cuyo testimonio escrito se adjunta.

En resumen, en este recurso de alzada al Pleno del CGPJ:

- Se recusa al vocal del CGPJ Rafael Fernández Valverde

- Se reitera la solicitud de copia íntegra del expediente y también de las actuaciones de la magistrada denunciada, testimoniadas y foliadas.

- Se documenta y explica más aún lo que podría haber sido un error material o aritmético subsanable en cualquier momento por el art. 267.3 de la LOPJ, pero por la contumacia y la malicia de la denunciada ya es una presunta prevaricación contra la que se debería actuar de oficio.

- El CGPJ ya conoce de la INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD y de la presunta prevaricación de la magistrada denunciada

- Se hace más notorio aún el CONFLICTO DE INTERESES y la animadversión de la denunciada, en su relación con el secretario judicial a la vista de la documentación que se aporta a este recurso de alzada.

- La denunciada falsea los hechos más relevantes pero acusa al que la denuncia de falsedad sin precisar en qué. El hecho cierto y probado es que divide por 3 y luego admite la multiplicación por 3 del mismo concepto (honorarios de abogados, sean o no de oficio) y dicta una serie de resoluciones en presunta comisión de prevaricación continuada como por omisión en IGNORANCIA DELIBERADA.

Por lo expuesto, al Pleno del Consejo General del Poder Judicial SE SOLICITA que teniendo por presentado este recurso de alzada contra la la resolución (ACUERDO DEL PROMOTOR DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA 93/16) notificada el 16.3.2016, se admita y estime anulando la resolución recurrida e inicie a la mayor brevedad una inspección de las actuaciones de la denunciada en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, desde 2008, en relación al aquí denunciante (P.O. 1877/2008 con las juras de cuentas de los dos letrados de oficio beneficiados ilícitamente por la denunciada en perjuicio del denunciante aquí recurrente) y que cautelarmente se ordene la suspensión de las ejecuciones 138 y 294, ambas de 2015, y ambas sobre “cosa no juzgada” en la que constan las resoluciones injustas y los errores materiales y aritméticos (división y multiplicación por 3), con claros indicios y evidencia de dolo e IGNORANCIA DELIBERADA en presunta prevaricación de la magistrada denunciada, en CONFLICTO DE INTERESES por sus actividades privadas (motivo también de recusación del vocal del CGPJ Rafael Fernández Valverde según alegación previa 1ª), así como por cuanto sea sancionable según los arts. 414 y ss. de la LOPJ, dándome copia de todo ello, según se ha solicitado reiteradamente, y se reitera aquí una vez más, enn Madrid, para Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y fax del CGPJ, solicitando el pronto ACUSE DE RECIBO a 11 de abril de 2016.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. ydoctor en Filosofía, Teléfono 902998352 Fax: 902998379 E-mail:to=Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.en calle Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E-28045 Madrid

Este recurso queda publicado enhttps://goo.gl/YzWGp6

y con DOCUMENTACIÓN RELEVANTE QUE SE ADJUNTA en

www.miguelgallardo.es/adelaida-medrano-alzada.pdf

www.miguelgallardo.es/adelaida-medrano-alzada-firmada.pdf

(versión con firma electrónica por certificado digital FNMT)

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