Jueces para la Democracia muestra su más enérgica repulsa ante el asesinato de Berta Cáceres, líder indígena, feminista y respetada defensora de los derechos humanos y medio ambientales, así como coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

En los últimos tiempos había sufrido numerosos actos de agresión, amenazas e intimidación, a causa de sus actuaciones contrarias a la construcción del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” sobre el río Gualcarque, la cual se hizo sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas.  A causa de estas actuaciones contra su persona, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había reclamado medidas de protección al Estado hondureño, de acuerdo con el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, ha quedado evidenciado que las autoridades del país no aportaron las medidas de seguridad adecuadas.

 

Este crimen se suma a las numerosas situaciones de impunidad que se viven en Honduras y sobre las que hemos alertado en el pasado, desde nuestra posición de apoyo al fortalecimiento del Estado de Derecho en dicho país. Además, se ha puesto de manifiesto una vez más la responsabilidad del estado hondureño por su falta de voluntad de garantizar la participación ciudadana y de respetar el derecho a la consulta previa e informada de las comunidades donde se pretenden realizar los proyectos mineros, turísticos o hidroeléctricos, lo cual ha comportado la condena del país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, reclamamos al gobierno de Honduras que muestre una actitud de compromiso institucional con los derechos de los pueblos indígenas.

Desde España mostramos nuestro apoyo a nuestra organización hermana Jueces por la Democracia en Honduras y a las organizaciones de derechos humanos del país que se encuentran consternadas ante la brutalidad de este asesinato. Asimismo, pedimos una investigación exhaustiva, eficiente y rápida de este lamentable crimen, sin que sea aceptable ninguna forma de impunidad, así como que se lleven a cabo medidas preventivas de protección de las personas que defienden los derechos humanos en el país. En este sentido, solicitamos que se apliquen las máximas medidas de protección para el activista mexicano Gustavo Castro, testigo presencial del asesinato, que se encuentra refugiado en la embajada de México en Tegucigalpa. Del mismo modo, nos ponemos a disposición de cualquier iniciativa que promueva la protección de los derechos humanos en el país.

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