NULIDAD de actuaciones e INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD en la Agencia Española de Protección de Datos AEPD

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Jurídico 30 Julio 2022 163 Votos Correo electrónico Imprimir

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@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf 

https://cita.es/aepd-nulidad-propuesta-justificante.pdf   https://cita.es/aepd-nulidad-olga-perez-sanjuan.pdf 

Agencia Española de Protección de Datos AEPD en PS/00485/2021 

Atn. instructor Ángel Carralero Fernández, secretaria Cristina Gómez Piqueras, directora Mar España Martí secretaria general Mónica Bando Munugarren y subdirectora de Inspección de Datos Olga Pérez Sanjuan, quedando este escrito publicado en https://www.miguelgallardo.es/aepd-nulidad-propuesta.pdf  


Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz PhD, con DNI 07212602-D,  considerando la PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO N.º: PS/00485/2021 que parece ser responsabilidad exclusiva del funcionario instructor Ángel Carralero Fernández como mejor proceda INSTO LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO CON DENUNCIA POR LA OMISIÓN E IGNORANCIA INEXCUSABLE de los siguientes HECHOS:


1º NO me consta, ni veo que conste en el expediente, ninguna solicitud del reclamante, abogado colegiado ejerciente FRANCISCO JAVIER FRANCH FLETA que dice representar a otros reclamantes, de los que tampoco consta ni una solicitud previa dirigida a mí, ni siquiera apoderamiento con copia del DNI para acreditar la representación. El instructor ha ignorado todas las muy reiteradas alegaciones al respecto.


La AEPD arbitrariamente ha admitido una serie de ilícitas reclamaciones directas e indirectas sin la preceptiva solicitud a este reclamado y sin el apoderamiento específico imprescindible para el ejercicio de derechos personalísimos. Este hecho basta por sí mismo para aplicar de oficio lo dispuesto en el CAPÍTULO III “Nulidad y anulabilidad” artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como por los artículos 12.1, 12.2 y 12.6 del RGPD y precedentes, entre otros posteriores, en el procedimiento de la AEPD núm. E/9130/2018 que la AEPD archivó al considerar que el responsable del tratamiento actuó adecuadamente solicitando copia del DNI para poder atender una petición.


Yo no solamente no he tenido nunca copia del DNI del abogado colegiado ejerciente FRANCISCO JAVIER FRANCH FLETA, sino que, en todo lo que denuncia y reclama para sí, o para otros, no se ha dirigido a mí, directamente, nada más que por teléfono (sin formalizar nunca ningún escrito sobre lo que aquí reclama), y fue en el mes de enero de 2020, hace ya más de dos años y medio, pero eso sí, de manera muy amenazante y hostil como si se creyera con alguna autoridad incontestable para ordenarme verbalmente lo que, repito, no ha formalizado nunca por escrito, ni por correo postal, ni por ninguno mis correos electrónicos que constan en todos los documentos a los que el instructor hace muy imprecisa, vaga y genérica referencia, omitiendo los hechos más relevantes, siempre en mi perjuicio.


Pero es más extraño y sospechoso aún que el instructor ignore por completo lo ya dicho en varios escritos míos que sí constan, como este escrito en https://www.miguelgallardo.es/aepd-teborramos-probando.pdf   

https://cita.es/aepd-teborramos-probando-justificante.pdf  


1ª El instructor Ángel Carralero Fernández dice textualmente:

1) Se dan por reproducidos a efectos probatorios la reclamación interpuesta por : Reclamante: FRANCISCO JAVIER FRANCH FLETA en su propio nombre y en representación de: Reclamante 1: JESÚS CAMPOS GINER, Reclamante 2: SARA PASTOR SANESTEBAN, Reclamante 3: LUIS ABELLÁN VALLET, Reclamante 4: MIGUEL ÁNGEL MONTERO DE ESPINOSA SOLBES, y su documentación, los documentos obtenidos y generados durante la fase de admisión a trámite de la reclamación, que forman parte del procedimiento E/06741/2020.


Sin embargo, no consta en todo el expediente que ni el Reclamante: FRANCISCO JAVIER FRANCH FLETA ni el Reclamante 1: JESÚS CAMPOS GINER, ni el Reclamante 2: SARA PASTOR SANESTEBAN, ni tampoco el Reclamante 3: LUIS ABELLÁN VALLET, se hayan dirigido al reclamado para reclamar antes de hacerlo ante la AEPD como es preceptivo, ni en su propio nombre, ni por representación de otro. No hemos encontrado ni una sola comunicación ni a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ni a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ni a ninguna otra que bien conocen los reclamantes, pero que no utilizaron nunca salvo en la única de la página 22 del PDF del expediente (DOCUMENTO DOS según se ve en su esquina superior derecha), en el que se lee lo siguiente:

Muy señores míos,

Por la presente, y conforme al documento adjunto, venimos a ejercer ante su entidad el Derecho de Supresión en nombre y representación de Don Miguel Angel Montero De Espinosa Solbes.

Este despacho se pone a su disposición para cualquier tipo de documentación e información que pueda necesitar de nuestro Representado.

A la espera de sus noticias, reciban un cordial saludo.

Atentamente,

   Sara Pastor

   Col. I.C.A.V. núm. 18.943

   Departamento Jurídico


Los 5 reclamantes son plenamente conscientes de que ésa es la única reclamación formal que ha recibido hasta ahora el reclamado.


Este HECHO NEGATIVO, hasta ahora ignorado por el instructor Ángel Carralero Fernández, debe dar lugar a la nulidad radical de todas las actuaciones para las que la reclamación previa al responsable de un dominio sea preceptiva. En otro caso, si el instructor Ángel Carralero Fernández, o quien sea en la AEPD (en este caso son responsables también, al menos, la secretaria Cristina Gómez Piqueras, directora Mar España Martí, secretaria general Mónica Bando Munugarren y subdirectora de Inspección de Datos Olga Pérez Sanjuan), admiten y tramitan una reclamación de quienes no hayan reclamado antes directamente al responsable del dominio en cuestión, como es preceptivo, el precedente que sientan en favor de los que explotan las marcas TeBorramos y Honoralia en la empresa Legal Eraser SL tendrá gravísimas consecuencias de todo tipo.


Los reclamantes son maliciosos al ocultar deliberadamente hechos muy relevantes, siempre en perjuicio de este reclamado, en sus escritos a la AEPD para proteger un negocio que no tiene otro propósito que censurar hechos bien documentados publicados con veracidad, incluso cuando tienen notoria relevancia penal (entre otros, todos los hechos probados en sentencia condenatoria por 2 graves delitos de corrupción de funcionario público). Cuando instan a la AEPD a sancionar para que sean censurados sin haber formalizado una reclamación preceptiva previa es inadmisible, para quienes se jactan de haber eliminado, o borrado, o censurado varios cientos de miles de enlaces (como consta en este procedimiento sancionador) están abusando de su derecho a sabiendas de que no han cumplido debidamente con lo preceptivo.


Este reclamado reitera aquí todo lo que al respecto sigue ignorando el instructor Ángel Carralero Fernández y consta en las 1.698 páginas del expediente que ha instruido, y dentro de ellas, lo publicado en

alegaciones publicadas en www.miguelgallardo.es/aepd-alegaciones-censura.pdf y más publicadas en www.miguelgallardo.es/aepd-alegaciones-censura-2.pdf 

y hechos nuevos relevantes en www.miguelgallardo.es/aepd-google-nuevos-hechos.pdf

para insistir en la solicitud de la reclamación previa que que ni el Reclamante: FRANCISCO JAVIER FRANCH FLETA ni el Reclamante 1: JESÚS CAMPOS GINER, ni el Reclamante 2: SARA PASTOR SANESTEBAN, ni tampoco el Reclamante 3: LUIS ABELLÁN VALLET han dirigido al reclamado como es preceptivo. La omisión debe ser causa de inmediata nulidad de todo procedimiento, porque no hubiera debido admitirse en ningún caso, y menos aún a “censuradores profesionales”, al menos, sin el preceptivo documento acreditativo que no consta en ninguna de las 1.698 páginas del PDF proporcionado.

2ª El instructor Ángel Carralero Fernández también dice textualmente:

2) Asimismo, se da por reproducido a efectos probatorios, la respuesta al traslado MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ÓRTIZ, y las alegaciones al acuerdo de inicio del procedimiento sancionador referenciado, presentadas por MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ÓRTIZ y la documentación que a ellas acompaña. 


Sin embargo, NO se ha hecho ni la menor referencia a ninguna de las alegaciones publicadas en www.miguelgallardo.es/aepd-alegaciones-censura.pdf y más publicadas en www.miguelgallardo.es/aepd-alegaciones-censura-2.pdf 

y hechos nuevos relevantes en www.miguelgallardo.es/aepd-google-nuevos-hechos.pdf

El precedente que se ha creado para que el negocio de Legal Eraser SL con sus marcas TeBorramos y Honoralia pueda iniciar procedimientos sancionadores sin la preceptiva reclamación previa, es gravísimo pero, en todo caso, si la AEPD ha llegado hasta este punto en beneficio del Reclamante: FRANCISCO JAVIER FRANCH FLETA en su propio nombre y en representación de: Reclamante 1: JESÚS CAMPOS GINER, Reclamante 2: SARA PASTOR SANESTEBAN y Reclamante 3: LUIS ABELLÁN VALLET, también deberá hacerlo, al menos, hasta el mismo punto para todos los que reclamen directamente a la AEPD.


Este reclamado reitera todo lo ya manifestado y solicitado al respecto, pero hasta ahora ignorado por el instructor en todos los documentos míos que ya constan en el expediente Nº: PS/00485/2021 INSTANDO LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO CON DENUNCIA POR LA OMISIÓN E IGNORANCIA INEXCUSABLE DE ESTE GRAVE HECHO, más aún porque en la página 5 de la misma PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO N.º: PS/00485/2021 que parece ser responsabilidad exclusiva del instructor Ángel Carralero Fernández textualmente cita esta clara, directa y pertinente solicitud mía así:


Solicita: 

- Si no se aportara la preceptiva solicitud previa por parte de todos y cada uno de los representados por el abogado de Legal Eraser, TeBorramos, reclamante, se inadmita cualquier pretensión, al menos, hasta que se la notifiquen. 


A mayor abundamiento, existe consolidada jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo que ponen en tela de juicio la validez exclusiva de las comunicaciones electrónicas no recibidas o recibidas exclusivamente. En este caso, no consta ninguna del reclamante al reclamada, ni sus poderes para reclamar en nombre de otros, en todo el expediente. Y como indica claramente, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en sus artículos


“Artículo 64. Forma de iniciación del procedimiento y duración.

……

2. Cuando el procedimiento tenga por objeto la determinación de la posible existencia de una infracción de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica, se iniciará mediante acuerdo de inicio adoptado por propia iniciativa o como consecuencia de reclamación


Si el procedimiento se fundase en una reclamación formulada ante la Agencia Española de Protección de Datos, con carácter previo, esta decidirá sobre su admisión a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de esta ley orgánica”, cosa que no se ha hecho. 


Si la inexistente comunicación previa, antes mencionada, nos hubiera llegado, como es preceptiva, no se hubiera admitido a trámite o, al menos, podríamos haber tenido la opción, que nos asiste la Ley de defendernos, lo cual, queda constancia, que no tuvimos. Las admisión de la reclamación es notoriamente arbitraria y contraria a resoluciones de la misma AEPD, como la E/9130/2018 y otras igualmente claras. 


El único dato personal, NO profesional, al que se refiere el instructor está en el DNI que contiene una firma digital, pero impresa, en una demanda escaneada de un papel muy mal impreso que no podía detectarse ni digitalmente ni fácilmente a la vista, y ya fue suprimido ese único dato personal, porque todos los demás son puramente profesionales, públicos y publicables. El mismo instructor comprobó por sí mismo que en cuanto se me comunicó que aparecía ese número de DNI en el escaneado de la demanda, se suprimió tachándolo inmediatamente, y además, ese mismo dato por el que a mí se me quiere sancionar muy desproporcionadamente sigue publicado en Internet en el dominio del BOE, concretamente, en el documento PDF en https://www.boe.es/boe/dias/2005/01/12/pdfs/A01212-01257.pdf 


Si el reclamante tiene tanto interés en suprimir cualquier referencia a su DNI, debería empezar por reclamar al BOE, y en todo caso, el instructor debiera haber comprobado que lo que considera tan gravísimo, puede verse en en ese enlace con el que el reclamado no tiene nada que ver.


Yo he borrado ese dato inmediatamente, en cuanto me notificó la AEPD sin ninguna solicitud previa del reclamante. Sería interesante saber cuánto tarde el BOE en hacer lo mismo, pero en todo caso, es algo que hubiera debido tener muy en cuenta el instructor, y ha decidido ignorar por completo que ese dato personal del DNI del reclamante desde hace mucho tiempo está expuesto en una solicitud de subvención publicada en el BOE, y es perfectamente accesible desde Google. 


El instructor ha comprobado por sí mismo ese borrado total del DNI porque dice textualmente en la página 11: Pinchando en cada uno de los links, figura que la página no existe. Se documenta en expediente con nombre “acceso con dni”.  Y también ha comprobado el instructor que el DNI del reclamante sigue publicado en el BOE y en Google, en la página 9 textualmente así: “-Sobre el DNI de reclamante introducido en buscadores, manifiesta que no existe dicho dato en dominios o enlaces de su responsabilidad. Añade, que dicho dato aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado, aportando los links referidos a disposiciones publicadas en el de 12 de enero del 2005, sobre propuesta priorizada de concesión de créditos para estudiantes universitarios, curso 2003- 2004. Manifiesta que reclamante no se ha ocupado de haber eliminado ese enlace que le afecta”. Es decir, que el DNI del reclamante se sigue encontrando publicado en el BOE, y el instructor reconoce que tan pronto se nos notificó, se eliminó por completo cuando pudiera ser sancionable si se hubiera notificado antes o por la inexistente solicitud previa preceptiva que el reclamante no hizo ni consta solicitado nada parecido en todo el expediente”.


Además, para evidenciar más aún la arbitrariedad parcial, consta que en la AEPD se han inadmitido otras reclamaciones mucho más fundadas que la de supresión del DNI del abogado colegiado ejerciente FRANCISCO JAVIER FRANCH FLETA que ya no puede verse en ningún dominio que sea responsabilidad del reclamante, y sí en en el BOE. Por ejemplo, se reitera que en el EXP202205991 la AEPD inadmite una reclamación de otro abogado cuyo DNI se sigue viendo, al menos, en los dominios ESDOCS.COM, FDOCUMENTI.COM y FDOCUMENTS.ES según le consta a Mar España Martí, actual directora de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD. Por lo que parece, el abogado colegiado ejerciente FRANCISCO JAVIER FRANCH FLETA tiene muchos más derechos que el Dr. José Manuel López Iglesias, a quien pondremos por testigo frente a la arbitrariedad del instructor cuando podamos proponer prueba en sede judicial por tutela judicial efectiva. Y también parece que el dominio miguelgallardo.es tiene menos derechos que ESDOCS.COM, FDOCUMENTI.COM y FDOCUMENTS.ES.


Pero esa gravísima arbitrariedad de hecho y la presunta IGNORANCIA DELIBERADA del funcionario instructor Ángel Carralero Fernández no es la única que beneficia a la empresa Legal Eraser SL y a sus marcas y perjudica a un particular que va a tratar de agotar, hasta la tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, y aquí por interdicción de la arbitrariedad del artículo 9.3 de la Constitución Española.


2º El funcionario instructor Ángel Carralero Fernández arbitrariamente también obvia que los representantes de Legal Eraser SL y sus marcas TeBorramos y Honoralia están sistemáticamente abusando con muy mala fe, fraudulentamente, y coaccionando con llamadas hostiles, provocadoras, no solamente al aquí reclamado, sino a su abogado (al que el reclamante denunció de manera mendaz y maliciosa ante los colegios de abogados de Madrid y Valencia que archivaron sus calumniosas e injuriosas afirmaciones), y a personas con las que es público que se relaciona, como es el caso de Miguel Delgado González a quien el reclamante abogado colegiado ejerciente FRANCISCO JAVIER FRANCH FLETA, amenaza verbalmente pero no formaliza ninguna solicitud escrita. Como ya debiera saber el instructor, para acreditar esas llamadas hostigadoras de los reclamantes, Miguel Delgado González me ha autorizado a publicar dos correos en

http://www.cita.es/miguel-delgado-reclamante-1.pdf 

y

http://www.cita.es/miguel-delgado-reclamante-2.pdf 


Ninguno de los dos reclamantes ha enviado escrito alguno a Miguel Delgado. lo que evidencia su “modus operendi”, porque pretenden amedrentar con amenazantes y hostigadoras llamadas telefónicas pero no formalizan, ni precisan, en legal forma, lo que requieren censurar.


Las malas prácticas y el modus operandi del abogado reclamante, especialmente por acosadoras llamadas telefónicas, incluso con una querella por 7 delitos (CONTRA EL HONOR, DE LA ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSAS Y DE LA SIMULACIÓN DE DELITOS, DE RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS, y DE ESTAFA PROCESAL)  extremadamente mendaz y maliciosa que consta en la AEPD, con el contundente auto de archivo por inadmisión. El conjunto de actuaciones, desde enero de 2020, del abogado reclamante contra el aquí reclamado merece una tesis doctoral o, al menos, una recopilación en la que, lo más relevante e ilustrativo es, precisamente, lo que ahora se pretende censurar sancionando muy arbitrariamente.


El funcionario instructor Ángel Carralero Fernández concede únicamente 10 días de plazo a este reclamado, cuando conoce bien que nunca he recibido la preceptiva y previa solicitud por parte del reclamado, con un mes de plazo para contestarla o no. Parece que hasta en los plazos quiere reducir al mínimo todos los derechos y márgenes, concediendo al máximo todos los que puedan beneficiar al negocio de Legal Eraser SL con sus marcas TeBorramos y Honoralia.


No solamente no hay nada que rectificar, ni ningún dato que no sea notoriamente profesional, de quienes representan Legal Eraser SL, sino que el funcionario instructor Ángel Carralero Fernández reiteradamente hace valoraciones absolutamente impertinentes que pretenden proteger el honor de quienes se publicitan, incluso con su propia imagen en fotos y vídeos en varios medios de comunicación, en YouTube y en Twitter como es muy notorio. La AEPD no debe entrar en lo que es materia de la normativa para la rectificación, o valoraciones relativas al honor, más aún cuando el reclamante ha interpuesto varios procedimientos judiciales tanto por su propio honor, como por el de su empresa, como por quienes dice representar pero no consta representación alguna ni solicitud preceptiva con la copia del DNI de los supuestos reclamantes, por lo que todas las actuaciones son nulas.


Pero peor aún es que el funcionario instructor Ángel Carralero Fernández en todas sus valoraciones parece querer proteger de cualquier crítica el negocio censurador de Legal Eraser SL con sus marcas TeBorramos y Honoralia de manera que la resolución que aquí se denuncia como arbitraria y cuya nulidad se insta pretende sentar un precedente utilísimo para un negocio no solamente criticable, sino que debería ser inspeccionado eficazmente y sometido a la tutela judicial efectiva. En este sentido, es muy grave que el funcionario instructor Ángel Carralero Fernández haya ignorado por completo todo esto que debe constar en el expediente (se envió tanto a la atención de la subdirectora de inspección de datos como a la del funcionario instructor Ángel Carralero Fernández), así:

Atn. subdirectora de Protección de Datos Olga Pérez San Juan, directora Mar España Martí, secretaria general Mónica Bando Munugarren,  instructor Ángel Carralero Fernández y secretaria Cristina Gómez Piqueras escrito de oposición publicado en www.miguelgallardo.es/aepd-para-inadmitir-censura-teborramos.pdf 

cita.es/aepd-olga-perez-sanjuan-teborramos.pdf  cita.es/aepd-angel-carralero-fernandez-teborramos.pdf 

escrito en el que se le decía al instructor, textualmente, todo esto:

Basta leer la reclamación y escuchar las palabras de Su Señoría EMMA SANCHO GIMENO para comprobar que inquisitivamente, planteando muy perversa prueba diabólica de hechos negativos, se confunde y mezcla indebidamente los derechos personales, particulares y privados con los de la marca “TeBorramos” y la empresa Legal Eraser SL para la que trabajan, o colaboran, en una relación ya cuestionada por la Fiscalía que requirió, “motu proprio”, que se documentase (lo que puede ser objeto de otras críticas y actuaciones por el hecho de que, con un único empleado, Legal Eraser SL se jacte de haber borrado ya más de 450.000 enlaces según está acreditado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y por las publicaciones de “TeBorramos y que ya constan, al menos, al instructor Ángel Carralero Fernández y a las secretaria Cristina Gómez Piqueras en la AEPD). Este hecho evidencia por sí mismo una absoluta falta de legitimación activa por parte del abogado reclamante en relación a cuanto pueda decir, escribir o publicar el reclamado contra su empresa, por muy injurioso o calumnioso u ofensivo que pudiera resultarle, más aún cuando el aquí reclamado se defiende de demandas, denuncias, querellas y reclamaciones de todo tipo que ya le constan a la AEPD. La falta de legitimación activa del reclamante y de todos los empleados, colaboradores, abogados o administradores de Legal Eraser SL y de sus marcas TeBorramos y Honoralia es causa de nulidad radical de todas las pretensiones en las que un abogado reclame únicamente por el dato de su nombre, ampliamente publicado por él incluso en videos en YouTube claramente publicitarios, promocionando el negocio censurador de Teborramos y, también en redes sociales diversas (Twitter, LinkedIn muy notoriamente) instrumentalizando sus supuestos derechos personales, aunque sea por su pura actividad profesional publicitada, para la defensa de la empresa y las marcas para las que trabaja. Si se reconociera esa legitimación, las asesorías jurídicas de muchas empresas que ofrecen servicios de moralidad cuestionable también podrían instrumentalizar el honor de sus abogados para impedir que se publicara sobre ellas. El honor de una persona física no debe servir de escudo o parapeto para una marca, ni el del abogado demandante para “TeBorramos”, ni en ningún otro caso. Permitirlo una vez, sienta un peligroso precedente del que deben hacerse responsables todos los funcionarios de la AEPD que sirvan a ese descarado propósito comercial censurador de “TeBorramos”.


Se señalan aquí como fuente de prueba todos los procedimientos de la AEPD en los que ha intervenido el abogado reclamante Francisco Javier Franch Fleta o cualquier otro que se relacione con la marca “TeBorramos” o la empresa Legal Eraser SL desde que fue constituida y ofreció servicios que incluyen tramitar denuncias o reclamaciones de cualquier tipo ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD, diferenciando la protección de la privacidad de sus clientes, de la exposición profesional e incluso la publicidad con su propia imagen personal del reclamante, porque es responsabilidad de todos los funcionarios y cargos públicos de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD distinguirla.


La evolución y la tendencia de la AEPD favoreciendo el negocio de TeBorramos es indicio racional de arbitrariedad y este reclamado no solamente no renuncia al ejercicio de todos y cada uno de sus derechos, especialmente el amparado por el art. 20 de la CE, sino que declara abiertamente la sospecha de que esa arbitrariedad que beneficia a la empresa Legal Eraser SL tiene que ser investigada incluso por toda relación que pueda haber tenido el reclamante, al igual que todos y cada uno de los propietarios y administradores (especialmente Jesús Campos Giner), abogados (al menos, todos los que se han querellado, han demandado o denunciado al aquí reclamado así como todos los relacionados con la empresa Legal Eraser SL que han obtenido algún tipo de admisión por hechos o derechos que se hayan denegado en otros casos asemejables).


Este reclamante tiene la fundada sospecha de que abogados que trabajan para la empresa Legal Eraser SL se han relacionado con representantes del Ministerio Fiscal obteniendo beneficios para su negocio que otras empresas dedicadas a censurar no han conseguido, y es bastante probable que también se hayan relacionado con empleados públicos, funcionarios o altos cargos de la AEPD (se comenta que hay varios funcionarios y algún abogado del Estado relacionado con la AEPD que tienen relaciones aunque sean difíciles de evidenciar). De ser así, todo funcionario que intervenga en cualquier procedimiento que favorezca al negocio censurador de Legal Eraser SL o a sus marcas, o a sus clientes, o a sus propios colaboradores o al único empleado detectado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe reconocer cualquier tipo de trato o relación, porque ya hay un funcionario cliente de la marca TeBorramos condenado en firme penalmente por negociación y actividades prohibidas y cohecho continuado, como bien saben la directora Mar España Martí y otros funcionarios de la AEPD.


En todo caso, antes de admitir a trámite más reclamaciones a Francisco Javier Flanch Fleta o a cualquier otro individuo relacionado con Legal Eraser SL o TeBorramos u Honoralia solicitamos que se revise bien lo que ya consta en la AEPD así:


Dos Juzgados, y la Fiscalía, ya conocen lo que parece que la AEPD ignora de “la empresa Legal Eraser SL y TeBorramos Honoralia que muy notoriamente se jacta en de haber censurado ya, desde hace meses, más de 450.000 enlaces de Internet, según puede verse en 

https://cita.es/teborramos-valencia-plaza.pdf 

https://valenciaplaza.com/teborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet#:~:text=TeBorramos%20es%20una%20empresa%20valenciana,para%20empresas%20y%20particulares. 

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Eso supone un creciente negocio de más de 67.050.000 € (digo más de SESENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA MIL EUROS). Y lo más sospechoso es que según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ITSS (proponemos como testigos a CONCEPCIÓN SÁNCHEZ PALOMO y JOSÉ MANUEL MORA LARA, ambos funcionarios públicos en la ITSS de Valencia), esa censura masiva se produce con un único empleado, según https://cita.es/legal-eraser-inspeccionada.pdf 


Las cifras de las que se jactan los aquí reclamantes que operan con las marcas TeBorramos y Honoralia, incluso con su propia imagen personal en fotografías publicadas con sus nombres en varios medios de comunicación digital, así como en, al menos, LinkedIn, Twitter y YouTube son indicios racionales de presuntas censuras que pueden llegar a ser encubridoras (el encubrimiento es un delito potencialmente relacionado con la censura publicitada y garantizada “al mejor postor”, además de atentar contra el derecho fundamental del art. 20 de la CE y ser subsumible en el tipo delictivo del art. 542 del Código Penal.


La directora de la AEPD ha ignorado por completo toda la alegación SEGUNDA de mi recurso de reposición contra la acatada RESOLUCIÓN R/00528/2021 en la, entre otros hechos, se precisaron documentos en los que Google niega todo derecho al olvido al reclamante 1, pero sí se lo concede a los demás reconociendo que ya ha desindexado algunos enlaces, de los que los mencionados en las resoluciones de la AEPD. Google debe precisar lo que desindexa o no, porque el derecho al olvido se ejerce ante Google, y existe una absoluta falta de garantías que ni la AEPD, ni los Juzgados o Tribunales, ni menos aún, el Tribunal Constitucional, deben permitir, porque es evidente que se trata de una nueva forma de censura de hecho, que los reclamantes han convertido en un muy lucrativo negocio, al parecer, ignorado por la AEPD.


Repito que reitero aquí todo lo ya aportado a la AEPD en anteriores procedimientos iniciados por el mismo reclamante, y que señalo como fuente de prueba todos los archivos y registros de la misma AEPD en su relación con los intereses y el negocio censurador de Legal Eraser SL considerando que instrumentaliza a sus propios representantes y reclamantes para impedir que se pueda informar verazmente sobre hechos tan relevantes, incluso con alto interés jurídico doctrinal, como lo que verbalmente manifiesta Su Señoría EMMA SANCHO GIMENO en el video que el abogado reclamante Francisco Javier Flanch Fleta pretende censurar sin siquiera haberse tomado la molestia de reclamar antes a YouTube o a Google como nos consta que sabe hacer muy bien, y también le consta al instructor Ángel Carralero Fernández y secretaria Cristina Gómez Piqueras a quien ponemos por testigo de toda esta censura que ya ha concedido Google según puede verse en los enlaces

https://cita.es/google-censura-teborramos-1.pdf https://cita.es/google-censura-teborramos-2.pdf 

https://cita.es/google-censura-teborramos-3.pdf https://cita.es/google-censura-teborramos-4.pdf

https://cita.es/google-censura-teborramos-5.pdf https://cita.es/google-censura-teborramos-6.pdf

Todos en https://miguelgallardo.es/google-censura-teborramos-seis.pdf 

y posteriormente, con fecha 17.3.2022, se han recibido de Google otras 3 notificaciones retirando más páginas aún, censurando Google también todos los enlaces que constan en

https://cita.es/google-censura-teborramos-7.pdf https://cita.es/google-censura-teborramos-8.pdf https://cita.es/google-censura-teborramos-9.pdf que también han sido preservados todos esos 3 en https://miguelgallardo.es/google-censura-teborramos-tres.pdf 


Recientemente, después de ser emplazado por el instructor, con fecha 26 de julio de 2022, he recibido por correo electrónico las notificaciones de nuevas censuras de Google que yo mismo publico íntegras en

https://cita.es/google-censura-teborramos-10.pdf 

https://cita.es/google-censura-teborramos-11.pdf 

https://cita.es/google-censura-teborramos-12.pdf 

https://cita.es/google-censura-teborramos-13.pdf 

https://cita.es/google-censura-teborramos-14.pdf 

https://cita.es/google-censura-teborramos-15.pdf 


El instructor ignoró por completo las anteriores 9 notificaciones y quiero insistir en que se inspeccionen todas las censuras presuntamente instadas por la empresa Legal Eraser SL o sus representantes que están consiguiendo aparecer en muchos anuncios y publirreportajes con sus propios nombres y actividad profesional, así como en LinkedIn y Twitter promocionándose a sí mismos, al mismo tiempo que han conseguido que Google, a la que se pagan importantes sumas de dinero en anuncios AdWords, sistemáticamente elimine de los resultados del buscador cuanto los reclamantes les solicitan.


Es un hecho gravísimo completamente ignorado por el funcionario instructor Ángel Carralero Fernández que no parece haber actualizado sus primeras consultas a Google, porque esas 15 notificaciones de retiradas de contenido en Google son tan notorias, que parece que nadie puede encontrar en Google nada que no sea publicitario y elogioso hacia Legal Erarser SL y sus marcas TeBorramos y Honoralia o sus representantes como es muy fácilmente comprobable.


Este hecho debe ser muy tenido en cuenta por la AEPD, porque el instructor y todo el que en la AEPD impida que se publique información veraz de Legal Erarser SL y sus marcas TeBorramos y Honoralia o sus representantes se hace responsable de las consecuencias de que no se puedan conocer sus prácticas, y también, del agravio comparativo respecto a otras marcas y empresas, u otros expertos mencionados en el escrito anterior ya dirigido con este encabezamiento a la

Agencia Española de Protección de Datos AEPD en PS/00485/2021 

Atn. Directora Mar España Martí, secretaria general Mónica Bando Munugarren,  instructor Ángel Carralero Fernández y secretaria Cristina Gómez Piqueras alegaciones publicadas en www.miguelgallardo.es/aepd-alegaciones-censura.pdf

en el que el instructor debiera haber tenido muy en cuenta esto:

LEGAL ERASER SL con sus marcas TeBorramos y Honoralia, que compite, al menos, con lo que ofrecen Angélica Parente y Domenico Bianculli de Cyber Lex, Samuel Parra de ePrivacidad, Manuel Moreno de Borrame, o Javier Álvarez de Borrarmisdatos, o Rafael Gimeno-Bayón del Molino de Reputaciononlinelegal, o Miguel Juan Cobacho López de Salir de Internet, o David González Calleja en Delere, o Diego Sánchez en Eliminalia o Juan Ricardo Palacio Escobar de Reputaon Up con dominios en cyber-lex.com eprivacidad.es borrame.es borrarmisdatos.es reputaciononlinelegal.es salirdeinternet.com delere.es eliminalia.com reputaonup.com Pero es especialmente agresiva la que se publicita en Google AdWords con la marca TeBorramos y este anuncio

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(fin de la cita textual)

Y este sentido, quien aquí alega como reclamado, hace suyo todo lo que Xavier Salvador publica sobre un competidor de los reclamantes en

https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/zona-franca/eliminalia-derecho-olvido-google-fraude_325350_102.html 


Es muy relevante y aplicable aquí la STS 2873/2020 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH), que confirma la SAN 5045/2018, haciendo mías todas las motivaciones casacionales y las citas jurisprudenciales de ambas sentencias en todo lo aplicable a este recurso de casación por el derecho fundamental del art. 20 de la CE, citando lo siguiente:

Lo que se pretende rectificar o cancelar a través del derecho al olvido es la publicación en las plataformas de denuncia de fraude con los comentarios o experiencia de usuarios en relación con los servicios ofrecidos por la empresa inmobiliaria que dirige el recurrente. Se trata de dos diferentes sitios en los que se insertan los informes de los usuarios (anónimos) a los que se exige que confirmen la veracidad de la información, veracidad que no es contrastada por la plataforma, que ofrece al afectado la posibilidad de ofrecer su versión alternativa. En estos comentarios o quejas se relata por un cliente (a la que se añaden posteriores comentarios de otros) como se contactó con la empresa dirigida por el Sr. Segundo al que se critica abiertamente por su actitud y el deficiente servicio prestado. Así, aun cuando en la plataforma se designe el comentario expuesto por los usuarios como un "informe" y solicita a los que lo emiten que confirmen su veracidad, lo que llevaría en un principio a considerar que se trata de información de hechos, es lo cierto que de su lectura se desprende que lo que se exterioriza en las publicaciones no son sino versiones o relatos subjetivos, en las que el elemento preponderante es la opinión o el juicio de valor sobre la labor profesional del Sr. Segundo . De modo que las manifestaciones de los usuarios han de considerarse opiniones subjetivas que se enmarcan en la libertad de expresión y en esa medida, no opera ni incidir la veracidad del contenido como lo ha reiterado el TC al ser una exigencia que se refiere a la información comunicada. Respecto a GOOGLE, que gestiona del motor de búsqueda, su función es contribuir a hacer accesible la información y a facilitar el acceso y conocimiento de la opinión vertida por los usuarios. Como señala el Tribunal de Justicia "la finalidad de los hipervínculos es permitir a los usuarios de internet navegar hacia y desde el material en una red caracterizada por la disponibilidad de una inmensa cantidad de información contribuyen al buen funcionamiento de internet al hacer factible que la información sea accesible al enlazarla entre sí". En la Sentencia de 8 de septiembre de 2016 (C- 160/15) el TJUE ha declarado que "los hipervínculos contribuyen a su buen funcionamiento y al intercambio de opiniones y de información en esa red caracterizada por la disponibilidad de cantidades ingentes de información". GOOGLE, como proveedor que hace accesible la información ex artículo 20 CE debe retirar la noticia cuando se solicite al amparo del artículo 18. 44 CE, cuando contiene datos inexactos o erróneos como hemos dicho en nuestra Sentencia de 11 de enero de 2019 (RCA 5579/2017), o cuando lo publicado carezca ya de interés público, pero cuando lo que hacen las páginas es permitir el acceso a opiniones y juicios de valor, no podrá exigirse a GOOGLE que indague la veracidad de la opinión, ni de su contenido, salvo cuando claramente sean obsoletos o tengan un carácter injurioso o, supongan una descalificación objetiva que carezca de cualquier interés público o sea desproporcionada en el necesario juicio de ponderación.


Sin embargo, Google arbitrariamente censura en, al menos, 15 retiradas de muy numerosas docenas de enlaces que ha notificado al reclamado en los que únicamente información veraz y de interés público sobre su cliente Legal Eraser SL y sus marcas TeBorramos y Honoralia que pretenden, exactamente, lo mismo que la STS 2873/2020 describe textualmente así: “Lo que se pretende rectificar o cancelar a través del derecho al olvido es la publicación en las plataformas de denuncia de fraude”, pero en beneficio de quien paga importantes cantidades de dinero para publicitarse en el mismo Google. Este reclamado se reserva todos los derechos para reclamar, demandar o denunciar a Google por la muy arbitraria censura en favor de su cliente.


El funcionario instructor Ángel Carralero Fernández con estas claras arbitrariedades por acciones y omisiones siempre en beneficio de la empresa Legal Eraser SL y sus marcas TeBorramos y Honoralia está evidenciando parcialidad y arbitrario trato de favor sentando un precedente que beneficia a un negocio puramente censurador publicitado y publicitario por lo que merecería una inspección por lo dispuesto en el artículo 95 apartado j) del Estatuto Básico del Empleado Público y otras actuaciones sobre todo cuanto está beneficiando a Legal Eraser SL en la AEPD. Este reclamado se reserva todos los derechos al respecto.


3º El funcionario instructor Ángel Carralero Fernández también es arbitrariamente parcial, no solamente en beneficio del reclamante y su empresa Legal Eraser SL (que en modo alguno han acreditado perjuicio ni ningún daño que no se derive del derecho a la sana crítica hacia un negocio censurador con prácticas coactivas y amedrantadoras), sino que en su propuesta de sanción emite valoraciones falsas e incorrectas que indebidamente pretende que se tengan en cuenta ignorando todo cuanto pueda favorecer en su descargo al reclamado.


No hace más que repetir lo que sabe bien, porque ha comprobado, que se ha suprimido y que fue una pronta reacción a dos llamadas telefónicas hostiles, amenazantes, impertinentes y molestas de dos abogados ejercientes que parecen tener mucha práctica en amedrentar a la vista de los más de 450.000 enlaces que se jactan de haber censurado. Nunca se ha publicado el DNI de la abogada Sara Pastor Sanesteban que el que el funcionario instructor Ángel Carralero Fernández repite una y otra vez en una frase del reclamado sacada de contexto y escrita poco después de dos llamadas telefónicas coactivas.


Pero lo que es más grave y puede tener muy serias consecuencias es la perversión por inversión de las arbitrarias valoraciones del funcionario instructor Ángel Carralero Fernández que atribuyen algún tipo de beneficio al aquí reclamado. ES FALSO que yo haya obtenido beneficio alguno por publicar nada relativo a los profesionales o al funcionario público reclamado. Lo cierto es lo contrario, porque el acoso y la difamación que consta en los archivos y registros de la AEPD, incluso con insultos como “sociópata” y “obsesivo” además de imputaciones calumniosas de una querella por 7 delitos (CONTRA EL HONOR, DE LA ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSAS Y DE LA SIMULACIÓN DE DELITOS, DE RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS, y DE ESTAFA PROCESAL) de los reclamantes y 3 demandas por el honor en Gandía, Valencia y Gavá (Barcelona), donde tiene su domicilio el jefe del equipo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las Islas Baleares (es muy curioso que no lo tenga en Palma de Mallorca) ha obligado a dedicar mucho tiempo y esfuerzo, con algunos gastos, a contestar todo tipo de artimañas procesales que conoce, o debería conocer el funcionario instructor Ángel Carralero Fernández si hubiera leído y comprendido el alcance del escrito dirigido a la 

Agencia Española de Protección de Datos AEPD escrito de oposición a la admisión del Expediente N.º: EXP202205446 Atn. subdirectora de Protección de Datos Olga Pérez San Juan, directora Mar España Martí, secretaria general Mónica Bando Munugarren,  instructor Ángel Carralero Fernández y secretaria Cristina Gómez Piqueras escrito de oposición publicado en www.miguelgallardo.es/aepd-para-inadmitir-censura-teborramos.pdf 

cita.es/aepd-olga-perez-sanjuan-teborramos.pdf  cita.es/aepd-angel-carralero-fernandez-teborramos.pdf

y como ese relevante escrito ha sido ignorado, reitero aquí todo esto:

Antes de admitir a trámite la reclamación solicito que todo funcionario que informe sobre ella, y más aún quien firme la resolución, vea completo el video de la vista y señale con precisión inequívoca cuál es el dato impublicable, considerando los antecedentes, las circunstancias y la trascendencia de lo que dice Su Señoría EMMA SANCHO GIMENO porque esencialmente, señala bien el motivo de inadmisión de todas las reclamaciones, demandas, denuncias y querellas de Legal Eraser SL con sus marcas TeBorramos y Honoralia en las que instrumentaliza los supuestos derechos de sus colaboradores para simular un falso prestigio en la defensa de unos derechos que no son tales, sino puros y duros intereses comerciales del negocio censurador más cuestionable.


Basta leer la reclamación y escuchar las palabras de Su Señoría EMMA SANCHO GIMENO para comprobar que inquisitivamente, planteando muy perversa prueba diabólica de hechos negativos, se confunde y mezcla indebidamente los derechos personales, particulares y privados con los de la marca “TeBorramos” y la empresa Legal Eraser SL para la que trabajan, o colaboran, en una relación ya cuestionada por la Fiscalía que requirió, “motu proprio”, que se documentase (lo que puede ser objeto de otras críticas y actuaciones por el hecho de que, con un único empleado, Legal Eraser SL se jacte de haber borrado ya más de 450.000 enlaces según está acreditado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y por las publicaciones de “TeBorramos y que ya constan, al menos, al instructor Ángel Carralero Fernández y a las secretaria Cristina Gómez Piqueras en la AEPD). Este hecho evidencia por sí mismo una absoluta falta de legitimación activa por parte del abogado reclamante en relación a cuanto pueda decir, escribir o publicar el reclamado contra su empresa, por muy injurioso o calumnioso u ofensivo que pudiera resultarle, más aún cuando el aquí reclamado se defiende de demandas, denuncias, querellas y reclamaciones de todo tipo que ya le constan a la AEPD. La falta de legitimación activa del reclamante y de todos los empleados, colaboradores, abogados o administradores de Legal Eraser SL y de sus marcas TeBorramos y Honoralia es causa de nulidad radical de todas las pretensiones en las que un abogado reclame únicamente por el dato de su nombre, ampliamente publicado por él incluso en videos en YouTube claramente publicitarios, promocionando el negocio censurador de Teborramos y, también en redes sociales diversas (Twitter, LinkedIn muy notoriamente) instrumentalizando sus supuestos derechos personales, aunque sea por su pura actividad profesional publicitada, para la defensa de la empresa y las marcas para las que trabaja. Si se reconociera esa legitimación, las asesorías jurídicas de muchas empresas que ofrecen servicios de moralidad cuestionable también podrían instrumentalizar el honor de sus abogados para impedir que se publicara sobre ellas. El honor de una persona física no debe servir de escudo o parapeto para una marca, ni el del abogado demandante para “TeBorramos”, ni en ningún otro caso. Permitirlo una vez, sienta un peligroso precedente del que deben hacerse responsables todos los funcionarios de la AEPD que sirvan a ese descarado propósito comercial censurador de “TeBorramos”.


Se señalan aquí como fuente de prueba todos los procedimientos de la AEPD en los que ha intervenido el abogado reclamante Francisco Javier Franch Fleta o cualquier otro que se relacione con la marca “TeBorramos” o la empresa Legal Eraser SL desde que fue constituida y ofreció servicios que incluyen tramitar denuncias o reclamaciones de cualquier tipo ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD, diferenciando la protección de la privacidad de sus clientes, de la exposición profesional e incluso la publicidad con su propia imagen personal del reclamante, porque es responsabilidad de todos los funcionarios y cargos públicos de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD distinguirla.


La evolución y la tendencia de la AEPD favoreciendo el negocio de TeBorramos es indicio racional de arbitrariedad y este reclamado no solamente no renuncia al ejercicio de todos y cada uno de sus derechos, especialmente el amparado por el art. 20 de la CE, sino que declara abiertamente la sospecha de que esa arbitrariedad que beneficia a la empresa Legal Eraser SL tiene que ser investigada incluso por toda relación que pueda haber tenido el reclamante, al igual que todos y cada uno de los propietarios y administradores (especialmente Jesús Campos Giner), abogados (al menos, todos los que se han querellado, han demandado o denunciado al aquí reclamado así como todos los relacionados con la empresa Legal Eraser SL que han obtenido algún tipo de admisión por hechos o derechos que se hayan denegado en otros casos asemejables).


Este reclamante tiene la fundada sospecha de que abogados que trabajan para la empresa Legal Eraser SL se han relacionado con representantes del Ministerio Fiscal obteniendo beneficios para su negocio que otras empresas dedicadas a censurar no han conseguido, y es bastante probable que también se hayan relacionado con empleados públicos, funcionarios o altos cargos de la AEPD (se comenta que hay varios funcionarios y algún abogado del Estado relacionado con la AEPD que tienen relaciones aunque sean difíciles de evidenciar). De ser así, todo funcionario que intervenga en cualquier procedimiento que favorezca al negocio censurador de Legal Eraser SL o a sus marcas, o a sus clientes, o a sus propios colaboradores o al único empleado detectado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe reconocer cualquier tipo de trato o relación, porque ya hay un funcionario cliente de la marca TeBorramos condenado en firme penalmente por negociación y actividades prohibidas y cohecho continuado, como bien saben la directora Mar España Martí y otros funcionarios de la AEPD.


En todo caso, antes de admitir a trámite más reclamaciones a Francisco Javier Flanch Fleta o a cualquier otro individuo relacionado con Legal Eraser SL o TeBorramos u Honoralia solicitamos que se revise bien lo que ya consta en la AEPD así:


Dos Juzgados, y la Fiscalía, ya conocen lo que parece que la AEPD ignora de “la empresa Legal Eraser SL y TeBorramos Honoralia que muy notoriamente se jacta en de haber censurado ya, desde hace meses, más de 450.000 enlaces de Internet, según puede verse en 

https://cita.es/teborramos-valencia-plaza.pdf 

https://valenciaplaza.com/teborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet#:~:text=TeBorramos%20es%20una%20empresa%20valenciana,para%20empresas%20y%20particulares. 

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Eso supone un creciente negocio de más de 67.050.000 € (digo más de SESENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA MIL EUROS). Y lo más sospechoso es que según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ITSS (proponemos como testigos a CONCEPCIÓN SÁNCHEZ PALOMO y JOSÉ MANUEL MORA LARA, ambos funcionarios públicos en la ITSS de Valencia), esa censura masiva se produce con un único empleado, según https://cita.es/legal-eraser-inspeccionada.pdf 


Las cifras de las que se jactan los aquí reclamantes que operan con las marcas TeBorramos y Honoralia, incluso con su propia imagen personal en fotografías publicadas con sus nombres en varios medios de comunicación digital, así como en, al menos, LinkedIn, Twitter y YouTube son indicios racionales de presuntas censuras que pueden llegar a ser encubridoras (el encubrimiento es un delito potencialmente relacionado con la censura publicitada y garantizada “al mejor postor”, además de atentar contra el derecho fundamental del art. 20 de la CE y ser subsumible en el tipo delictivo del art. 542 del Código Penal.


La directora de la AEPD ha ignorado por completo toda la alegación SEGUNDA de mi recurso de reposición contra la acatada RESOLUCIÓN R/00528/2021 en la, entre otros hechos, se precisaron documentos en los que Google niega todo derecho al olvido al reclamante 1, pero sí se lo concede a los demás reconociendo que ya ha desindexado algunos enlaces, de los que los mencionados en las resoluciones de la AEPD. Google debe precisar lo que desindexa o no, porque el derecho al olvido se ejerce ante Google, y existe una absoluta falta de garantías que ni la AEPD, ni los Juzgados o Tribunales, ni menos aún, el Tribunal Constitucional, deben permitir, porque es evidente que se trata de una nueva forma de censura de hecho, que los reclamantes han convertido en un muy lucrativo negocio, al parecer, ignorado por la AEPD.


Repito que reitero aquí todo lo ya aportado a la AEPD en anteriores procedimientos iniciados por el mismo reclamante, y que señalo como fuente de prueba todos los archivos y registros de la misma AEPD en su relación con los intereses y el negocio censurador de Legal Eraser SL considerando que instrumentaliza a sus propios representantes y reclamantes para impedir que se pueda informar verazmente sobre hechos tan relevantes, incluso con alto interés jurídico doctrinal, como lo que verbalmente manifiesta Su Señoría EMMA SANCHO GIMENO en el video que el abogado reclamante Francisco Javier Flanch Fleta pretende censurar sin siquiera haberse tomado la molestia de reclamar antes a YouTube o a Google como nos consta que sabe hacer muy bien, y también le consta al instructor Ángel Carralero Fernández y secretaria Cristina Gómez Piqueras a quien ponemos por testigo de toda esta censura que ya ha concedido Google según puede verse en los enlaces

https://cita.es/google-censura-teborramos-1.pdf https://cita.es/google-censura-teborramos-2.pdf 

https://cita.es/google-censura-teborramos-3.pdf https://cita.es/google-censura-teborramos-4.pdf

https://cita.es/google-censura-teborramos-5.pdf https://cita.es/google-censura-teborramos-6.pdf

Todos en https://miguelgallardo.es/google-censura-teborramos-seis.pdf 

y posteriormente, con fecha 17.3.2022, se han recibido de Google otras 3 notificaciones retirando más páginas aún, censurando Google también todos los enlaces que constan en

https://cita.es/google-censura-teborramos-7.pdf https://cita.es/google-censura-teborramos-8.pdf https://cita.es/google-censura-teborramos-9.pdf que también han sido preservados todos esos 3 en https://miguelgallardo.es/google-censura-teborramos-tres.pdf 


Por lo expuesto, como mejor proceda se SOLICITA que teniendo por presentado este escrito de oposición a la admisión a trámite de la reclamación censuradora del abogado Francisco Javier Franch Fleta en su propio nombre, y nada más que en su propio nombre, la inadmita considerando lo manifiestado por Su Señoría EMMA SANCHO GIMENO en vista pública y todo lo que ya consta en la AEPD, en especial, sobre el mismo reclamante y la empresa Legal Eraser SL con sus marcas TeBorramos y Honoralia así como por los mismos motivos que se inadmitió la que la AEPD con N/Ref.: EXP202205991.


OTROSÍ 1 DIGO que en caso de que se admitiera a trámite, este reclamado insta a que se suspendan éste y todos los procedimientos iniciados por el reclamante, al menos, el PS/00485/2021 hasta que Google o YouTube resuelva sobre las pretensiones del reclamante y todos los demás representantes, representados o clientes de la empresa Legal Eraser SL TeBorramos Honoralia considerando la doble arbitrariedad pública y privada que parece favorecer el negocio censurador con presuntos encubrimientos delictivos, y en todo caso, que se requiera informe detallado a Google y YouTube sobre lo ya censurado al aquí reclamado a instancias del reclamante u otros representantes de su empresa, con más motivo aún por su querella y las diversas demandas judiciales como la que se pretende censurar.


OTROSI 2 DIGO que si se admite a trámite la reclamación, se precise inequívocamente qué es lo que cree tener derecho a censurar el reclamante porque cualquier dato que no sea censurable y la AEPD requiera que se censure debe dar lugar a indemnizaciones por nuevas reclamaciones de responsabilidad patrimonial para los perjudicados.


OTROSI 3 DIGO que a la vista del negocio del reclamante y su empresa que instrumentaliza a la AEPD para promover su propia imagen y el fondo de comercio de su empresa como conocen, al menos, el instructor Ángel Carralero Fernández y la secretaria Cristina Gómez Piqueras, al menos en el PS/00485/2021 y con toda probabilidad, otros empleados públicos de la AEPD, solicito que se precise toda relación entre la AEPD y el reclamante así como con otros representantes de la empresa Legal Eraser SL en reclamaciones para sí mismos, o para otros, porque la actuación de los profesionales de la censura que se personan en docenas de procedimientos de la AEPD merece la máxima transparencia, más aún cuando aquí la requiere un reclamado. 


Todo ello sin prejuicio ni renuncia de ningún otro derecho o acción que corresponda en fecha de registro de este PDF que consta de 6 páginas.


La ignorancia inexcusable, y más aún si fuera presunta ignorancia deliberada del funcionario instructor Ángel Carralero Fernández, de cuanto pudiera beneficiar al aquí reclamado justifica los requerimientos de pruebas documentales y testificales por tutela judicial efectiva.


4º En este mismo sentido, la cuantía que arbitrariamente propone el funcionario instructor Ángel Carralero Fernández es absolutamente desproporcionada, más aún considerando que el reclamado es un particular que ejerce muy prudentemente su derecho a dar y recibir información veraz y a expresar libremente opiniones, bastante prudentes y bien medidas, más aún en comparación de las calumnias, injurias e insultos del reclamante que constan en la AEPD, pero lo más grave, además de FALSAMENTE ATRIBUIR ALGÚN BENEFICIO AL RECLAMADO (está muy claro que lo cierto es justo lo contrario porque es el reclamante quien se está beneficiando, y mucho, de un negocio publicitado que se jacta de haber eliminado 450.000 enlaces cobrando desde 149 euros y también está muy claro que el ejercicio del derecho a dar y recibir información veraz le sale carísimo al reclamado).


Pero, además, para fijar la cuantía de una sanción no solamente se ha de tener en cuenta lo que, de manera muy parcial y sospechosamente arbitraria, el funcionario instructor Ángel Carralero Fernández, sino que también la situación económica y los ingresos del reclamado, que por los enlaces que menciona en su propuesta, debe de saber y solicito que considere expresamente, que TENGO RECONOCIDO EL DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA EN TODOS Y CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN LOS QUE LO HE SOLICITADO, INCLUYENDO LOS 3 INICIADOS POR DEMANDA DEL RECLAMADO Y SUS SUPUESTOS REPRESENTADOS (CUYA REPRESENTACIÓN NO CONSTA EN ESTE PROCEDIMIENTO).


Se adjuntan varios documentos CONFIDENCIALES para acreditar la muy modesta economía y el derecho a la Justicia Gratuita que tengo reiteradamente reconocido siempre que lo he solicitado, sin excepción alguna, para el conocimiento y efectos de todos los que intervengan en este PS/00485/2021 para que, si no se anulan las actuaciones por los motivos reiteradamente expuestos y fundamentados, se reduzca al mínimo posible precisando qué está prohibido publicar del reclamante y sus supuestos representados (sin acreditarlo en estas actuaciones).


y 5º Por último, lo más inaceptable de cuanto firma y afirma el  el funcionario instructor Ángel Carralero Fernández es textualmente esto: “El grado de responsabilidad del responsable es muy relevante, considerando además, que en su pagina web indica que ha cursado estudios relacionados con las materias de informática, especialidad pericial forense (FACEBOOK)”. ESE COMENTARIO EVIDENCIA POR SÍ MISMO UNA ARBITRARIEDAD Y PARCIALIDAD CONTRA EL RECLAMADO. No se sabe qué ha leído para hacer esa valoración subjetiva y muy desconsiderada. Miguel Ángel Gallardo Ortiz desde los años 80 ha publicado en numerosas revistas y libros sobre criptología, seguridad informática y controversias muy diversas relacionadas con las tecnologías más sensibles. He investigado y publicado en mi tesis doctoral dos tipos de perversiones que el instructor debería conocer y diferenciar mucho mejor, porque pretende secretizar un negocio censurador de interés público al mismo tiempo que la AEPD está ignorando espionajes masivos como el de Pegasus de NSO Group que he denunciado desde 2019 como reconoce la subdirectora de Protección de Datos Olga Pérez Sanjuán. Son varias las sanciones que la agencia ha cobrado de empresas como Google (yo denuncié el espionaje masivo de redes Wi-Fi en el “Street View” de Google) y Mercadona (yo denuncié la ilegalidad de la videovigilancia con reconocimiento facial del sistema AnyVision) por denuncias que yo he presentado en mi propio nombre y derecho y con APEDANICA. Es decir, que si el funcionario instructor Ángel Carralero Fernández me reconoce algún conocimiento, debería considerar, al menos, lo que he publicado en mi tesis https://www.miguelgallardo.es/tesis.pdf 


1.3.2 Representación y “desrepresentación” entre lo público y lo íntimo 

6. SOBRE EL DERECHO A SABER Y EL DERECHO A QUE NO SE SEPA

6.1 EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

6.2 LA LEY DE TRANSPARENCIA

6.3 EL DERECHO AL OLVIDO


Si mi tesis doctoral ha de servir para algo, y yo pudiera dedicarme a investigar más con mi muy modesta economía y recursos materiales bien limitados (reitero que la documentación adjunta acredita tanto el derecho a la Justicia Gratuita que tengo reconocido en todos los litigios por demandas del reclamante y sus supuestos representados) lo haría sobre el daño que la censura pagada con abusos de derechos y muy erróneas aplicaciones del “derecho al olvido” ya está haciendo a la sociedad en beneficio de auténticos delincuentes que pagan fortunas para impedir que podamos conocer lo que debería estar bien publicado y al alcance de todos. Tanto Google como la AEPD, y en particular el funcionario instructor Ángel Carralero Fernández, están pervirtiendo en beneficio del más rico y poderoso el derecho a dar y recibir información veraz, provocando gastos y complicaciones a quien tiene una muy modesta economía y no se beneficia en absoluto ejercer los derechos que emanan de los artículos 20, 24, 105 y 120 de la Constitución en relación al negocio que de manera parcial, arbitraria e injusta se está favoreciendo al censurar administrativamente, con falsedades y falacias descaradas, o por el desindexado masivo de Google a petición de su cliente de publicidad con anuncios AdWords, cientos de miles de documentos sin tutela judicial efectiva alguna para ello, arbitrariamente.


En resumen, hay, al menos, 3 arbitrariedades que merecen la interdicción con nulidad de todo lo actuado. La primera, por admitir una reclamación sin la comunicación previa al reclamado con copia de los apoderamientos y el DNI de las supuestas representaciones “AD HOC”, la segunda por el trato de favor para beneficios indebidos de la muy publicitada empresa Legal Eraser SL con sus marcas TeBorramos y Honoralia por parte de la AEPD y particularmente del instructor, y la tercera arbitrariedad por un desproporcionado perjuicio al reclamado que el instructor pretende censurar y represaliar ignorando hechos muy relevantes, y entre ellos, que no ha obtenido beneficio alguno y que sus recursos económicos son tan escasos que siempre ha tenido el beneficio de la Justicia Gratuita cuando lo ha solicitado. Y es muy repugnante la extremadamente parcial mención que se hace sobre lo que este reclamado sabe, sin cita alguna, e ignorando que he dedicado buena parte de mi vida académica, precisamente, a combatir las violaciones de intimidad o el uso indebido de datos personales con la misma o más convicción aún que la censura de hechos publicables de negocios bien criticables y actividades profesionales bien lucrativas o funciones públicas e incluso condenas penales por corrupción, por los que se puede llegar a incurrir en delitos tipificados en los artículos 538 y 542 del Código Penal por censura previa ilegal, e incluso, por un posible encubrimiento de otros delitos que se paga por ocultar en Google.


La interdicción de las arbitrariedades se fundamenta en el artículo 9.3 de la Constitución Española y también en abundante jurisprudencia, incluyendo sentencias que estiman recursos contra las resoluciones arbitrarias de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD como es el caso, entre otras, de la SAN 1863/2021 Ponente: FERNANDO DE MATEO MENENDEZ, que estima un recurso contra una arbitraria sanción de la AEPD con multa de 12.000 euros, y dice textualmente:


El art. 9 de la Constitución en su apartado 3 establece que: "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".


SOLICITO: por lo expuesto, reiterando todo lo ya solicitado anteriormente por este reclamado que ha sido arbitrariamente ignorado por el funcionario instructor Ángel Carralero Fernández, y considerando todos los DOCUMENTOS CONFIDENCIALES que se adjuntan, INSTO LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO CON DENUNCIA POR LA OMISIÓN E IGNORANCIA INEXCUSABLE aplicando lo dispuesto en el CAPÍTULO III “Nulidad y anulabilidad” artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como por los artículos 12.1, 12.2 y 12.6 del RGPD y precedentes, entre otros posteriores y por  la interdicción de las arbitrariedades señaladas (artículo 9.3 de la Constitución Española), en el procedimiento de la AEPD núm. E/9130/2018 y la inadmisión del EXP202205991 como precedentes relevantes AD HOC, entre otros, y SOLICITO que se tenga por presentado este PDF con los documentos CONFIDENCIALES que se adjuntan y registran para archivar inmediatamente la reclamación del PS/00485/2021 que nunca debió ser admitida por la AEPD. 


OTROSI 1 digo, que solicito que la secretaria de este procedimiento Cristina Gómez Piqueras y también la secretaria general de la AEPD Mónica Bando Munugarren, proporcionen copia completa y actualizada de todo el expediente, incluyendo este escrito con los documentos CONFIDENCIALES que se adjuntan y registran, y testimonien con fe pública la solicitud previa preceptiva que yo nunca recibí, ni consta, en la copia del expediente que se me proporcionó por el instructor, o bien que certifiquen su inexistencia.


OTROSI 2 digo, que solicito a la subdirectora de Protección de Datos Olga Pérez Sanjuán que incorpore este escrito al EXP202205446 iniciado por el mismo reclamante, para su inadmisión por los mismos motivos aquí expuestos, y que la AEPD abra una investigación sobre todas las arbitrariedades y tratos de favor de los que se ha beneficiado el reclamante o su empresa actuando contra los abusos del “derecho al olvido” para publicitar y vender censura en Google, en perjuicio del derecho a dar y recibir información veraz de cierto interés.



@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf