APEDANICA hace responsables a fiscales censuradores e Inspección de la Fiscalía General del Estado FGE de la censura de Legal Eraser SL TeBorramos

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Jurídico 17 Octubre 2021 339 Votos Correo electrónico Imprimir
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@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf 

 

Inspección de la Fiscalía General del Estado FGE por EG 236/21 en www.miguelgallardo.es/fiscal-maria-antonia-sanz-gaite-reponiendo.pdf  

https://cita.es/fiscal-maria-antonia-sanz-gaite-reponiendo-enviado.pdf 

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, diplomado en Altos Estudios Internacionales y presidente desde 1992 de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), como mejor proceda presenta potestativo recurso de reposición contra el decreto firmado por María Antonia Sanz Gaite que con fecha 15.9.21 envió José Hidalgo García en EG 236/21 y puede verse en https://cita.es/fiscal-maria-antonia-sanz-gaite.pdf con las siguientes ALEGACIONES:

1ª El Expediente Gubernativo 236/21 no ha entrado, ni mucho menos, en el fondo del asunto, ni de ningún asunto, de los denunciados relacionados con el entramado de empresas del que forma parte Legal Eraser SL y las marcas TeBorramos u Honoralia ni en sus relaciones con funcionarios públicos como el condenado por corrupción Miguel Ángel Montero de Espinosa Solbes, ni con ninguno de los fiscales que parecen apoyarlo muy eficazmente. La ignorancia inexcusable de varios fiscales, y en especial, de José Francisco Ortiz Navarro, parece hacerse extensiva a María Antonia Sanz Gaite y José Hidalgo García.

 

2ª La resolución que aquí se recurre corta y pega con erratas (desde el hecho ¿“único”? al que sigue un “segundo” y un “tercero”) vaguedades (“quedan generalmente fuera de las atribuciones…” interpretando lo peor del reglamento de 1969, como pretextos para inhibirse sin poner siquiera en duda el anómalo funcionamiento de la Fiscalía en Valencia) que por sí mismas evidencian evasivas estereotipadas que obvian toda irregularidad y los muy numerosos indicios racionales de colusiones y conflictos de intereses contra el ejercicio de derechos fundamentales que ya se han puesto en conocimiento de la Inspección Fiscal, cuyos Expedientes Gubernativos deberían servir, precisamente, para conocer acciones, omisiones y disfunciones de Fiscalías Provinciales, pues «Con la finalidad de individualizar y lograr la mejor ordenación de la actividad de la Inspección Fiscal en los diversos incidentes procedimentales de diversa índole en que interviene, así como para su debida constancia, se registrarán como expedientes gubernativos a todas aquellas actuaciones que exigiendo alguna comprobación, dictamen, informe o comunicación sustancial por parte de la Inspección Fiscal, no encuentren encaje específico de trámite en otros procedimientos como diligencias de Inspección Fiscal, informativas o expedientes disciplinarios.». No es necesario ser doctor en nada, ni criminólogo, para detectar muy graves errores de concepto en la resolución que se recurre, porque toda inspección, incluyendo en la FGE, tiene por principio una función que no puede estar tasada ni limitada ni condicionada, por ninguno de sus pretextos estereotipados evasivos y vagos, opuestos a toda definición de la palabra “inspección”.

 

3ª Las acciones, omisiones y disfunciones de los representantes del Ministerio Fiscal que se relacionan con el entramado de empresas del que forma parte Legal Eraser SL y las marcas TeBorramos u Honoralia así como con sus ¿empleados? (no es una cuestión menor si son empleados o son comisionistas o precarios o falsos autónomos) y sus clientes (¿cuántos más han sido condenados por delitos de corrupción como el inspector de Trabajo y Seguridad Social Miguel Ángel Montero de Espinosa Solbes?) tienen consecuencias jurídicas graves, incluso en el ámbito internacional. Véase lo que conoce la Fiscalía de Valencia y publica por el periodista Alek Boyd sobre Alex Saab y otros en

https://infodio.com/docs/teborramos-sara-pastor-carlos-enrique-gabaldon-vivas.pdf  https://infodio.com/docs/teborramos-sara-pastor-carlos-enrique-gabaldon-vivas2.pdf  

en relación a la información en inglés que pretendían suprimir y sigue publicada en https://infodio.com/060116/pdvsa/trenaco/alex/saab  

recopilados y aportados a la Fiscalía como https://cita.es/D3.pdf con la nota de prueba que ya tiene la Fiscalía y también puede verse en

https://www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-teborramos.pdf

que tiene, al menos, la fiscal Rosa Pastor Borgoñón, para comprender el alcance de sus actuaciones descaradamente apoyadas por varios fiscales, como es el caso de Vicente Devesa Barrachina de quien se ocultan informes extremadamente relevantes para el derecho a dar y recibir información veraz de interés público que, en todo caso, son responsabilidad del fiscal-jefe José Francisco Ortiz Navarro.

 

3ª El negocio de la censura publicitada en Google ha llegado hasta desindexar sentencias del Tribunal Constitucional como también hemos puesto en conocimiento del Fiscal de Sala Jefe Pedro Crespo Barquero según https://www.cita.es/fiscal-tribunal-constitucional-google.pdf 

y consta en la Fiscalía de Gavá que recibió nuestra nota de prueba en https://cita.es/gava/nota.pdf

 

4ª No quisiéramos que nadie en la Inspección de la Fiscalía General del Estado FGE se sintiera personalmente ofendido si, a la vista de cuanto ya hemos aportado, recordamos a sus inspectores el síndrome de la “rana hervida”, fábula escrita por el francés Oliver Clerc, que se puede adaptar perfectamente a esta situación y contexto para describir lo que en muy pocos años se ha desarrollado en Valencia como negocio censurador al mejor postor, contra todos los principios que todos los fiscales debieran defender, al menos, por DOCTRINA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Instrucción 3/2005, de 7 de abril, sobre las relaciones del Ministerio Fiscal con los medios de comunicación. Referencia: FIS-I-2005-00003 que por su interés recomendamos leer y releer a todos los fiscales que se relacionen con el negocio de la censura presuntamente garantizada y publicitada en Google como parece que todavía ningún fiscal ha visto, o al menos, ninguno parece haber comprendido con una elemental perspectiva criminológica. Esa instrucción la publicamos y referenciamos a los fiscales que parecen apoyar eficazmente con acciones u omisiones ese perverso negocio, muy valenciano, en https://www.cita.es/fiscales-censuradores.pdf 

 

Pero además de esa Instrucción 3/2005, los fiscales en Valencia parecen ignorar sistemáticamente toda esta relevante jurisprudencia SAN 1702/2012 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/785c77523a5ac22e/20120502 

que por su interés y muy especial relevancia ya fue citada según consta en el expediente y está publicada en https://www.cita.es/sentencia.pdf 

El recurrente ejercía, a juicio de este Tribunal, su derecho a informar sobre una actividad que consideraba ilícita cometida por funcionarios públicos. La información proporcionada era veraz (o al menos no podía considerarse gratuita o notoriamente infundada), estaba documentada y tenía interés general y relevancia pública, afectando a personas que en su condición de funcionarios públicos y con cargos importantes en la Universidad tiene una clara proyección pública atendiendo al puesto que ocupaban y al servicio que prestaban.  

Es por ello que la utilización de los datos de los denunciantes, estaba amparada por el ejercicio de la libertad de expresión e información del recurrente y la falta de consentimiento de los afectados está justificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la LOPD, sin que por ello puede entenderse que su conducta constituya infracción administrativa alguna en materia de protección de datos. 

 

y peor aún es que ignoren la más reciente, en ese mismo sentido SAN 3647/2021 (ponente MARIA LUZ LOURDES SANZ CALVO) que dice:

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bf78af5b74c8a13b/20210916 

En concreto, el enlace http://www.rtvc.es/noticias/piden-14-anos-para-dos-policias-nacionales-acusados-defalsear-pruebas-184006.aspx#.XudS90UZAUk  remite a una noticia de televisión canaria que lleva por título "piden 14 años para dos policías nacionales acusados de falsear pruebas", publicada el 6 de julio de 2018 - página 21 del expediente- y cuenta que la Audiencia Provincial de Las Palmas celebra juicio contra dos agentes de la policía nacional, uno de ellos Erasmo como presuntos autores de delitos de falsedad en documento público, denuncia falsa y detención ilegal, por delitos cometidos hace 14 años, por unos hechos que se remontan a 2004. Añade que el juicio oral ya se celebró pero años más tarde el Tribunal Supremo suspendió la sentencia y ahora llega a los Juzgados de Puerto del Rosario.

El enlace restante https://www.canarias7.es/hemeroteca/suspendido-el-juicio-el-robo-de-la caja-fuerte-de-elmatorral-en-2010-MBCSN348271 conduce a una noticia publicada en canarias 7, el 11 de septiembre de 2014 que lleva por título "Suspendido el juicio del robo de la caja fuete de El Matorral en 2010" por incomparecencia de cuatro testigos e informa sobre el procedimiento seguido contra el recurrente y otros tres acusados por un robo con fuerza, en dicha noticia se dice que Erasmo cumple prisión preventiva por once presuntos delitos acaecidos en 2013 y estaba previsto que declarara por videoconferencia. Se trata de un procedimiento distinto que el anterior. Es decir, se trata de URLs que hacen referencia al demandante policía nacional en Canarias, en relación con su actividad profesional como tal policía nacional, circunstancia que ha sido especialmente destacada por la Sala como muy relevante para modular la intensidad que ha de merecer la protección del derecho regulado en el artículo 18.4 de la Constitución, criterio confirmado por el Tribunal Supremo en dos Sentencias de 17 de septiembre de 2020 (Recs. 1733/2019 y 2099/2019), que confirman sendas Sentencias de esta Sala de 14 de diciembre de 2018 (Rec. 520/2017) y de 27 de diciembre de 2018 (Rec. 544/2017).

 

SAN 2181/2021 (ponente FELISA ATIENZA RODRIGUEZ)

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/876143cdf0baba38/20210615 

Debemos añadir, que no existe constancia de que se trate de datos inveraces, ya que lo que se recoge en las informaciones es la detención del reclamante por un delito de abusos sexuales, y el hecho de que posteriormente se decretara el sobreseimiento provisional de las actuaciones penales por Auto de 27 de mayo de 2014 del Juzgado de Instrucción nº. 5 de Murcia , confirmado posteriormente por el Auto de 1 de marzo de 2016 de la Audiencia Provincial de Murcia , no condiciona la protección de la libertad de información, como hemos reseñado, y así en la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2012 -recurso nº. 2.050/2010 -, se dice al respecto: "... como se ha dicho anteriormente la protección de la libertad de información no viene condicionada de modo absoluto por el resultado del proceso penal, de modo que no es obstáculo que el hecho denunciado no se haya declarado probado en un proceso de dicha naturaleza porque si la libertad de información hubiera de quedar ceñida a la comunicación de los hechos que luego fuesen declarados probados por los Jueces y Tribunales, se constreñirían los cauces de información de la opinión pública de modo injustificado en el marco del Estado social y democrático de Derecho, por lo que se entiende que la Constitución extiende su garantía también a las informaciones que pueden resultar erróneas o sencillamente no probadas en juicio". Por lo que, en virtud de lo expuesto, existe un interés legítimo de los internautas en tener acceso a las informaciones cuestionadas

 

SAN 1881/2021 (ponente FERNANDO DE MATEO MENÉNDEZ)

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3d123ea595bfe25b/20210602 

Conforme a los criterios de ponderación fijados en la sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2014, que se han expuesto anteriormente, con carácter general, prevalecen los derechos del interesado a que la información relativa a su persona ya no esté vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda a partir de su nombre. Pero también, a tenor de la misma doctrina, que esa regla general cede si, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante del público en tener, a raíz de esa inclusión, acceso a la información de que se trate. Doctrina general que asimismo se desarrolla en los apartados 81, 93 y 97 de la citada sentencia del TJUE, al indicar que, no obstante la prevalencia: "... hay que buscar un justo equilibrio entre el interés legítimo de los internautas en tener acceso a la información en una búsqueda que verse sobre el nombre de una persona y los derechos fundamentales de la misma y pueda resultar que, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante del público en tener, a raíz de esa inclusión, acceso a la información de que se trate". En consecuencia, consideramos a la vista de las concretas circunstancias del caso más arriba expuestas, que debe prevalecer,frente al derecho a la protección de datos del Sr. Roque , el derecho a la libertad de información y expresión y el interés preponderante del público en conocer y tener acceso a la citada información, en una búsqueda que verse sobre el nombre del interesado. Finalmente, reseñar que, como se declara en la citada Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2016, que   “el llamado "derecho al olvido digital", que es una concreción en este campo de los derechos derivados de los requisitos de calidad del tratamiento de datos personales, no ampara que cada uno construya un pasado a su medida, obligando a los editores de páginas web o a los gestores de los motores de búsqueda a eliminar el tratamiento de sus datos personales cuando se asocian a hechos que no se consideran positivos. Tampoco justifica que aquellos que se exponen a sí mismos públicamente puedan exigir que se construya un currículo a su gusto, controlando el discurso sobre sí mismos, eliminando de Internet las informaciones negativas, "posicionando" a su antojo los resultados de las búsquedas en Internet, de modo que los más favorables ocupen las primeras posiciones. De admitirse esta tesis, se perturbarían gravemente los mecanismos de información necesarios para que los ciudadanos adopten sus decisiones en la vida democrática de un país”

 

La relevancia pública de la información queda bien determinada por el Tribunal Supremo, citando al Tribunal Constitucional en STS 2918/2020 (ponente MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH)

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/db555b7d0b0693b2/20200930 

La relevancia pública de la información -según criterio del Tribunal Constitucional- viene determinada tanto por la materia u objeto de la misma, como por razón de la condición pública o privada de la persona a que atañe. Declara el tribunal que las autoridades y funcionarios públicos, así como los personajes públicos o dedicados a actividades que conllevan notoriedad pública "aceptan voluntariamente el riesgo de que sus derechos subjetivos de personalidad resulten afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas y, por tanto, el derecho de información alcanza, en relación con ellos, su máximo nivel de eficacia legitimadora, en cuanto que su vida y conducta moral participan del interés general con una mayor intensidad que la de aquellas personas privadas que, sin vocación de proyección pública, se ven circunstancialmente involucradas en asuntos de trascendencia pública, a las cuales hay que, por consiguiente, reconocer un ámbito superior de privacidad,que impide conceder trascendencia general a hechos o conductas que la tendrían de ser referidos a personajes públicos" (por todas, STC 172/1990, de 12 de noviembre , FJ 2).

 

Pues bien, si los fiscales de Valencia denunciados ignorando toda la jurisprudencia citada y sus propios principios (se publica mucho y se practica poco la moralidad en ciertas fiscalías), participan en la censura como negocio feroz, ellos mismos se convierten en noticia y todas sus actuaciones en vistas públicas tienen valor de colección y doctrinal, porque nos consta que los mismos fiscales que colaboran con los censuradores más feroces, predican en conferencias o actividades académicas justo lo contrario de lo que  se desprende de la lectura de sus escritos o de sus palabras y omisiones en vistas públicas. La ignorancia judicial inexcusable no es compatible con tanto celo en actos extrajudiciales para ningún funcionario, y menos aún, en fiscales.

 

5ª Acciones, omisiones y disfunciones de los fiscales y las Fiscalías que ocasionen perjuicios a particulares pueden y deben indemnizarse por reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Pero además, la censura no solamente perjudica al censurado, sino también a la sociedad en su conjunto, y en Internet, el alcance de las censuras es mundial. Si ningún fiscal defiende el derecho fundamental a dar y recibir información veraz y todos aspiran a ser contratados por BAKER & MCKENZIE o Garrigues o por quien es capaz de censurar al mejor postor en Google, no extraña nada de lo que ya ocurre, y hacen como que ignoran, en la Fiscalía de Valencia. Tal vez sea conveniente para los derechos fundamentales de los españoles que algún fiscal de otro país se interese por lo que desde Valencia se censura al mejor postor, pero en todo caso, este Expediente Gubernativo 236/21 debe quedar bien documentado, al igual que todos los demás y también las diligencias de las Fiscalías que evidencian que Valencia lidera la industria de la censura mediante ULTRACENSURA, ignorada por unos fiscales, y activamente promovida por otros. 

 

Por lo expuesto, como mejor proceda se SOLICITA que teniendo por presentado este recurso de reposición que incluye muy relevantes enlaces sobre el fondo del asunto, la Inspección de la Fiscalía cumpla con su función para garantizar legalidad y derechos fundamentales como el de dar y recibir información veraz amparado por el art. 20 de la Constitución inspeccionando sin pereza ni pretextos evasivos todo lo ya solicitado por cuanto afecta, muy especialmente, a la Fiscalía de Valencia y todos y cada uno de los fiscales que se relacionan con la organización empresarial censuradora, incluso de sentencias firmes, que condenan a alguno de sus clientes, al menos, por negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, y cohecho continuado.

 

OTROSÍ 1 digo, que quien aquí recurre solicita también ser escuchado por quien resuelva sobre esta reposición, preferentemente por llamada telefónica mientras pueda ver los enlaces de Internet o URLs en su PC.

 

OTROSÍ 2 digo, que en el caso de que se confirme el archivo de todo lo ya denunciado, desestimando este recurso, se SOLICITA copia, en formato digital óptimo, del expediente completo (los escaneados recibidos hasta ahora son repugnantes y parecen pretender dificultar deliberadamente cualquier recurso), incluyendo, muy especialmente, el (¿secreto?) informe de Vicente Devesa Barrachina ocultado por el fiscal-jefe José Francisco Ortiz Navarro con el menor expurgo que pueda motivar bien la Inspección de la FGE, y que todo cuanto han tenido acceso en procedimientos civiles Rosa Pastor Borgoñón y muy especialmente, de Ana Estellés Martí en Gandía sea bien preservado, porque es la voluntad y el derecho de quien aquí recurre agotar todas las instancias, incluyendo la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Fiscalía, por acciones, omisiones y disfunciones de los fiscales responsables de cuanto atenta contra el derecho fundamental a dar y recibir información veraz, también sobre todos los fiscales de Valencia relacionables con censuradores, con muy sospechoso ánimo de lucro.

 

Por ser de hacer Justicia que se pide en la fecha del correo electrónico con el que se envía este PDF de 6 páginas con numerosos enlaces, a

 

Inspección de la Fiscalía General del Estado FGE por EG 236/21 en www.miguelgallardo.es/fiscal-maria-antonia-sanz-gaite-reponiendo.pdf 

 

@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf