Funcionario condenado por corrupción demanda por su honor con TeBorramos a Google LLC y otros en Juzgado de Gavá (Barcelona) y es contestado

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Jurídico 20 Abril 2021 283 votos
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE GAVÁ

PROCEDIMIENTO ORDINARIO  Nº 119/2020

Demandante: MIGUEL ANGEL MONTERO DE ESPINOSA SOLBES con abogada (de la empresa LEGAL ERASER SL TeBorrramos) Sara Pastor Sanesteban 

Codemandados: Google LLC y asociación APEDANICA

Contestación publicada en 

http://cita.es/contesta-demanda-funcionario-teborramos-registrada.pdf 

www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-funcionario-teborramos.pdf 

 

Karina Hortensia Barriga Bahamonde, procuradora de los Tribunales, y de Miguel Ángel Gallardo Ortiz bajo la dirección letrada de José Manuel López Iglesias, cuya representación tengo ya acreditada, ante este Juzgado comparezco y, como mejor en proceda, DIGO:

 

Que se ha procedido al emplazamiento de mi mandante en autos de Juicio Ordinario arriba referenciados, seguidos ante este Juzgado a instancia de MIGUEL ANGEL MONTERO DE ESPINOSA SOLBES, por lo que, mediante el presente escrito, procedo a CONTESTAR A LA DEMANDA, con fundamento en los siguientes hechos y  fundamentos de derecho.



HECHOS



PREVIO.- Con carácter previo esta parte se opone a todos los hechos aducidos en la demanda a la que se contesta que no  sean expresamente reconocidos, así como la totalidad de los documentos aportados, salvo que se haga expresa mención de su reconocimiento, adhiriéndonos a todas las oposiciones y manifestaciones ya hechas por la asociación APEDANICA que preside mi mandante y que han sido publicadas con su contestación en Internet http://cita.es/apedanica-contesta-demanda-honor-funcionario.pdf 

 

Esta parte ignora por completo qué ha contestado la codemandada Google Spain LLC ni tampoco sabemos nada del representante del Ministerio Fiscal en este asunto, por lo que considerando los antecedentes del demandante y de la abogada demandante en su acoso judicial malicioso, esta parte se reserva todos los derechos y acciones al respecto una vez que conozcamos las manifestaciones de Google y de la Fiscalía en este procedimiento..

 

Como bien precisa APEDANICA, mi mandante afronta 3 procedimientos civiles (el primero de ellos con solicitud de medidas cautelares inadmitidas tanto en primera instancia como en apelación en resolución firme, con expresa condena en costas a la abogada Sara Pastor Sanesteban que todavía no las ha abonado), ha sido mendazmente acusado en querella criminal por 7 delitos imaginarios según afirma el funcionario demandante MIGUEL ANGEL MONTERO DE ESPINOSA SOLBES (querella inadmitida tanto en auto de juzgado de instrucción como por la Audiencia Provincial de Valencia) y un procedimiento sancionador por su denuncia también falsaria y fraudulenta ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD que no ha dado la razón en absoluto al aquí demandante, ni a ninguno de sus muchos abogados en la Entidad LEGAL ERASER, S.L. o TeBorramos (quien representa al ahora demandante en sus acciones judiciales contra Google aquí). 

 

Más allá de lo manifestado por APEDANICA, mi mandante Dr. Gallardo quiere denunciar, con la máxima publicidad a su alcance, ACOSO JUDICIAL sistematizado por los abogados del demandante en LEGAL ERASER, S.L. o TeBorramos  y lo denuncia aquí así:

 

Un maestro en Criminología (cuyo nombre sí que merece mucha más protección que la del funcionario aquí demandante) decía “HAY QUE EXCITAR EL CELO DEL FISCAL SIN INQUIETAR AL JUEZ”. Eso es, precisamente, lo que se propone el Dr. Gallardo en el ejercicio de sus derechos frente a un funcionario condenado por delitos de corrupción y una organización empresarial extremadamente agresiva y acosadora, y como demandado, precisamente por dar y recibir información veraz, tiene todo el derecho a exigir a todos los muchos fiscales que ya han ido conociendo de las acciones ultracensuradoras del demandante y la empresa que ha contratado, que tengan muy presente la DOCTRINA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Instrucción 3/2005, de 7 de abril, sobre las relaciones del Ministerio Fiscal con los medios de comunicación. Referencia: FIS-I-2005-00003 I.- INTRODUCCIÓN: EL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN VERAZ Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

 

Lamentablemente, en 2005 todavía nadie podía imaginarse un fenómeno censurador como el de TeBorramos con el demandante, pero la Fiscalía tiene la obligación legal de defender el derecho a informar por cualquier medio del Dr. Miguel Gallardo aquí demandado y acosado judicialmente, incluso si no fuera corresponsal acreditado en la Guía de Medios de la Comunidad de Madrid y también en la Agenda de la Comunicación de Presidencia de Gobierno incluso de medios extranjeros como puede verse en

www.miguelgallardo.es/corresponsal-turco.pdf

y con muy detalladas referencias en

www.miguelgallardo.es/acreditado.pdf

 

Es decir, que por la citada Instrucción 3/2005 de la FGE y por su acreditada condición de informador veraz, los representantes del Ministerio Fiscal deben proteger eficazmente a quien ejerce el derecho fundamental del artículo 20 de la Constitución del acoso judicial.

 

El fiscal de Anticorrupción José Grinda González, recientemente, ha denunciado, según se ha publicado, que se siente acosado por (cita textual) el empresario Ilya Traber y “acosado judicialmente” por el abogado defensor Ernesto-Díaz Bastier. Hacemos nuestro todo cuanto se ha publicado de lo alegado eficazmente el fiscal Grinda contra el acoso judicial y entendemos que es responsabilidad del Ministerio Público denunciarlo de oficio en un caso tan claro, con descarado ánimo de lucro y publicidad como el que anuncia la empresa Legal Eraser con la marca TeBorramos en el sistema AdWords de Google. Hasta ahora, ningún representante del Ministerio Fiscal se ha percatado de que en España se publicita la censura garantizada en Google, y es algo inimaginable e intolerable en otros países europeos. Es probable que algún fiscal acabe haciendo un ridículo internacional y el Dr. Gallardo está en su derecho de denunciar y reclamar responsabilidades, incluso patrimoniales, por acciones y omisiones, más aún en agravios comparativos de la Fiscalía o ignorancia deliberada de la citada Instrucción 3/2005 de la FGE. Esta parte hará todo lo posible para que la Fiscalía actualice su propia doctrina considerando el notorio acoso judicial de TeBorramos en la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en cualquier otra jurisdicción en la que se pretenda censurar acosando a un informador veraz.

 

El Dr. Gallardo se siente acosado por el funcionario demandante condenado en sentencia firme por la Audiencia Provincial de Barcelona, porque sus numerosas llamadas son siempre amenazantes y ofensivas, al igual que las de sus abogados Sara Pastor Sanesteban y Javier Franch que incluso se han permitido amenazar al editor de algunos medios con los que colabora desde hace años el Dr. Gallardo como testimonia en un email Miguel Delgado González que se siente amenazado y víctima de un chantaje. Además, la abogada del demandante ha denunciado a este letrado ante la Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Madrid ICAM, que la ha archivado sin más trámite ni consecuencia. Esta parte se reserva todas las acciones al respecto y recomienda denunciar con publicidad cualquier posible coacción o amenaza o indefensión debida a TeBorramos ante el Ministerio Fiscal.

 

Por este motivo, los dos primeros documentos que esta parte aporta con esta contestación a la demanda son los mismos que la abogada demandante ya conoce porque constan en el Juzgado de Gandía donde ella misma instrumentaliza su propio honor, con un abogado de su misma empresa LEGAL ERASER SL para acosar, jactándose de sus relaciones personales en la Fiscalía de Valencia en LinkedIn y tratando de amedrentar no solamente al Dr. Gallardo, sino también a quien pueda editar o publicar sus trabajos y escritos, así

 

Documento 1 CV publicado por la abogada demandante en

https://www.linkedin.com/in/sara-pastor-a81869174/

www.miguelgallardo.es/teborramos-demanda-contestada/documento-1.pdf  

Documento 2 Correo de Miguel Delgado González publicado en

http://www.cita.es/teborramos-xornal-actualidad/

www.miguelgallardo.es/teborramos-demanda-contestada/documento-2.pdf 

Ambos documentos constan en la contestación a la demanda de la abogada del demandante por su propio honor, instrumentalizado con fines empresariales y de puro negocio comercial por la marca TeBorramos, según lo que también se adjunta como

Documento 3 contestación a la demanda de la abogada Sara Pastor 

Escrito publicado en www.miguelgallardo.es/teborramos-demanda-contestada.pdf 

 

En la última conversación que el aquí demandante mantuvo con el Dr. Gallardo dejó bien claro que estaba utilizando todo cuanto han presentado varios abogados de TeBorramos para coaccionar mediante el acoso judicial, que incluye otra demanda en Valencia y una querella ya aportada por APEDANICA a estos autos. El Dr. Gallardo dispone de pruebas de todo ello, y de la coacción o “chantaje judicializado” y se reserva hacer uso judicial o extrajudicial oportunamente, en la convicción de que el aquí demandante tiene, exactamente, el mismo derecho a censurar noticias y referencias de sus actos como funcionario público y de su condena que los exjueces Luis Pascual Estevill, Baltarsar Garzón Real o Elpidio Silva Pacheco o los exinspectores de Hacienda Jaume Matas i Palou, Josep Maria Huguet, Manuel Abella, Roger Bergua y Álvaro Pernas o la de Francisco Segura Sobrino, jefe de área de Calidad Ambiental y Rafael José Parra Mateu, funcionario del Consorcio de Museos cualquier otro funcionario que fuera condenado en sentencia, o sancionado como empleado público por cualquiera de las faltas tipificadas en el Estatuto Básico del Empleado Público. Se estima en unos 20 funcionarios los que cada año pierden su condición de funcionarios públicos, pero son cientos los que reciben condenas penales, y más aún los sancionados, por acciones u omisiones en el desempeño de su empleo público, que pueden y deben ser conocidas identificando con precisión al condenado o sancionado. La pretensión de la empresa Legal Eraser SL y la marca TeBorramos de censurar sentencias firmes merece un duro juicio moral y resoluciones judiciales claras, siempre con la condena en costas y expresa declaración de temeridad, evitando perjuicios de cualquier tipo a quien informa muy verazmente.

 

Es más, el Dr. Gallardo no solamente puede mantener cuanto el funcionario demandante pretende censurar por medio del acoso judicial de TeBorramos, sino que está en su perfecto derecho de informar de todas las actuaciones judiciales o administrativas instadas, directa o indirectamente, por Miguel Ángel Montero de Espinosa Solbes, o contra él (la Fiscalía fue mucho menos eficaz que la inspección y la instrucción administrativa que, según parece, hizo Antonio Benavides Vico, jefe del aquí demandante condenado, y es muy destacable que la Abogacía del Estado pidió penas muy superiores que, de no haber contado con un abogado penalista como Cristobal Martell, hubiera supuesto una condena mucho más severa que la que se pretende censurar), por acciones u omisiones en su función pública. Si este Juzgado, o cualquier otro de los muchos en los que actúan los abogados de TeBorramos, motiva en resolución firme que algún documento no puede ser publicado, el Dr. Gallardo acatará lo que disponga un juez, pero será publicando esa censura, y reservándose acciones contra ella. En todo caso, quiere ejercer la libertad de expresión contra cualquier tipo de censura, más aún si está tan mercantilizada y publicitada como negocio de la empresa Legal Eraser SL

 

Debemos insistir en señalar al Ministerio Público personado en los 4 procedimientos que hasta ahora el Dr. Gallardo ha afrontado, como testigo de acoso judicial y además, también está en su derecho de dirigirse a la Fiscal General del Estado, Dolores en solicitud publicada en www.cita.es/fiscal-grinda-acoso-judicial.pdf porque si el fiscal José Grinda González se siente acosado por un abogado, el aquí demandado Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz lo está siendo por el funcionario demandante y por todos los abogados que operan con la marca Teborramos y por Jesús Campos Giner administrador único de la empresa Legal Eraser SL.

 

Además, el demandante también ha denunciado al Dr. Gallardo y a APEDANICA ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD (sin que pasado más de un año se haya resuelto nada por la AEPD que se haya notificado a esta parte, lo que evidencia su improcedencia) pero es muy destacable que en esa denuncia administrativa para pedir sanciones el demandante afirma que el demandado Dr. Gallardo es un sociópata obsesivo, como antes también hizo el funcionario condenado por corrupción en su querella mendaz. EL FISCAL también ha de conocer, necesariamente, y reconocer aquí, que no consta ningún insulto personal del demandado Dr. Gallardo, y que sí constan injurias por insultos del demandado y su abogada en la querella inadmitida por la Audiencia Provincial de Valencia ya aportada por APEDANICA. Es decir, que el Dr. Gallardo no ha injuriado ni al demandante ni a ninguno de sus numerosos abogados en TeBorramos, pero sí ha sido insultado e injuriado y calumniado en una acosadora querella mendazmente falsa, calumniosa e injuriosa.

 

Tan contumaz acoso judicial y extrajudicial de, al menos, FRANCISCO JAVIER FRANCH FLETA, JESÚS CAMPOS GINER, LUIS ABELLÁN VALLET, JOSE LUIS MONTESINOS y SARA PASTOR SANESTEBAN, así como su cliente el funcionario MIGUEL ÁNGEL MONTERO DE ESPINOSA SOLBES aquí demandante, al menos en 4 procedimientos judiciales bien conocidos por representantes del Ministerio Fiscal no solamente merecen desestimaciones con condenas en costas ejemplares por su temeridad, sino también una condena moral internacional por cuanto está posibilitando la prosperidad del negocio de la censura pagada garantizada y publicitada en Google AdWords contratada por el aquí demandante. En este sentido, adjuntamos a esta contestación en PDF de 10 páginas como 

 

Documento 4 Carta abierta remitida por el demandado Dr. Gallardo a

María Eugènia Gay Rosell DECANA del Colegio de Abogados de Barcelona ICAB carta abierta publicada en 

www.miguelgallardo.es/teborramos-censura-icab.pdf  

deliberando en https://chat.whatsapp.com/DoAEuPYkXkOHbPKICdWx9M

que a su vez integra otros 3 documentos, dirigidos a la diplomacia norteamericana en

Oficina del Portavoz del Departamento de Estado y Embajada de Estados Unidos en Madrid Atn. Antony J. Blinken

deliberando en https://chat.whatsapp.com/DoAEuPYkXkOHbPKICdWx9M

https://twitter.com/APEDANICA/status/1377578753077956614 

Carta abierta en www.cita.es/departamento-de-estado-censura.pdf 

Irene Khan @Irenekhan human rights activist, gender =, #freespeech, #justice for all, global citizen w roots in Bandera de Bangladesh UN Special Rapporteur Freedom  of Opinion & Expression

https://twitter.com/miguelencita/status/1352646802055557121 

Carta abierta revisable publicada en www.cita.es/ultracensura.pdf 

ACOSO JUDICIAL y su VICTIMOLOGÍA-CRIMINOLOGÍA

deliberando en https://chat.whatsapp.com/DoAEuPYkXkOHbPKICdWx9M

https://twitter.com/APEDANICA/status/1376560511941283844 

Borrador publicado en www.miguelgallardo.es/contra-acoso-judicial.pdf

 

Mi mandante, Dr. Gallardo, tiene la firme voluntad y el derecho a manifestase contra todo tipo de censura inmoral, y más aún si se paga a TeBorramos, en una muy extraña relación publicitaria con Google que esperamos y deseamos que sea bien documentada en este procedimiento judicial. En este sentido, el Dr. Gallardo está contribuyendo  la terminología de precisión para la censura, citando el documento 4 adjunto, así:

 

Nuevos términos censurológicos que proponemos:

TRANSCENSURA es censura falsaria y manipuladora porque utiliza unos supuestos derechos de manera improcedente para ocultar hechos publicables por ser veraces y de relevancia pública. La intención del transcensurador es confundir fraudulentamente, con eficacia, e impunidad, de manera que se ejerce indebidamente un falso derecho.

METACENSURA como “CENSURA DE LA CENSURA”, acción de censurar que se ha censurado, y por extensión, todo lo que pretende ocultar el censurador de cómo pretende hacer efectiva su censura. La metacensura es una censura de orden superior que impide conocer quién, cómo y por qué se ha censurado algo bien publicable.

ULTRACENSURA como grado extremo de la peor censura que represalia al censurado molestándole, acosándole y perjudicándole por mencionar al censurador, o alguno de sus actos o medios de censura, o sus clientes. La ultracensura es una censura extremadamente inmoral e ilegal, que atenta contra un derecho fundamental y universal reconocido en el artículo 19 de las Naciones Unidas. Los ultracensuradores siempre deben ser bien identificados, y todas sus acciones, omisiones y excesos, sancionados, con más severidad si coaccionan al censurado por medio de otras personas. Es el caso de la denuncia deontológica, presentada el Colegio de Abogados de Madrid ICAM, contra un letrado al que un consumado y contumaz ultracensurador, que trabaja para una empresa que vende censura garantizada, según publicita en anuncios de Google Adwords, pretende hacerle responsable de los actos de otros con el propósito de dificultar al máximo la defensa de su libertad de expresión y el derecho a dar y recibir información muy veraz. 

Dejando constancia aquí de todas las manifestaciones y datos de todos los documentos adjuntos, y adhiriéndonos a cuanto ya ha contestado APEDANICA (reiterando que desconocemos por completo cuanto haya contestado Google LLC y la Fiscalía), podemos anticipar que esta parte siempre solicitará la comparecencia telemática en todos los actos judiciales instados por el demandante o sus abogados en TeBorramos, y que en la Audiencia Previa se solicitarán todos los documentos que evidencien la relación publicitaria y censuradora entre la empresa contratada por el demandante con la codemandada Google LLC por lo dispuesto en el artículo 328 de la LEC (“Deber de exhibición documental entre partes”), que expresamente aquí invocamos, reservándonos todos los derechos hasta disponer de esa documental necesaria para ejercer el derecho a la defensa de este demandado, porque tiene la fundada sospecha de que la publicidad pagada a Google AdWords por la empresa Legal Eraser SL y la marca TeBorramos, como reputada censuradora, transcensuradora, metacensuradora y ultracensuradora contratada por el demandante tiene, por sí misma, gran trascendencia jurídica y fáctica para el enjuiciamiento de la temeraria demanda que aquí se contesta.

 

PRIMERO.- DISCONFORME CON EL ÚNICO CORRELATIVO DADO QUE NO SE NUMERAN EN LA DEMANDA

Esta parte hace suya la primera alegación de la codemandada APEDANICA así:

 

Negamos los hechos que se exponen en la demanda y que ocupan las Páginas 1 a 12 cuya extensión y falta de orden contraría la prohibición del art. 399.3 LEC “Los hechos se narrarán de forma ordenada y clara con el objeto de facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar”.  Entendemos que se limita el derecho de defensa y se impide cumplir con lo ordenado.

 

Ni el demandante ni sus abogados en ningún momento han cuestionado siquiera la veracidad de ninguna información publicada por el presidente de APEDANICA. Antes al contrario, en sus propios escritos y numerosas llamadas telefónicas, algunas realmente amenazantes, coactivas y hostigadoras, reconocen como ciertos todos los datos que cuidadosamente ha verificado D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz aquí codemandado.

 

No obstante, esta parte debe matizar alguno de ellos siendo en primer lugar que no aparece diferenciada en la demanda la intervención e imputaciones personales realizadas a D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz de las que corresponden a mi mandante, APEDANICA.

 

Entendemos que las publicaciones en las páginas web deben imputarse a quién las realiza efectivamente, al margen de ser el resultado del ejercicio legítimo de su derecho, constitucionalmente protegido, a la libertad de expresión, sin que se infiera en forma alguna a los demandantes y sin que suponga escarnio, insulto ni ofensa de ningún tipo, por ser publicaciones sobre hechos veraces, públicos y que constan en los archivos oficiales.

 

En cuanto a los hechos expuestos detallamos  las siguientes incorrecciones:

 

a).- En concreto a mi mandante se le imputa la publicación del siguiente enlace:

 

http://cita.es/negociaciones/prohibidas/

 

Acompañamos como DOCUMENTO Nº 3, impresión de la página web correspondiente al enlace donde, sin mencionar en absoluto a APEDANICA (aunque el codemandado estaría en su perfecto de hacerlo, pero no lo hace) se puede comprobar que lo que exclusivamente se efectúa en un estudio doctrinal y teórico de los delitos que incumben a los funcionarios públicos y se cita en el sentido estricto de la palabra”  y entre otros tres publicaciones del Diario La Voz de Asturias, El País, Diario de Sevilla y El Mundo, dónde en uno de ellos se menciona al funcionario público Don Miguel Angel Montero de Espinosa  como imputado en unas actuaciones en el que se enfrentaba a una petición de 10 años de prisión y 21 de inhabilitación por los delitos de cohecho, fraude y negociaciones prohibidas para funcionarios. Esa información no solamente es cierta, sino que el codemandado presidente de APEDANICA ha comprobado que hay una sentencia firme que condena al aquí demandante por cohecho continuado y negociación prohibida a funcionario público, como bien sabe el demandado y su abogada. 

 

No entendemos que puede derivarse de dicha información doctrinal y teórica y, mucho menos respecto al derecho al honor y la intimidad del demandante, Sr. Montero de Espinosa, cuando ésta es veraz, exacta y no supone puede suponer una desvalorización de la imagen reputacional que se revele injustificada por confirmarse en los pronunciamientos formulados de una resolución judicial firme. 

 

Al margen de lo anterior, APEDANICA no tiene responsabilidad de nada de lo publicado en http://cita.es/negociaciones/prohibidas/ donde ni siquiera se menciona a APEDANICA, si bien “ ... estaría en su perfecto derecho de publicar artículos, editar libros o producir documentales o películas sobre los hechos probados en la sentencia firme que condena al demandante por cohecho continuado y negociación prohibida. Más aún porque es uno de los fines que hasta se encuentra en su nombre "para la prevención y estudio de delitos, abusos y negligencias". Es difícil encontrar un fin más apropiado para APEDANICA, aunque no aparezca ni en la página por la que se siente tan ofendido el funcionario condenado por delitos de corrupción.

 

Entendemos que las publicaciones en las páginas web deben imputarse a quién las realiza efectivamente, al margen de ser el resultado del ejercicio legítimo de su derecho, constitucionalmente protegido, a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental de las personas físicas, en este caso, del demandado Dr. Gallardo, y que en modo alguno pueden los demandantes molestar por ello a una asociación como APEDANICA que NO ES RESPONSABLE DE NINGUNA DE LAS PÁGINAS NI EXPRESIONES QUE FIRMA EL AQUÍ DEMANDADO, Y NINGUNO DE LOS MIEMBROS DE APEDANICA TAMPOCO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DE LO QUE MANIFIESTA Y PUBLICA LIBREMENTE SU PRESIDENTE DESDE 1992, sin que se infiera en forma alguna ofensa de ningún tipo a los demandantes y sin que suponga escarnio, insulto ni ofensa de ninguna clase, por ser publicaciones sobre hechos veraces, públicos y que constan en archivos y registros oficiales.



Todo lo que consta en la publicación se refiere a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de Abril de 2007 que debemos aportar como DOCUMENTO Nº 4 y 5, correspondiente al procedimiento judicial en el que fue condenado D. Miguel Ángel Montero de Espinosa Solbes, de dos bases de datos diferentes.

 

En la Sentencia dictada por la Ilma. Magistrada Sra. Dª Ana Rodríguez Santamaría, se ponen de manifiesto los hechos de los que se deducen que el demandante fue condenado por dos delitos como autor penalmente responsable de un delito continuado de cohecho pasivo y otro de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, con el resto de pronunciamientos inherentes a tal declaración con el alcance que consta en la sentencia.

 

En los hechos probados, entre otros,  constan:

 

Empresa Salvador Subirana, S.A

 

“Finalmente ambas partes alcanzaron un acuerdo en fecha 03/02/03, el cual fue entregado al Inspector, que exigió al abogado de la empresa, una cantidad de dinero por su intervención en el asunto...”

 

Empresa Hydro Aluminio La Roca, S.A

 

Miguel Ángel Montero de Espinosa Solbes “archivó provisionalmente los expedientes a petición del Comité de empresa que presentó escrito en ese sentido. Empresa y comité no llegaron a firmar ningún acuerdo informando el Inspector ... a la abogada de la empresa, ..., que minutaría una cantidad por desplazamientos para el caso de que el mismo se alcanzase.”

 

Y siendo funcionario público debemos recordar que está sujeto al código de conducta que ahora aparece recogido en los arts 52 y ss. del actual Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, siendo sancionable por faltas muy graves del art. 95 de dicho Estatuto.

 

 Esta información que se refiere al demandante igualmente es pública, veraz y exacta por contenerse en registros públicos y, en todo caso, su inclusión en las publicaciones debe quedar por los principios constitucionales de la libertad de expresión.

 

¿Es un ataque al honor de un funcionario del derecho el que se le mencione por su nombre y apellidos en relación al ejercicio de su profesión pública?

 

Es equitativo veraz y exacto publicar lo que se denuncia como lo que la autoridad judicial determina y en ningún caso puede atentar contra el honor, la intimidad o la imagen personal del demandante. De haber algún perjuicio o lesión del honor del demandante, se lo habría infringido él a sí mismo, como autor de los hechos probados en una sentencia firme.

 

En todo caso, esta parte no puede dejar de mostrar su mayor indignación ante el intento reiterativo e inconstitucional del demandante y de los abogados de la empresa LEGAL ERASER SL a la que ha contratado para limitar, una y otra vez, la libertad de expresión de todo aquel que no está de acuerdo  y que en lo que a esta parte afecta nada añade proceder a su contestación.

 

Las circunstancias relativas a la contratación de la Entidad LEGAL ERASER, S.L. que actúa bajo la marca TE BORRAMOS en nombre del aquí demandante, poco podemos añadir de justificación para la resolución de la cuestión que se plantea. TeBorramos garantiza el resultado de la censura pagada y publicitada en Google AdWords, por lo que nadie mejor que la codemandada Google para explicar el negocio contratado por el aquí demandante.

 

No obstante, defendemos esencialmente el ataque y la crítica contra la censura pagada pero además el carácter negocial queda definido por las opiniones de otros: "Les cobran un dineral... y no borran nada". "Mandan 'emails' amenazantes", Pagar por borrar una noticia es una trampa: se borrará... pero luego saldrá otra más grave, Pueden cobrar por borrar el contenido y, un tiempo después, volverán a crearlo, Son clientes delicados y con relevancia pública; hacer más ruido les perjudicaría, etc.

 

Aporto como DOCUMENTO Nº 6 Y 7 el artículo del ABC de 19/5/2014 Derecho al olvido: «Si no te borramos de internet, te devolvemos el dinero» y el de EL CONFIDENCIAL “El lado oscuro de borrar tu pasado 'online' de fecha 24/04/2017, que precisan cómo se considera por terceros la prestación del servicio contratado por el demandante.

 

Por ello, negamos las valoraciones subjetivas y las incorrecciones señaladas que son utilizadas arbitrariamente para instrumentar una pretendida lesión del derecho al honor, a la intimidad y a la imagen del funcionario público condenado penalmente en sentencia firme por dos delitos de corrupción, cuyos datos fueron otros los que los hicieron públicos al recogerse en los medios de comunicación, como hemos acreditado.

 

Aunque APEDANICA no haya tenido intervención alguna en su publicación, más allá de lo que se ha probado y publicado del demandante, sí que consideramos muy relevante y transcendental el contrato que firma con los representantes de la mercantil LEGAL ERASER SL de la que es administrador único Jesús Campos Giner que también administra, al menos, las siguientes empresas según puede verse publicado en www.empresia.es

Entidad

Relación

Desde

 

GRANATUM AGRICOLA SL

Adm. Unico

25/05/2017

 

CDC NEPHRO DEVICES SL

Adm. Unico

21/01/2016

 

ACCUAPLUS SOLUCIONES AVANZADAS PARA EL AGUA SL

Adm. Unico

18/02/2015

 

FITOAGUA SL

Adm. Unico

15/03/2011

 

FITO RIEGO SL

Apod. Solid.

13/12/2010

 

LEGAL ERASER SL

Adm. Unico


01/03/2018

 

El negocio de LEGAL ERASER SL y TeBorramos que ha contratado el demandante s.e.u.o. compite, al menos, con el que ofrecen  Angélica Parente y Domenico Bianculli de Cyber Lex, Samuel Parra de ePrivacidad, Manuel Moreno de Borrame, o Javier Álvarez de Borrarmisdatos, o Rafael Gimeno-Bayón del Molino de Reputaciononlinelegal, o Miguel Juan Cobacho López de Salir de Internet, o David González Calleja en Delere, o Diego Sánchez de Eliminalia o Juan Ricardo Palacio Escobar de Reputation Up con dominios en cyber-lex.com eprivacidad.es borrame.es borrarmisdatos.es reputaciononlinelegal.es salirdeinternet.com delere.es eliminalia.com reputationup.com

 

De prosperar en sus pretensiones el demandante con la marca TeBorramos en su extraña relación con la codemandada Google en la que se publicita, se sentaría un precedente de censura inimaginable en ningún otro país. APEDANICA está decidida a combatir por todos los medios legales y morales la censura pagada y publicitada y para ello se ha dirigido a la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión como puede verse en el DOCUMENTO Nº 8 que también está publicado en Internet www.cita.es/ultracensura.pdf 

 

Por ser un hecho de indudable trascendencia en relación al Procedimiento indicado, debemos aportar como DOCUMENTO Nº 9  la Demanda por lesión patrimonial interpuesta con la mercantil Google Spain S.L., por lesión el negocio de la censura desindexando y publicitando servicios que atentan contra el derecho a dar y recibir información veraz, haciendo imprescindible la tutela judicial efectiva.  

 

No puede sustraerse del conocimiento veraz a terceros de hechos acreditados y probados en resoluciones judiciales y mucho menos cuando todo ello constituye un negocio mercantil cuyo objeto es la “censura pagada” de quién ostenta un cargo público, pretendiéndose una inversión del principio de lesividad y una vulneración del principio de culpabilidad que quedan amparados por el principio in dubio pro opinión.

 

Tal y como se expondrá en los Fundamentos de Derecho, en el presente caso no ha existido la intromisión en el derecho al honor que alegan los demandantes, sino un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, con máxima veracidad y evidente interés público en todo cuanto se pretende censurar por un negocio contratado por el funcionario condenado por dos delitos de corrupción.



A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes:

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

JURÍDICO-PROCESALES:

I.- Conforme con los aducidos por la actora sobre jurisdicción, competencia, capacidad para ser parte y clase  de juicio.

 

II.- Respecto a la legitimación activa reiterar que las informaciones de la que mi representada es autor no sólo no es insultante ni ofensiva en ninguna forma – salvo para la propia susceptibilidad de los demandante- y por esta razón no puede afectar a  su honor, fama o prestigio, careciendo totalmente de legitimidad para la interposición de la acción de protección del derecho al honor respecto a una obra de la que no es objeto.

 

En cuanto a la legitimación pasiva, mi representada carece de legitimación de acuerdo a lo anteriormente expuesto y a la pretensión formulada en la misma, toda vez que no afecta ni se refiere en forma alguna al demandante y por tanto no constituye ofensa ni denigración a su honor, fama o prestigio.

 

III.- Cuantía.- Dado que por parte de la demandante se ha fijado la cuantía económica indemnizatoria en 1€ , al haberse interpuesto Procedimiento Ordinario pero no se ha precisado conforme a la Ley Rituaria, esta parte estima que la misma deberá estimarse como de cuantía indeterminada en base al art. 251.1 LEC., la petición de la obligación de hacer.

 

IV.-  Invocamos expresamente el artículo 270 de la LEC, respecto a la imposibilidad de que la actora aporte después de la demanda otros documentos que los que se hallen en alguno de los casos que establece el citado artículo.

 

JURÍDICO-MATERIALES: FONDO DEL ASUNTO.-

 

I.- Derecho a la libertad de expresión.

En efecto, tal y como se recoge en los Fundamentos de Derecho de   la demanda, es de aplicación al caso que nos ocupa el artículo 20 de la Constitución que establece que

“1. Se reconocen y protegen los derechos:

  • a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
  • b) A la producción y creación literaria, artística,  científica y técnica”.

Con independencia de que, tal y como se ha expuesto en el apartado anterior, el demandante carece de toda legitimación para el ejercicio de la acción de protección del derecho al honor, en este punto conviene también citar lo recogido en el artículo 2 de la citada  Ley 1/1982, de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, que establece que “1. La protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen  quedará  delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia”.

 

Asimismo, el artículo 8 de la citada Ley  Orgánica  establece también que “1. No se reputarán, con carácter general,  intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas  por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante.

 

En este punto resulta preciso dejar constancia de la  abundante jurisprudencia que existe en relación a los  derechos que se han dejado expuestos –libertad de expresión- honor- y que ha ido perfilando la extensión de los mismos,  sus límites y ello, ante los conflictos que habitualmente surgen entre ambos.

 

En efecto, tal y como es jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo -(sentencias  de fechas 5 de Julio de 2011 (recurso 110/2009) y de fecha 17 de Febrero de 2009 (recurso 1541/2004)-, el artículo 20.1.a) y. d) de la Constitución Española, en relación con el artículo 53.2 CE , reconoce como derecho fundamental especialmente protegido mediante los recursos de amparo constitucional y judicial el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y el derecho comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, y el artículo 18.1 CE reconoce con igual grado de protección el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

 

La libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 CE, tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información (SSTC 104/1986, de 17 de julio, y 139/2007, de 4 de junio), porque no comprende como ésta la comunicación de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo.

 

El derecho al honor protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos (STC 14/2003, de 28 de enero, FJ 12), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella (STC 216/2006, de 3 de julio , FJ 7).

 

El Tribunal Constitucional (entre otras, en SSTC 231/1988; 99/1994;  117/1994;  81/2001;  139/2001;  156/2001;   83/2002; 14/2003) caracteriza el derecho a la propia imagen como "un derecho de la personalidad, derivado de la dignidad humana y dirigido a  proteger  la  dimensión moral de las personas, que atribuye a su titular un derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que pueden tener difusión pública" y a "impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia  imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad - informativa, comercial, científica, cultural, etc.-  perseguida por quien la capta o difunde". El derecho a la propia imagen se halla protegido en el artículo 18.1 CE y desarrollado en la LPDH, cuyo artículo 7.5 considera intromisión ilegítima la captación, reproducción o  publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2 LPDH.

 

De igual forma el Tribunal Constitucional dispone que el derecho al honor personal prohíbe que nadie se refiera a una persona de forma insultante o injuriosa, o atentando injustificadamente contra su reputación haciéndola desmerecer ante la opinión ajena. Así pues, lo perseguido por  el artículo 18.1 CE es la indemnidad de la imagen que de una persona puedan tener los demás, y quizá no tanto la que aquella desearía tener (ATC de 29 noviembre 2006). Estos derechos fundamentales como se ha indicado en numerosas resoluciones no son derechos absolutos, y se encuentran sujetos a las limitaciones derivadas de otros derechos fundamentales, en relación con un juicio de proporcionalidad; de las leyes, de acuerdo con los artículos 2.1 y 8 LPDH,  cuyos supuestos tienen carácter enunciativo; de los usos sociales, de acuerdo con el que artículo 2.1 LPDH; y siempre que la apreciación de las circunstancias, en un juicio de ponderación y proporcionalidad, excluyen la apreciación de la ilicitud o ilegitimidad de la intromisión.

 

La limitación del derecho al honor y a la propia imagen por  la libertad de expresión, tiene lugar cuando se produce un conflicto entre tales derechos, el cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso (respecto del derecho al honor, SSTS de 13 de enero de 1999 , 29 de julio de 2005 , 21 de julio de 2008, RC n.º 3633/2001 , 2 de septiembre de 2004, RC n.º 3875/2000 , 22 de julio de 2008 , 12 de noviembre de 2008, RC n.º 841/2005 , 19 de septiembre de 2008, RC n.º 2582/2002 , 5 de febrero de 2009, RC n.º 129/2005 , 19 de febrero de 2009, RC n.º 2625/2003 , 6 de julio de 2009, RC n.º 906/2006 , 4 de junio de 2009, RC n.º 2145/2005; respecto del derecho a la imagen, STC 99/1994, de 11 de abril , SSTS22 de febrero de 2007, RC n.º 512/2003 , 17 de febrero de 2009, RC n.º 1541/2004 , 6 de julio de 2009, RC n.º 1801/2005). Por ponderación se entiende, tras la constatación de la existencia de una colisión entre derechos, el examen de la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos resulta afectado, con el fin de elaborar una regla que permita, dando preferencia a uno u otro, la resolución del caso mediante su subsunción en ella.

 

La técnica de ponderación exige valorar, en primer término,  el peso en abstracto de los respectivos  derechos fundamentales que entran en colisión.

 

Desde este punto de vista, la  ponderación (i) debe respetar la posición prevalente que ostentan los derechos a la  libertad de expresión e información sobre el derecho al honor por resultar esenciales como garantía para la formación de  una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático (STS 11 de marzo de 2009, RC n.º 1457/2006); (ii) debe tener en cuenta que la libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige (SSTC 6/2000, de 17 de enero, F. 5; 49/2001, de 26 de febrero, F. 4; y 204/2001, de 15 de octubre , F. 4), pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe "sociedad democrática" (SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España, § 42 , y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España , § 43).

 

C) La técnica de ponderación exige valorar, en segundo término, el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión.

 

Desde esta perspectiva:

 

  1. La ponderación debe tener en cuenta si la información tiene relevancia pública o interés general o se proyecta  sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión  de notoriedad o proyección pública (STC 68/2008; SSTS 25 de octubre de 2000, 14 de marzo de 2003, RC n.º 2313/1997 , 19  de julio de 2004, RC n.º 5106/2000 , 6 de julio de 2009, RC n.º 906/2006), pues entonces el peso de la libertad de información es más intenso, como establece el artículo 8.2.a) LPDH , en relación con el derecho a la propia  imagen aplicando un principio que debe referirse también al derecho al honor. En relación con aquel derecho, la STS 17 de diciembre de 1997 (no afectada en este aspecto por la STC 24 de abril de 2002) declara que la "proyección pública" se reconoce en general por razones diversas: por la actividad política, por la profesión, por la relación con un importante suceso, por la trascendencia económica y por la relación social, entre otras circunstancias. En suma, la relevancia pública o interés general de la noticia constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de información y de expresión cuando  las noticias comunicadas o las expresiones proferidas  redunden en descrédito del afectado.

 

  1. La protección del derecho al honor debe prevalecer frente a la libertad de expresión cuando se emplean frases, expresiones o imágenes ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 a)  CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con la norma fundamental (SSTC 204/1997, de 25 de noviembre, F. 2; 134/1999, de 15 de julio, F. 3; 6/2000, de 17 de enero, F. 5; 11/2000, de 17 de enero, F. 7; 110/2000, de 5 de mayo, F. 8; 297/2000, de 11 de diciembre, F. 7; 49/2001, de 26 de febrero, F. 5; y 148/2001, de 15 de octubre , F. 4, 127/2004, de 19 de julio , 198/2004, de 15 de noviembre , y 39/2005, de 28 de febrero). Según la STC 23/2010, de 27 de abril, FJ 5, desde el punto de vista de la libertad de expresión, la caricatura constituye, desde  hace siglos, una de las vías más frecuentes de expresar mediante la burla y la ironía críticas sociales o políticas que, en tanto que elemento de participación y control  público, resultan inescindibles de todo sistema democrático,  y coadyuvan a la formación y existencia "de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento  del Estado democrático" (STC 12/1982, de 31 de marzo , FJ 3).

 

Del mismo modo debe valorarse la conducta del afectado como ocurre cuando la propia y previa conducta de aquel o las circunstancias concurrentes en la que se encuentra inmerso, justifique el descenso de las barreras de reserva para que prevalezca el interés ajeno o público que puedan colisionar con él (SSTC 99/1994 de 11 de abril y 14/2003 de 28 de enero FJ 5).

 

La aplicación de las premisas expuestas al caso examinado conduce a la conclusión de que, frente a la intromisión en el derecho al honor que alegan el demandante, atendidas las circunstancias del caso, prevalece la libertad de expresión y el derecho de mi representado a la creación artística y, en consecuencia, no se puede apreciar la existencia de una vulneración del derecho al honor.

 

Reiterar que, tal y como reza la jurisprudencia que se ha dejado expuesta, en el terreno abstracto, existiendo una colisión entre la libertad de expresión y el derecho al  honor, debe considerarse como punto de partida la posición prevalente que, como se ha expresado, ostenta el derecho a la libertad de expresión y examinar si, de acuerdo con las circunstancias concurrentes, en el terreno del peso relativo de los derechos que entran en colisión, esta prevalencia  puede hacerse valer frente al derecho al honor de la parte demandante. En efecto, la ponderación entre los derechos fundamentales comporta la delimitación recíproca de sus respectivos ámbitos y por ello una jurisprudencia constitucional ya inveterada admite que la ponderación entre la libertad de expresión y el derecho al honor comporta la existencia de límites para los primeros, pero también para el segundo, cifrado, entre otros aspectos, en el deber de los personajes públicos de soportar los aspectos negativos de la crítica y divulgación de sus actividades que cumplan con los requisitos necesarios para apoyarse legítimamente en el ejercicio de la libertad de expresión, entre ellos, el de la proporcionalidad, así como la relevancia pública y el interés general del tema que se trate.

 

Ciertamente, tampoco se sostiene el carácter injurioso, insultante o desproporcionado de las publicaciones del Sr. Gallardo, de hecho en toda la demanda se contiene una sola palabra que explique o justifique el carácter injurioso u ofensivo de la obra, no pudiéndose entender que el derecho al honor que se atribuyen así mismos  los demandantes deba prevalecer sobre la libertad de expresión de mi representado. Reiterar que en el análisis de los derechos fundamentales en colisión, hay que partir de la prevalencia del derecho a la libertad de expresión en un Estado democrático de derecho que debe de gozar de sus máximas garantías y no debe ser restringida cuando la libertad de expresión va dirigida a tratar sobre un asunto de interés general, como es el caso.

 

Por otra parte, respecto de la tolerancia que debe exigirse  de la persona -en este caso “jurídica”-, sobre la que se realizan comentarios en ejercicio de la libertad de  expresión, según la STC núm. 197/1991 debe tenerse en cuenta un criterio medio de susceptibilidad de tal modo que una hipersensibilidad de la persona sobre la que se realizan comentarios no puede provocar nunca una sentencia condenatoria. Asimismo, según se afirma en dicha sentencia, aunque el concepto de honor comprenda también el sentimiento subjetivo que el ofendido tenga de su propia imagen, la protección jurídica no ha de extenderse a los casos en que la ofensa tenga su origen en la especial sensibilidad o susceptibilidad de la persona aludida.

 

II.- Sobre la indemnización solicitada de contrario.

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, no existiendo intromisión ilegítima  del honor de la demandante ni habiéndose alegado ni probado daño ni perjuicio alguno no procede indemnización. Asimismo, teniendo en cuenta que las publicaciones se refieren a datos veraces y reales, no tiene derecho alguno ni a reclamar ni a percibir indemnización alguna.

 

Por otro lado, tal y como es jurisprudencia de nuestros tribunales –entre otras, STS de 29 de Enero de 1999 y de  fecha 25 de noviembre de 2002- la indemnización se ha de calcular de acuerdo a criterios y bases objetivas de valoración, sin que las bases de cálculo se puedan aplicar de forma arbitraria o genérica como hace la demandante, que no explica en modo alguno a qué obedece la cantidad que reclama,que en todo caso no le corresponde al no haberse producido intromisión ilegítima alguna.

 

III.- Jurisprudencia Reciente.-

 

TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO CIVIL SECCIÓN: 1 FECHA: 25/01/2021 Nº DE RECURSO: 5579/2019 Nº DE RESOLUCIÓN: 29/2021

 

El  Tribunal Supremo confirma la desestimación del Recurso de un alcalde contra la editorial y el autor de un libro por intromisión en su derecho al honor. Considera que en este caso prevalece la libertad de información sobre el derecho al honor del demandante porque las menciones que se hacen al regidor cumplen el requisito de la veracidad.

 

 Y así dice:

 

»Por último, las afirmaciones y expresiones controvertidas no sobrepasan el fin informativo porque no contienen expresiones inequívocamente ofensivas o vejatorias, innecesarias para ello.

»En cualquier caso, dichas expresiones pueden ser consideradas también amparadas por la libertad de expresión, más amplia que la libertad de información, en cuanto en aquéllas el entrevistado emite  creencias propias, que no excluye la crítica de la conducta del otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige ( SSTC 6/2000, de 17 de enero; 49/2001, de 26 de febrero; y 204/2001, de 15 de octubre)».

 

Y más adelante.

 

i) Según constante doctrina jurisprudencial (recordada, recientemente por las sentencias 635/2020, de 25 de noviembre, 359/2020, de 24 de junio, y 273/2019, de 21 de mayo):

«[P]ara que no se revierta en el caso concreto la preeminencia de la que gozan en abstracto las libertades de expresión e información sobre el derecho al honor es preciso que concurran dos presupuestos comunes a aquellas, consistentes en el interés general o relevancia pública de la información comunicada o de la opinión expresada, sea por la materia, por razón de las personas o por las dos cosas, y en la necesaria proporcionalidad en la difusión de las opiniones o de las informaciones, pues se proscribe el empleo de expresiones manifiestamente injuriosas, vejatorias, que no guarden relación o que no resulten necesarias para transmitir la idea crítica o la noticia, y en cuanto a la libertad de información, además y en todo caso, que la transmitida sea esencialmente veraz, entendiéndose la veracidad "como el resultado de una razonable diligencia por parte del informador a la hora de contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales y ajustándose a las circunstancias del caso, aunque la información con el transcurso del tiempo pueda ser desmentida o no resultar confirmada, faltando esa diligencia cuando se transmiten como hechos verdaderos simples rumores carentes de constatación o meras invenciones"» ( sentencia 456/2018, de 18 de julio, citada por la 102/2019, de 18 de febrero).

ii) Es constante y conocida la doctrina de que la libertad de expresión tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información porque no comprende como ésta la comunicación de hechos objetivos susceptibles de contraste, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo.

Puesto que no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones garantizada por el derecho a la libertad de expresión de la simple narración de unos hechos garantizada por el derecho a la libertad de información (toda vez que la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y a la inversa), cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y valorativos es necesario separarlos, y solo cuando sea imposible hacerlo habrá de atenderse al elemento preponderante (entre otra, sentencias 252/2019, de 7 de mayo, 370/2019, de 27 de junio, 599/2019, de 7 de noviembre, 51/2020, de 22 de enero, y 359/2020, de 24 de junio).

En el ámbito de la libertad de expresión, las opiniones o juicios de valor emitidos -a diferencia de lo que ocurre con la libertad de información- no se prestan a una demostración de su exactitud y prueba de veracidad ( SS TC 24/2019, de 25 de febrero, FJ 4, 146/2019, de 25 de noviembre, FJ 5). Pero la doctrina de esta sala ha precisado que aunque se considere prevalente la libertad de expresión, cuando se atribuye la comisión de hechos antijurídicos, la exposición de los hechos y la emisión de valoraciones aparecen indisolublemente unidas, por lo que ni siquiera esa exposición de una opinión crítica y legítima justificaría la atribución o imputación al criticado de hechos no veraces, que objetivamente considerados, ofendan gravemente su honor, desacreditándolo públicamente tanto en el cargo que desempeña como personalmente ( sentencias 508/2016, de 20 de julio, 750/2016, de 22 de diciembre, 450/2017, de 13 de julio, y 102/2019, de 18 de febrero).

iii) Recogiendo la doctrina de la Sala, la sentencia 170/2020, de 11 de marzo, recuerda que el deber de veracidad ha de entenderse como el resultado de una razonable diligencia por parte del informador a la hora de contrastar

la noticia de acuerdo con pautas profesionales y ajustándose a las circunstancias del caso, faltando esa diligencia cuando se transmiten como hechos verdaderos simples rumores carentes de constatación o meras invenciones.

iv) De esa doctrina se desprende que lo exigible al profesional de la información es una actuación razonable en la comprobación de los hechos para no defraudar el derecho de todos a recibir una información veraz, reputándose veraz si se basó en fuentes objetivas y fiables, perfectamente identificadas y susceptibles de contraste, de modo que las conclusiones alcanzadas por el informador a partir de los datos contrastados que resulten de aquellas sean conclusiones a las que el lector o espectador medio hubiera llegado igualmente con los mismos datos.

Por el contrario, se reputará no veraz la información que se apoye en conclusiones derivadas de meras especulaciones, en rumores sin fundamento, carentes de apoyo en datos objetivos extraídos de fuentes igualmente objetivas y fiables que estuvieran al alcance del informador. De ahí que, cuando la fuente que proporciona la noticia reúne características objetivas que la hacen fidedigna, seria o fiable, pueda no ser necesaria una comprobación mayor que la exactitud o identidad de la fuente, máxime si esta puede mencionarse en la información misma ( STC 178/1993, FJ 5.º, citada con reiteración por las de esta Sala, entre las más recientes, 456/2018, de 18 de julio, y 602/2017, de 8 de noviembre).

v) El requisito de la veracidad en la transmisión de la información exigido en el art. 20.1.d) CE, que se refiere fundamentalmente a la diligencia en la contrastación de la noticia, no resulta excluido por la existencia de imprecisiones o errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo transmitido ( sentencia de esta Sala

125/2020, de 26 de febrero, y las que en ella se citan).

 

Y la reciente Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de Marzo de 2021 dónde ha condenado este martes a España a pagar un total de 32.240 euros a dos personas que fueron condenadas por criticar a una juez en una carta publicada en el 'Diario de Teruel' en 2010, en el marco de un proceso judicial que les afectaba, al considerar que fueron víctimas de una "interferencia desproporcionada" en su derecho a la libertad de expresión, doctrina que entendemos aplicable cuando en nuestro caso se cita una sentencia judicial de condena a un funcionario público, la cual adjuntamos como DOCUMENTO Nº 10

 

A todo lo ya alegado por APEDANICA que hemos reproducido en cursiva citando textualmente, y con muy especial intención de que los representantes del Ministerio Fiscal tomen buena nota de una vez por todas las que el demandante y la empresa Legal Eraser TeBorramos que ha contratado, hacemos expresa referencia a la DOCTRINA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO en la Instrucción 3/2005, de 7 de abril, sobre las relaciones del Ministerio Fiscal con los medios de comunicación (que representa desde hace varias décadas el aquí demandado Dr. Miguel Gallardo) con la Referencia de la FGE: FIS-I-2005-00003 y especial atención a cuanto se instruye en

I.- INTRODUCCIÓN: EL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN VERAZ Y LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

II.- POSICIÓN DEL MINISTERIO FISCAL 

VIII.- DERECHO A LA INTIMIDAD Y PROPIA IMAGEN DE PARTES Y ASISTENTES AL ACTO DEL JUICIO ORAL En principio ha de partirse de que la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen dispone en su art 8.1 que no se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante… Ejemplo paradigmático de esta ponderación es la realizada por el AAP Madrid. (Sección 5ª), de 10 septiembre de 2001, que declara que “el carácter público de los acusados, que desempeñaron altos cargos en la Administración en las fechas en las que se realizaron los hechos imputados, aparte de acrecentar el interés general en la difusión del contenido del juicio oral, obliga a sacrificar sus derechos al honor, intimidad personal y propia imagen -en la medida que se vean afectados-, en beneficio del derecho a emitir y recibir información veraz”

 

Más derecho aún existe que el reconocido por la Insrucción 3/2005 de la FGE cuando el demandante fue condenado en firme y se permite acosar, y contratar a Legal Eraser SL con TeBorramos para acosar judicialmente al aquí demandado Dr. Gallardo, también demandado en Gandía y Valencia.

 

COSTAS.- Las costas del presente procedimiento deberán ser impuestas a la parte demandante conforme se señala en el artículo 394 de la LEC, pero considerando lo expuesto y documentado sobre el negocio de la empresa Legal Eraser SL con la marca TeBorramos contratada por el demandante y su acoso judicial, solicitamos también una expresa y precisa declaración de temeridad de la demanda. 



Por todo lo expuesto,



AL JUZGADO SUPLICO: Tenga por presentado este escrito, documentos acompañados y copias legales; se sirva admitirlos; le tenga por comparecido y parte en representación del demandado Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, como persona física y también como presidente de la ASOCIACION PARA LA PREVENCIÓN Y ESTUDIO DE DELITOS, ABUSOS Y NEGLIGENCIAS EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS - APEDANICA (cuyas manifestaciones de la codemandada esta parte hace suyas con lo que se ha añadido aquí y nuevos documentos 1, 2, 3 y 4 aportados como adjuntados por el Dr. Gallardo) por contestada la demanda formulada por los demandantes, tenga por señalada la cuantía como indeterminada y, seguido que sea el procedimiento y  previos los trámites legales oportunos, sirva dictar sentencia por la que desestimando íntegramente las pretensiones formuladas por el demandante, absolviendo a mi representado con expresa imposición de costas a la parte actora y declaración de temeridad con mala fe por acoso judicial por todas las actuaciones que necesariamente ha de conocer y solicitamos que reconozca la Fiscalía.

 

OTROSI DIGO: Que esta parte solicita se le dé traslado de la contestación del demandado principal GOOGLE LLC, para el caso de que lo hubiera hecho ya, así como de cuanto haya manifestado el representante del Ministerio Fiscal personado en estas actuaciones, insistiendo en solicitar todos los documentos que evidencien la relación publicitaria y censuradora entre la empresa contratada por el demandante con la codemandada Google LLC por lo dispuesto en el artículo 328 de la LEC (“Deber de exhibición documental entre partes”), que expresamente aquí invocamos, reservándonos todos los derechos hasta disponer de esa documental necesaria para ejercer el derecho a la defensa de este demandado, porque tiene la fundada sospecha de que la publicidad pagada a Google AdWords por la empresa Legal Eraser SL y la marca TeBorramos, como reputada censuradora, transcensuradora, metacensuradora y ultracensuradora contratada por el demandante tiene, por sí misma, gran trascendencia jurídica y fáctica para el enjuiciamiento de la demanda que aquí se contesta con expresa reserva de cualquier otro derecho ejercitable.




Es Justicia que pido en la fecha de la firma digital de esta contestación.




Esta contestación queda publicada bajo la total responsabilidad personal y doctrinal del demandado Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz en

www.cita.es/contesta-demanda-funcionario-teborramos-registrada.pdf 

www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-funcionario-teborramos.pdf  

 

Se adjunta lista de documentos ANEXOS.

Se adjuntan 4 documentos en PDF

Documento 1 CV publicado por la abogada demandante en

https://www.linkedin.com/in/sara-pastor-a81869174/

www.miguelgallardo.es/teborramos-demanda-contestada/documento-1.pdf  

Documento 2 Correo de Miguel Delgado González publicado en

http://www.cita.es/teborramos-xornal-actualidad/

www.miguelgallardo.es/teborramos-demanda-contestada/documento-2.pdf 

Ambos documentos constan en la contestación a la demanda de la abogada del demandante por su propio honor, instrumentalizado con fines empresariales y de puro negocio comercial por la marca TeBorramos, según lo que también se adjunta como

Documento 3 contestación a la demanda de la abogada Sara Pastor 

Escrito publicado en www.miguelgallardo.es/teborramos-demanda-contestada.pdf 

Documento 4 Carta abierta remitida por el demandado Dr. Gallardo a

María Eugènia Gay Rosell DECANA del Colegio de Abogados de Barcelona ICAB carta abierta publicada en 

www.miguelgallardo.es/teborramos-censura-icab.pdf  

deliberando en https://chat.whatsapp.com/DoAEuPYkXkOHbPKICdWx9M

 

Pero se consideran como propios de esa parte los ya aportados por la asociación APEDANICA en su contestación publicada en

http://cita.es/apedanica-contesta-demanda-honor-funcionario.pdf 

DOCUMENTOS

(005) D1 AUTO 22-9-2020.pdf http://cita.es/auto/teborramos-querella-inadmitida.pdf 

(005) D2 AUTO 15-1-2021 desestimación Recurso Apelación.pdf

 http://cita.es/auto/archivo-firme-querella-teborramos.pdf 

(005) D3 ENLACE  http://cita.es/negociaciones/prohibidas/ 

(005) D4 SAP Barcelona 19/4/2007 miguel-angel-montero-de-espinosa-solbes.pdf 

 http://cita.es/sentencia/miguel-angel-montero-de-espinosa-solbes.pdf 

(005) D5 SAP Barcelona de 19 abril de 2007.pdf

(005) D6 Derecho al olvido/ «Si no te borramos de internet, te devolvemos el dinero».pdf

(005) D7 Derecho al olvido/ El lado oscuro de borrar tu pasado 'online'/ "Esto está lleno de estafadores y piratas".pdf

(005) D8 Google-teborramos-demanda.pdf  http://www.miguelgallardo.es/google-teborramos-demanda.pdf 

(005) D9 DDA Ultracensura Relatora protección libertad de expresión  http://www.cita.es/ultracensura.pdf 

(005) D10  Sentencia TEDH de 9 de Marzo de 2021 http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208412

Versión original en inglés en http://cita.es/sentencia/judge-honour.pdf

Traducción oficial al castellano en http://cita.es/sentencia/jueza-honor.pdf 

Esta contestación queda publicada bajo la total responsabilidad personal y doctrinal del demandado Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz en

www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-funcionario-teborramos.pdf  

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