1.- Hasta que comienza en España la Gran Recesión de 2008 la Administración de Justicia venía incrementando su tamaño regularmente. Desde entonces permanece con la misma dimensión, sin acomodarse al incremento de litigiosidad que esta grave depresión económica ha supuesto.

Aunque en los primeros años de la crisis se mantuvo un modesto crecimiento que supuso la creación de sesenta juzgados al año, a partir de la llegada al Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón, en el año 2011, se congela la planta judicial, se eliminan 1500 jueces sustitutos y dejan de constituirse juzgados y tribunales.

Órganos unipersonales 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Juzgados de Primera Instancia 804 804 803 803 787 723 703 667 635 611 569
Juzgados de Instrucción 505 505 506 506 496 463 459 444 424 413 387
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 1.046 1.046 1.046 1.046 1.071 1.099 1.065 1.041 1.053 1.050 999
Juzgados de lo Mercantil 64 64 64 64 65 55 40 36 34 32 24
Juzgados de Violencia contra la Mujer 106 106 106 106 106 103 92 83 40 18 0
Juzgados de lo Penal 384 381 381 381 381 364 342 327 324 317 301
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 241 241 241 241 241 236 229 205 191 185 176
Juzgados de lo Social 345 345 345 345 345 335 330 323 320 318 304
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 51 51 51 51 51 47 45 44 43 41 35
Juzgados de Menores 83 83 83 83 83 83 82 81 81 79 72
Registros civiles exclusivos 28 28 28 28 28 27 26 21 21 21 21
Decanatos exclusivos 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Totales 3665 3662 3662 3662 3662 3543 3421 3280 3174 3093 2896

La litigiosidad, sin embargo, no para de crecer. La jurisdicción social se ha visto desbordada por las consecuencias de la crisis y por la aplicación de la reforma laboral, que ha contribuido objetivamente al aumento de las demandas por las ventajas que para las empresas supone resistirse a las pretensiones de los trabajadores. Además la supresión de los jueces sustitutos ha ampliado en algunos casos los tiempos de respuesta de la jurisdicción, estimulando a los trabajadores a conciliaciones perjudiciales para sus intereses.

Otro tanto acontece con el orden jurisdiccional civil, también desarbolado en algunas localidades por la ola de litigiosidad que han supuesto las reclamaciones contra cláusulas abusivas, la oposición a ejecuciones hipotecarias, contratos bancarios, permutas financieras, preferentes y últimamente la venta de acciones de Bankia. Los Juzgados de lo Mercantil también se han visto sobrepasados por el incremento de las insolvencias empresariales y familiares, y por los litigios sobre condiciones generales de la contratación, en particular sobre cláusulas suelo, que están llevando los señalamientos a años vista. El orden contencioso ha sufrido vaivenes y el penal se ha convertido en el recipiendario de cualquier reclamación.

2.- Conocido es que las consecuencias de la crisis han querido ser escondidas por los responsables del Ministerio de Justicia por medio de la implantación de unas tasas judiciales disuasorias, que han permitido disimular durante varios años, hasta su reciente derogación parcial, el indudable incremento del número de asuntos judiciales que propicia la conflictividad social.

Esa derogación, que sigue sin beneficiar a las pequeñas empresas que de modo ocasional acuden a los tribunales, tratadas de modo semejante que los grandes usuarios de la Administración de Justicia que son las entidades financieras, de crédito y aseguradoras, es insuficiente y debiera ampliarse. Pero al suprimirse en parte, se ha puesto de manifiesto que, efectivamente, cumplieron esa finalidad de impedir a los ciudadanos acceder al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que garantiza el art. 24 CE.

3.- Nos encontramos, por lo tanto, con un panorama desolador. La planta judicial no crece desde hace un lustro, y la litigiosidad no para de incrementarse. Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas se han instalado en una cómoda dinámica, pues las limitadas plazas judiciales que se crean, que no se traducen en nuevos juzgados y tribunales, se solventan con la simple colocación de una silla y un ordenador en cualquier rincón de los Palacios de Justicia.

A pesar de que se sostiene que ha habido incremento de la planta, la realidad demuestra que sólo se han reforzado órganos desbordados, sin planificación para afrontar las crecientes necesidades ciudadanas. Una sociedad madura como la española, que habitualmente acude a los tribunales como cauce civilizado de resolución de conflictos, está siendo defraudada con esta política restrictiva, que hurta cada año los doscientos juzgados que son precisos para atender el incremento de procedimientos.

Órganos Judiciales Colegiados 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Tribunal Supremo 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Audiencia Nacional 61 59 59 59 59 59 59 59 59 56 56
TSJ 714 545 545 545 545 491 483 478 469 468 447
Audiencias Provinciales 935 827 827 827 827 815 795 779 764 756 724

4.- La situación actual no ha estallado de forma generalizada por el esfuerzo del personal de la Administración de Justicia y la magistratura. Sólo se comprende que pueda seguirse atendiendo el aumento de las peticiones de tutela judicial por la dedicación, cada vez superior, de los funcionarios y personal que tienen encomendado el funcionamiento de la Administración de Justicia y quienes integran el Poder Judicial.

Pese a la disminución de efectivos que ha supuesto la expulsión de los jueces y juezas sustitutos y suplentes, reducidos a un número prácticamente simbólico por la práctica desaparición de esta partida presupuestaria, se ha mantenido la respuesta judicial, pero a costa de un incremento significativo de la dilación. Cada vez son más los órganos sobrecargados, según los estudios del Consejo General del Poder Judicial, y cada vez más la demora de las fechas para celebrar vistas y juicios.

5.- Esta situación tiene que remediarse ya. No es posible que sigan sin crearse juzgados. La presente situación no se va a paliar con la actual política de precarizar las nuevas promociones de la judicatura, que se llevan de un lugar a otro con poco criterio y escasa efectividad. Los derechos de los ciudadanos, que son los que tutela el Poder Judicial, necesitan que éste se organice con un tamaño suficiente y mayor eficiencia. Es preciso volver al nivel de creación de Juzgados y Tribunales que había antes de que comenzara la crisis, aunque ello suponga una inversión notablemente superior a la que ahora se dedica a esta finalidad.

6.- Por todo ello Jueces para la Democracia reclama del Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial y Comunidades Autónomas con transferencia en materia de justicia, que con la mayor urgencia acomoden el tamaño de la Administración de Justicia a las actuales necesidades de la ciudadanía, procediendo a la inmediata creación de los mil juzgados que debieran haberse puesto en marcha durante el último lustro, con el fin de que la sociedad pueda seguir confiando a sus tribunales la tutela, sin las actuales dilaciones, de sus derechos fundamentales y libertades públicas.

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