Segunda denuncia contra Arsenio Fernández De Mesa Director de la Guardia Civil, en esta ocasión ante el subsecretario del Ministerio del Interior.

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;Denuncias 19 Octubre 2015 Sección; Especiales

Luis Aguilera Ruiz subsecretario del Ministerio del Interior por enlaces  www.cita.es/luis-aguilera y www.miguelgallardo.es/luis-aguilera.pdf

Como mejor proceda, presento DENUNCIA considerando TODA la documentación adjunta y los relevantes enlaces a páginas de Internet que referencian, entre otras muchas  42 páginas con el nombre de Arsenio Fernández de Mesa de las 114 que mencionan a la Guardia Civil que publicita un convenio de formación e investigación en un video con su imagenen el Web de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) así como, al menos, 19 referencias expresas a UDIMA en el web www.guardiacivil.es Por lo que parece, UDIMA va a monopolizar de hecho la formación universitaria de miembros de la Guardia Civil recibiendo para ello fondos y recursos públicos. Hemos recomendado a varios diputados de distintos grupos parlamentarios que requieran ese convenio y que se fiscalicen siempre muy rigurosamente todos los pagos que las instituciones públicas hagan a UDIMA.

Pero incluso si todos los convenios y los pagos de instituciones públicas a UDIMA fueran completamente legales (dudamos que lo sean), la dedicación de numerosos funcionarios públicos a UDIMA tanto por la incompatibilidad como por los conflictos de intereses y cuanto se sanciona en el art. 95 del Estatuto Básico del Empleado Público, son extremadamente preocupantes, especialmente en los funcionarios dependientes de los ministerios de Interior y Justicia. Sabemos que al menos un secretario judicial lleva más de 20 años cobrando colaboraciones primero del Centro de Estudios Financieros CEF y luego de UDIMA sin contrato alguno y sin haber solicitado ninguna compatibilidad. El absentismo laboral y también la utilización de recursos públicos para una entidad tan privada como lo es UDIMA merecen la más duras sanciones. Basta con analizar los registros “log” de los sistemas telemáticos para comprender el problema que UDIMA crea parasitando en la Función Pública.

Por lo expuesto, solicito que teniendo por presentado este escrito de DENUNCIA y considerando la documentación adjunta, se abra un expediente en el que se me tenga por personado como denunciante facilitándome a la mayor brevedad copia de los convenios y demás documentos de los archivos y registros del Ministerio del Interior que no estén protegidos por la ley de secretos oficiales y de los que puedan suprimirse los datos más personales (es como mínimo muy discutible que sean protegibles los datos de funcionarios beneficiados por cualquier relación, directa o indirecta, con UDIMA) y que los instructores de los expedientes que afecten a UDIMA me concedan un trámite de audiencia a la mayor brevedad posible. Lo pido en Madrid, a 15 de octubre de 2015, solicitando pronto acuse de recibo.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Domicilio para notificaciones en C/ Fernando Poo, 16 6ºB 28045 Madrid

Secretario General de Universidades, Juan María Vázquez Rojas, y Consejeros de Educación de Comunidades Autónomas, por denuncia contra UDIMA con hiperenlaces relevantes en www.miguelgallardo.es/udima-universidades.pdf

Como mejor proceda pongo en su conocimiento, DENUNCIANDO, estos HECHOS:

1º Con fecha 27.8.15 presentamos denuncia, reiterándola el 17.8.15, ante el Director General de Universidades de la Comunidad de Madrid contra la Universidad a Distancia de Madrid UDIMA, entidad privada, según se adjunta. Desde entonces se hemos conseguido información sobre hechos que puede tener alcance nacional y consecuencias muy graves para todo el sistema educativo y en ciertas titulaciones.

2º Por una parte, hemos comprobado que es habitual que los profesores de la universidad privada UDIMA sean funcionarios públicos que no tienen contrato de ningún tipo con UDIMA, como es el caso del secretario judicial ya denunciado a la Oficina de Conflictos de Intereses, José Ignacio Atienza López. Podemos afirmar que UDIMA parasita la función pública de muchos de sus profesores que cometen faltas muy graves por el art. 95 del Estatuto Básico del Empleado Público.

3º Por otra parte, hemos tenido conocimiento de que UDIMA ha firmado un más que sospechoso convenio con el director de la Guardia Civil. Hay 42 páginas con el nombre de Arsenio Fernández de Mesa de las 114 que mencionan a la Guardia Civil en el Web de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), que publicita un convenio de formación e investigación en un video con su imagen. También hay 19 referencias a UDIMA en el web www.guardiacivil.es Por lo que parece, UDIMA va a monopolizar de hecho la formación universitaria de miembros de la Guardia Civil recibiendo fondos públicos para ello. Hemos recomendado a varios diputados de distintos grupos parlamentarios que requieran ese convenio y que se fiscalicen rigurosamente todos los pagos que las instituciones públicas hagan a UDIMA.

4º La denominada “universidad sin suspensos” merece la máxima vigilancia por parte de la Administración, tanto por las estadísticas de sus calificaciones, como por el más necesario control de calidad de la enseñanza y también de su profesorado.

Disponemos de más datos y documentos que aportaré a los expedientes que se abran como pido con esta denuncia en todas las instancias con competencias sobre la calidad y el negocio en universidades privadas, así como en las funciones públicas parasitadas por UDIMA o los pagos con fondos públicos a UDIMA o quejas sobre su docencia y presuntas manipulaciones de calificaciones denunciadas, al menos, por uno de sus profesores, por lo que se solicita pronto acuse de recibo de esta denuncia que se presenta desde Madrid, a 12 de octubre de 2015.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Domicilio para notificaciones en C/ Fernando Poo, 16 6ºB 28045 Madrid

Se adjunta denuncia ya presentada en la Comunidad de Madrid


Ilmo. Sr. D. (Prof. Dr.) José Manuel Torralba Castelló, Director General de Universidades de la Comunidad de Madrid porhiperenlaces publicados en www.cita.es/torralba-udimaywww.miguelgallardo.es/torralba-udima.pdf

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  como mejor proceda presenta DENUNCIA PÚBLICA por los siguientes HECHOS:

1º Con fecha 1.5.13 el periodista Aníbal Malvar publicó que “En la Universidad a Distancia de Madrid no existe el suspenso“ como puede verse en Internet

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-06-08/en-la-universidad-a-distancia-de-madrid-no-existe-el-suspenso_196016/

En el texto pueden leerse hechos, datos y manifestaciones extremadamente graves para cualquier universitario que se precie de serlo con una mínima dignidad. Esas noticias deberían haber obligado a la Administración a actuar de oficio, pero quien aquí denuncia desconoce si se ha abierto algún expediente a UDIMA alguna vez.

2º Con fecha 26.6.13 el mismo periodista amplía esa noticia y los datos con el titular “La 'universidad sin suspensos' tampoco tiene comité de empresa “ni elecciones a claustro”. En su texto puede leerse: El Confidencial tras recibir varias denuncias, a este respecto, procedentes tanto de exprofesores como de docentes en ejercicio y otro personal de esta institución privada. "Nunca voté en Udima para claustro o junta de facultad porque no existe ni lo uno ni lo otro. Cualquier comportamiento dirigido a establecer reuniones y a cumplir la legalidad vigente, marcada por el Convenio de Universidades Privadas, era mal visto y castigado". Denuncias como la que sigue: “Toda actividad sindical en la empresa es perseguida sistemáticamente. Los derechos de los trabajadores son ignorados siempre y la palabra sindicatos está prohibida. En cuanto se enteran de que alguien inicia alguna actividad de asociación de trabajadores para constituir un comité de empresa, van a por él o a por ella”, asegura un exprofesor que prefiere mantenerse en el anonimato porque continua vinculado a la docencia en universidades privadas. No es el único. Su versión ha sido corroborada por escrito por varios docentes a este periódico. En 2012, un miembro electo de la ejecutiva nacional de universidades de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF, mayoritaria en el sector) elaboró un informe en el que denunciaba no solo inexistencia de representación sindical, sino también explotación laboral (profesores con más de 2.000 alumnos impartiendo más de cien asignaturas), presiones a los docentes para aprobar a todos los alumnos y garantizar su continuidad, e inexistencia de claustro y junta de gobierno elegidos democráticamente. Todos los profesores con los que se ha puesto en contacto El Confidencial ratifican el contenido de este informe: “Nunca voté en Udima para claustro o junta de facultad porque no existe ni lo uno ni lo otro. Cualquier comportamiento dirigido a establecer reuniones y a cumplir la legalidad vigente, marcada por el Convenio de Universidades Privadas, era mal visto y castigado. En una ocasión, a los tres meses de entrar, la dirección me solicitó mi opinión sobre cómo veía yo la situación de la empresa, ya que mi especialidad es la Dirección de Recursos Humanos. Yo les di mi opinión sobre la necesidad de cumplir la ley en materia laboral, es decir, el Convenio de Universidades Privadas: constitución de la Junta de Gobierno,constitución del claustro, reuniones de departamento, junta de personal y, lo más importante, el comité de empresa. Es curioso que después de darles mi opinión me dijeran que, a partir de ese momento, me dedicara a la docencia y que no me metiera donde no me llaman. Desde entonces comenzó el proceso de acoso laboral, con cientos de aulas y casi 2.000 alumnos. Un infierno para mí”, relata uno de los profesores.

3º En la universidad privada UDIMA trabajan desde hace muchos años, al menos, tres secretarios judiciales, Raquel Resa Carretero, Alfredo Alcañiz Rodríguez y José Ignacio Atienza López. Este último ha sido denunciado a la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas según escrito que se acompaña y está en Internet www.miguelgallardo.es/oci-secretario.pdf

En esa denuncia contra José Ignacio Atienza Lópezse dice textualmente: “El denunciado, antes de su actual destino, estuvo en el Juzgado de lo Social 9 de Madrid y a la vista de su trayectoria pública y privada, pero publicada en Internet www.cef.es y www.udima.es así como por las actitudes y manifestaciones que este denunciante ha conocido, puede ser determinante en cuanto afecte a la conflictividad de las entidades privadas para las que trabaja. Por ejemplo, es muy sospechoso su acceso al Punto Neutro Judicial por medio del cual puede obtener información muy relevante para beneficiar a las entidades privadas de las que cobra con regularidad sueldos desde hace muchos años”.

La Función Pública que se simultanéa con actividades privadas acaban por ser deteriorada, tanto en atención y dedicación, como por contaminarse en conflictos de Intereses. En las universidades de Madrid hay dos tipos de perversiones duales. En las públicas, funcionarios investigadores y docentes administran complejos entramados empresariales a los que dedican mucho más tiempo y esfuerzo que a la Función Pública universitaria. Pero en el caso de la universidad privada UDIMA, por cierto, en permanente conflicto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la perversión se observa claramente, al menos, en el caso de los secretarios judiciales que desde hace muchos años compatibilizan (legalmente, o puede que ilegalmente, y en todo caso, siempre es revisable y anulable) pueden cometer graves errores e ignorar, más o menos deliberadamente, derechos de quienes son víctimas de una dedicación privada múltiple sin límite ni control alguno.

Por lo expuesto, solicito que se abra un expediente sobre lo publicado de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y, como perjudicado por uno de los secretarios judiciales que parece que se dedica más a la actividad privada que a su función pública, se me tenga por personado, y en todo caso, que se me proporcione toda la información que yo pueda aportar a la Oficina de Conflictos de Intereses.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Otras referencias de relevancia en www.cita.es/upm.pdfwww.cita.es/moix-upmwww.cita.es/querella-upm  www.miguelgallardo.es/lucia-figar.pdf

www.miguelgallardo.es/consejera-figar.pdf  www.miguelgallardo.es/ministro-wert.pdf

Se adjunta la mencionada denuncia ya enviada a la Oficina Conflictos de Intereses


Oficina de Conflictos de Intereses por DENUNCIA contra secretario judicial

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (solicitando acuse de recibo) con hiperenlaces en www.miguelgallardo.es/oci-secretario.pdf

Considerando sus competencias, como mejor proceda se presenta DENUNCIA contra el secretario judicial José Ignacio Atienza López, actualmente en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, por los siguientes HECHOS:

1º Es público y notorio que el denunciado trabaja, al menos, tanto en el Centro de Estudios Financieros www.cef.es como en la Universidad a Distancia de Madrid www.udima.es como puede comprobarse muy fácilmente poniendo su nombre en Google. Este hecho fue puesto en conocimiento de la Jefa del Área de Secretarios Judiciales de la Secretaría General de Administración de Justicia, Marcela Rodríguez, y de la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de Servicios, Ministerio de Justicia con fecha 20.4.05 sin que hasta la fecha este denunciante haya recibido más que un mínimo acuse de recibo que referencia el expediente D­00073/2015. No se trata aquí solamente de una presunta incompatibilidad, sino también de un obvio conflicto de intereses que se evidencia en los procedimientos judiciales que dependen de él, en claro perjuicio del aquí denunciante.

2º Incluso si tuviera concedida la compatibilidad desde hace ya muchos años, la dedicación del secretario judicial denunciado a www.cef.es y www.udima.es resulta desproporcionada, y puede afectar (este denunciante tiene la seguridad de que afecta) a su dedicación a su función pública tanto por falta de atención como por conflicto de intereses relacionables con sus ocupaciones privadas. Por ejemplo, José Ignacio Atienza López ignora, tal vez muy deliberadamente, una tasación de costas por la que fue condenada la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y dos de sus funcionarios para beneficiar a dos abogados de oficio que pretenden cobrar el triple de esa tasación ignorada por el denunciado, ocasionando un perjuicio muy grave al aquí denunciante. Es fácil comprobar también la relación de varios funcionarios de la UPM con www.udima.es y también que las resoluciones injustas del aquí denunciado son conocidas y parece que toleradas por otros funcionarios. Se ha presentado queja a la Defensora del Pueblo incluyendo documentación relevante que yo mismo publico en www.miguelgallardo.es/defensora-factura.pdf

3º Más allá de los hechos que evidencian la ignorancia, tal vez deliberada, del denunciado en perjuicio del aquí denunciante, es muy relevante que la universidad privada en la que trabaja, con o sin compatibilidad concedida, sea objeto de noticias como ésta:

La 'universidad sin suspensos' tampoco tiene comité de empresa...

www.elconfidencial.com/.../la-lsquo-universidad-sin-suspensos-rsquo-ta...

23 jun. 2013 - La 'universidad sin suspensos' tampoco tiene comité de empresa ni elecciones a claustro. En la Universidad a Distancia de Madrid (Udima) .

El denunciado, antes de su actual destino, estuvo en el Juzgado de lo Social 9 de Madrid y a la vista de su trayectoria pública y privada, pero publicada en Internet www.cef.es y www.udima.es así como por las actitudes y manifestaciones que este denunciante ha conocido, puede ser determinante en cuanto afecte a la conflictividad de las entidades privadas para las que trabaja. Por ejemplo, es muy sospechoso su acceso al Punto Neutro Judicial por medio del cual puede obtener información muy relevante para beneficiar a las entidades privadas de las que cobra con regularidad sueldos desde hace muchos años.

Esta Oficina de Conflictos de Intereses, y en especial, Flor María López Laguna y Pablo Juan Sanz conocen, al menos desde 2008, docenas de actividades privadas de funcionarios de universidades públicas, con consecuencias gravísimas. En esta denuncia, el problema es el dual, porque una universidad privada parece depender del trabajo y la condición de funcionarios públicos, como es el caso del secretario judicial José Ignacio Atienza López, actualmente en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, según puede verse, entre otras muchas páginas de Internet, en

José Ignacio Atienza López | UDIMA

www.udima.es/es/profesor/jose-ignacio-atienza-lopez.html

Formación de Grado y especialización. Licenciado en Derecho. Secretario Judicial en activo desde abril de 1991. Experiencia docente. Profesor del Centro de Estudios Financieros desde Mayo de 1993.

No es el único secretario judicial que aparece vinculado a www.udima.es pero es el que me ha perjudiciado más por incompatibilidad y conflictos de intereses, lo que me legitima especialmente para agotar todas las posibilidades y recursos para que sus actividades privadas no le impidan comprobar lo que ignora, presuntamente de manera deliberada, y que no puedan existir conflictos de intereses, por indirectos o eventuales que sean, en su función pública. Las incompatibilidades y los conflictos de intereses tienen víctimas, porque el funcionario que se dedica mucho a lo que no debiera acaba por dedicarse poco a su función pública, y cuando lo hace, está contaminado por quien paga sus remuneraciones privadas. En este caso, desde 1993 forma parte del entramado docente de www.cef.es y www.udima.es un secretario judicial capaz de ignorar lo más obvio y ejecutar lo más injusto.

Por lo expuesto, se SOLICITA que a la mayor brevedad posible que se comprueben las actividades privadas del secretario judicial José Ignacio Atienza López y cualquier compatibilidad que se le haya concedido, requiriendo a la Jefa del Área de Secretarios Judiciales del Ministerio de Justicia copia del expediente D­00073/2015 por lo dispuesto en el art. 95 del Estatuto Básico del Empleado Público, y que se me tenga por personado como denunciante interesado legítimo y perjudicado que queda a la disposición de todos los funcionarios competentes o interesables por los hechos aquí denunciados para cualquier aclaración o documentación a mi alcance, sin perjuicio de cualquier otra acción que yo pueda ejercer para defender mis intereses, insisto, muy gravemente perjudicados por el aquí denunciado.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Otras referencias de posible relevancia en www.cita.es/demanda-malversada

www.miguelgallardo.es/compatibilidad-secretario.pdf

www.miguelgallardo.es/secretario-interfiere.pdf

Y esta denuncia que queda publicada en www.miguelgallardo.es/oci-secretario.pdf