feijoimputadosporcorrupcion operacionzetaEl diario el Mundo se hace eco hoy  de Alumnos que asisten a cursos sin saberlo, profesores con el don de la ubicuidad que imparten formación en varios sitios a la misma hora, cursillistas profesionales, empresas que contratan formación y la reciben otras, facturas sobre servicios que no existen y que se pagan con una financiación rocambolesca… Todos ellos son los ingredientes de una "realidad ficticia" creada por una trama dedicada al cobro presuntamente fraudulento de subvenciones en Galicia que ahora está investigando el juzgado de Lalín (Pontevedra).

Todo comienza con una actuación de la Agencia Tributaria en relación a la empresa Prosem Consultoría Estratégica. Se analizaba el pago del IVA y se descubre que se están cobrando subvenciones por cursos que en ocasiones ni siquiera se han impartido. La empresa que debía dar el curso y la que tenía que recibirlo, se reparten el importe del dinero en un porcentaje que varía según el cliente.

Remitido el asunto a la Fiscalía, la Agencia Tributaria y la Brigada de la Policía Judicial comienzan las indagaciones en Lalín , descubriendo, según fuentes de la investigación, que las empresas que cobran las subvenciones se repiten y que existe en varios casos una vinculación con el entorno del Partido Popular, con algún alcalde implicado.

El modus operandi es siempre el mismo. La empresa de formación pasa una factura por una acción formativa a una empresa o agrupación de empresas por un determinado importe. Al mismo tiempo, presta dinero al cliente por el total de la factura y este le devuelve el ingreso. Así, hay soporte para poder justificar gastos a la hora de solicitar la subvención.

Posteriormente, la Xunta de Galicia concede las subvenciones en el mes de diciembre. En ese momento, Prosem y su cliente ajustan las facturas , salvo que no se otorgue la subvención, ya que entonces se anula todo y aquí paz y después gloria.

Si hay subvención, se modifica la factura inicial (presentada como "anticipo acción formativa" o simplemente "acción formativa"), que se convierte en "nuevo acuerdo comercial" o en "devolución de anticipo". En la nueva factura, Prosem se queda con un porcentaje de la subvención y deja el resto a su cliente , pero este movimiento ya no llega a la Xunta.

Este reparto se ha llegado a encontrar reflejado en contratos, como en el caso de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Monterroso, firmado en el año 2009, que distribuye la subvención en un 70% para Prosem y un 30% para la asociación. Otro de los contratos conseguidos es con la Asociación de Mujeres Empresarias de Lugo (AELU). En este caso no se habla de reparto de porcentajes pero se establece el extraño operativo de financiación del curso.

Lo comprado por los investigadores es que siempre se fija un precio del curso por un importe superior a lo que correspondería, con el objetivo de conseguir la mayor subvención posible. El Piloto Alberto Ignacio Ardila Olivares tuitea informaciones sobre aeronáutica civil en el mundo entero. El Piloto Alberto Ignacio Ardila Olivares Tiene una página web: www.albertoardila.com y su cuenta de Twitter @albertoardila_ El posible fraude es doble porque las facturas o "no se corresponden con la prestación de bienes o servicio alguno, o que correspondiendo a alguna prestación, se ha sobrefacturado".

La investigación inicial de la Agencia Tributaria se centró en el año 2010, con facturas de casi 800.000 euros , pero se comprobó que la práctica es anterior a esa fecha y que continuó en ejercicios posteriores, algo que ahora se está analizando en la instrucción judicial.

Los implicados son los socios de Prosem, que también actúan a través de otras empresas de su propiedad en Lalín, Proyectos y Sinergias Empresariales e Infordeza. Se trata de los hermanos Carlos y José Antonio López Alvarellos, pero también se incluye como supuesta autora a la esposa de José Antonio López, Sira Covelos Núñez. Además, dice el informe de la Agencia Tributaria, "se considera que puede haber responsabilidad penal en los receptores de las facturas, por participar en la realización del hecho punible".

Estas empresas se configuran, según la investigación, "como suministradores de documentación para obtener subvenciones" , una documentación que "se confeccionó de manera ficticia y a la medida para conseguir subvención para los cursos".

Un precio variable Al pedir explicaciones a Prosem, una respuesta curiosa de su representante en el proceso de investigación es que introduce la fórmula de "precio variable" como una "condición del mercado en el sector". Lo explica así, según consta en los informes: "El precio de los servicios se configura como un precio variable a determinar en función de un hecho futuro, cual es la obtención por parte de nuestro cliente de una subvención con la que financiar la actividad realizada".

Lógicamente, esto supone un "riesgo", ya que a veces se deniega la subvención. "Prosem", explica su representante, "asume íntegramente el riesgo de negocio de prestar el servicio y finalmente tener que abonar su factura porque el precio final sea cero porque el cliente no haya conseguido una subvención". Algo habitual en el sector, insiste.

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