La Guardia Civil ha desmantelado en Santa Pola (Alicante) una residencia de ancianos ilegal que una familia, de nacionalidad británica, compuesta por un matrimonio (59 y 59 años) y su hija, de 25 años, había creado en su vivienda, por lo que se ha procedido a su detención imputándole los delitos de estafa, intrusismo profesional y pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició a raíz de las declaraciones de diversos testigos, que aseguraban la existencia de un asilo clandestino de ancianos, en un chalet de la localidad. De esta forma, los agentes mantienen una vigilancia que ha durado varias semanas, hasta hallar evidencias suficientes que pudieran corroborar las declaraciones. 

No ha sido fácil lograr las evidencias necesarias para desmantelar este asilo ilegal, ante el blindaje informativo que los detenidos habían desplegado entre trabajadores y residentes.
 
La hija del matrimonio, que trabajaba en una farmacia cercana a la localidad, era la encargada de captar a los perjudicados: personas de avanzada edad, de nacionalidad inglesa, residentes en la localidad, con poca o ninguna familia cercana y que hablaban únicamente inglés.
 
Así, les convencían para ingresar en la supuesta residencia, a cambio de una cuota mensual que rondaba los 2.500 y 3.000 euros por residente. Una vez en la residencia, les solicitaban documentación y escrituras de sus propiedades, que guardaban en una caja fuerte, con el fin de intentar persuadirles para que, cuando fallecieran, les dejaran en herencia las propiedades.
 
Los ancianos, al parecer, recibían un trato digno, aunque alguno de ellos ha declarado que en alguna ocasión recibían voces y gritos, pero en general no hay signos evidentes de maltrato.
 
Cuando alguno de ellos recibía alguna visita, los detenidos estaban constantemente vigilando, para que no se pudiera filtrar lo que estaba sucediendo. El control de la información era tan fuerte, que no dejaban a los ancianos disponer de sus teléfonos móviles, que eran retirados al entrar en la residencia, y eran vigilados en todo momento a través de cámaras de seguridad, distribuidas por toda la vivienda.
 
Finalmente, uno de los ancianos, tras mucho insistir y con la ayuda de su familia, consiguió salir de la casa, y corroborar a los agentes todo lo que allí estaba sucediendo.
 
Las instalaciones, que contaban con 5 habitaciones y casi siempre estaban ocupadas, disponían de camas articuladas, y algunos accesorios para facilitar la vida diaria de los ancianos, sin embargo, carecían de las medidas de seguridad básicas exigidas para un centro de estas características. Se estima que la residencia ilegal podía llevar funcionando unos tres años.
 
Del mismo modo, las personas contratadas por la familia para cuidar a los ancianos, no estaban cualificadas, ni se contaba con ningún facultativo, necesario para el bienestar de los residentes, aunque si estaban bien adiestradas para no revelar ningún dato que pudiera llevar a las autoridades a conocer lo que allí sucedía.

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