Sabíamos que el éxito de la coalición electoral “Lliures per Europa” iba a dar lugar a momentos únicos gracias a España, pero no podíamos imaginar que no nos dejaran ni descansar tras el recuento.

 

El asunto, por paradójico que parezca, se complicó desde que los líderes triunfadores en las urnas autonómicas del 27 de septiembre de 2015 se atrevieron a cumplir, pasando del papel mojado de los programas electorales a la impertinencia de volver a leerlos tras las urnas. El lío no habría ni comenzado si alguien hubiera abierto la puerta a los que estaban llamando, pero los líderes del Estado, confirmando su acreditada trayectoria anti política cuando alguien quiere hablar de cualquiera de las cosas que quedaron “atadas y bien atadas” hace más de cuarenta años, activaron el binomio represión + judicialización para que nadie dudara de quién sigue mandando.

Desde entonces, y hasta hoy con aparente respeto por las formas y los procedimientos, pero también con acreditada indigencia jurídica, España ha pretendido la colaboración de Europa para encarcelar a Puigdemont y otros exiliados mediante órdenes de extradición. Una estrategia que ha fracasado de tal manera que, qué sepamos, no hay en la misma situación del ex presidente y de Comín ningún parlamentario europeo de ningún otro país.

La alegría con que el gobierno de España celebraba el martes 28 la sentencia del TEDH sobre un conflicto más institucional que de derechos humanos, y que los independentistas instaron excitados por las tensiones de octubre del 17, se tornó máscara al día siguiente, al conocerse la resolución de la ONU en defensa inapelable de los “presos políticos”, pidiendo para ellos la libertad inmediata, una indemnización compensatoria por los perjuicios ocasionados y también una investigación neutral. Expuesto todo ello en rueda de prensa por Ben Emmerson que Moncloa se ha apresurado a desacreditar con una mano, mientras con la otra intentaba quitar hierro a las declaraciones “inamistosas” del ministro Borrell contra Rusia, lo que ha provocado que en Moscú convocaran a nuestro embajador para leerle la cartilla.

El caso es que también ayer miércoles, y ante el pavor por los estropicios que un Puigdemont electo pueda ocasionar con su aún mayor libertad de movimientos, menos en su país, descubrimos que nuestro gobierno ha decidido exportar también a Europa la estrategia de judicialización de la política hasta en los procedimientos administrativos, comenzando por crear un conflicto de los que tanto agradan al berlusconiano Tajani, y más ahora, que está en su tiempo de la basura. El resultado ha sido un ridículo tan espantoso como que el Parlamento europeo haya tramitado sin demora la acreditación temporal de europeos y españoles electos como Bauzá o Riba, y se la haya negado a europeos y españoles electos como Puigdemont o Comín.

Visto el despropósito, “El Nacional” ha decidido hacerse eco de lo que el periodista Jean Quatremer, del diario francés Libération, ha puesto negro sobre blanco: la prohibición de entrada en el Parlamento europeo que han sufrido hoy Carles Puigdemont y Toni Comín demuestra que "el caso catalán es el ángulo muerto de la construcción europea".

Quizás exportar Catalunya a Europa sea lo que más le conviene a una España que, de nuevo, es incapaz de resolver “algunos” de sus problemas internos.

Ante tal posibilidad, mucho me extrañaría que los Abascal, Rivera y Casado se atrevieran a convocar un nuevo Colón. A todo el mundo, el mundial, le recordaría demasiado a las plazas de Oriente que llenaba de fanáticos agradecidos el asesino Francisco Franco.

No estoy seguro de haber evitado el riesgo de teclear con “la pata” en lugar de con la cabeza. Si ha ocurrido, pido disculpas.

Tal ha sido el impulso provocado por la que quizás sea la noticia más ridícula y comprometedora para esta Europa parlamentaria, hasta el momento, de entre todas las que los gobiernos de España han sido capaces de provocar a partir de sus tropiezos con un independentismo catalán que confirma su implantación en cada convocatoria electoral.

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