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En unas semanas en las que parece que se están logrando cambios importantes en cuanto a la no aceptación de actos machistas y lucha por los derechos de la mitad de nuestra población queda aún mucho por luchar.
El empuje de la ciudadanía ha sido clave en los resultados conseguidos y vuelve a demostrar que los grandes avances se consiguen a base de pelearlos contra un sector del poder mediático y político que tratan de frenar cualquier intento de conseguir una sociedad mejor.


…en 20 años nos dirán, como hacen ahora con la Constitución, que siempre estuvieron luchando por los derechos y progreso de España. Si nuestro país es punta de lanza en ciertas cuestiones no lo será nunca gracias a posiciones retrogradas y negacionistas.
Los gobiernos e instituciones han de apoyar los cambios en la sociedad…pero tanto en territorio nacional como en el exterior, y la actitud de muchos de nuestros Consulados Generales son dignas de que sean conocidas por nuestra ciudadanía y consigamos que el Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación exija a todas sus instituciones en el exterior a NO DISCRIMINAR a nuestra población.
La continua dejadez o falta de acción rápida en casos de ventas de citas y corrupción son claramente un problema que afecta a nuestra reputación como una de las supuestas potencias en Europa. La falta de actuación en muchos casos podría permitir que haya quien piense que no hay interés en atajar las posibles corruptelas y fraudes que se conocen en algunos consulados y que se denuncian a diario en redes sociales, y La Habana ha de estar en el punto de mira para solucionar la falta de citas continúas debido a redes de venta de citas.
Pero hay otro ejemplo más claro y que atenta contra los derechos del colectivo LGTBIQ+ en el exterior y que discrimina a nuestras ciudadanas y ciudadanos que intentan contraer matrimonio con personas de su mismo sexo en ciertos países.
Hay un numero de Consulados en los que se está demostrando que la cultura, legislación, y avances conseguidos en España no se aplican a toda la población con la discriminación que ello conlleva.
Debido a los problemas que ha sufrido parte de la ciudadanía en el pasado se ha investigado la situación en consulados generales de países con un sistema similar y que están localizados en países y estados que no reconocen los derechos del colectivo LGTBIQ+.
Hay instituciones españolas que dependen de nuestro gobierno en las que se impiden uniones del mismo sexo y sus gerifaltes se unen así al estado receptor en su discriminación hacia los emigrantes españoles que solicitan un procedimiento administrativo simple y muy importante para todas ellas y ellos, el matrimonio.
¿Ha de ser informado un estado que no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo de trámites administrativos que tienen lugar en instituciones españolas?
Las contestaciones de algunos de estos consulados generales siempre se basan en leyes del estado en el que esta la institución y utilizan una línea de defensa común:
“La Convención de Viena de Relaciones Consulares de 1963 señala en el Art. 5.f que las funciones consulares incluirán “actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro civil, y en funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor” y añade en el Art. 5.m “ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que envía a la oficina consular que no estén prohibidas por las leyes y reglamentos del Estado receptor o a las que éste no se oponga, o las que le sean atribuidas por los acuerdos internacionales en vigor entre el Estado que envía y el receptor.”
XXXX prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, no reconoce este matrimonio aunque se haya celebrado en el extranjero, y se ha opuesto de forma expresa vía comunicación oficial a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo en esta Embajada.
Por todo ello, esta Embajada no puede celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo.”
La contestación de parte de algunas embajadas que están localizados en países islámicos deja clara una posición cobarde, pusilánime y cómplice de países que atacan a los derechos civiles de la población y humillante hacia una parte de la población cuyos derechos hemos de defender.
El esconderse tras una Convención que tuvo lugar en 1963, en un mundo que discriminaba abiertamente a la población y que no mostraba grandes diferencias en materia de derechos civiles entre unos y otros países tampoco puede servir como excusa…en 6 décadas las sociedades han cambiado para bien.
La población española en 2023 es una de las más avanzadas en la lucha de derechos civiles y lo hemos visto claramente en el pasado, incluso en el pasado más reciente.
La caída de dirigentes culpables de actitudes reprobables con estamentos en instituciones gubernamentales implicándose en su destitución y hablando de lucha por los derechos de nuestra ciudadanía no puede ser solo cuando los casos llegan a la luz pública.
Al gobierno de Singapur, Emiratos Árabes, Marruecos, Turquía, Omán o Rusia ni le va ni le viene con quien contrae matrimonio nuestra ciudadanía y no se puede ser el cómplice ni el chivato de dictaduras y regímenes de dudosa calidad democrática y ha de permitir que la emigración española pueda usar todos los servicios disponibles sin discriminar por razón de orientación sexual y en 2023 instituciones española discriminan.
No es de recibo que solo “se realizan los expedientes previos para contraer matrimonio en España” en muchos de estos consulados y embajadas.
Hay países similares, como Malasia, en los que los y las Cónsules no tienen a bien considerar la Convención de Viena de Relaciones Consulares de 1963, en la que otros se escudan y si permiten matrimonios del mismo sexo.
Otra vez mas y como llevo denunciado mas de cuatro años hay instituciones que cuentan con Virreyes y Virreinas al mando que no actúan en representación de un estado laico, moderno, y que lucha por los derechos de TODA la ciudadanía.
En febrero de 2017 Antonio Hurtado Zurera del PSOE, preguntó sobre este tema y en la respuesta se le dijo que las condiciones de matrimonio consular son:
“1) Que al menos uno de los contrayentes tenga la nacionalidad española.
2) Que ninguno de los contrayentes tenga la nacionalidad del Estado receptor.
3) Que al menos uno de los contrayentes esté domiciliado en la demarcación consular ante la que se haya de celebrar el matrimonio.
4) Que el Estado receptor no prohíba el matrimonio consular (hay cierto número de países que mantienen esta prohibición: Gran Bretaña, Austria, Suiza, Uruguay, Guatemala, Venezuela).
5) Que el Estado receptor reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo.
[…] Cabe observar que este 5 requisito es el que representa una limitación más relevante, los otros 4 son los requisitos generales para celebrar un matrimonio consular. Modificar este punto requeriría medidas legislativas, o jurisprudencia en los tribunales, o bien un cambio en la doctrina de la DGRN, órgano de la administración con competencia general en cuestiones registrales.”
El Gobierno progresista desde 2019 debería plantearse comenzar los cambios para asegurar la reforma de la doctrina de la DGRN y seguir avanzando como país en materia de igualdad y dejar de ampararnos para lo que nos convenga en tratados de hace 60 años.
La discrecionalidad que se otorga a muchas y muchos cónsules generales que se saltan a la torera la legislación española y ponen por encima las leyes discriminatorias de otros estados no se debe permitir en situaciones que impidan a parte de la población a ejercer sus derechos.

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