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Los partidos secesionistas ganarían las elecciones regionales del 21 de diciembre en Cataluña, aunque perderían la mayoría absoluta en el parlamento de esa comunidad autónoma, reveló hoy una encuesta publicada por el diario La Vanguardia.

El sondeo, realizado para el citado periódico catalán por la consultora GAD3, concede un total de 66 escaños a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), al Partido Demócrata Europeo Catalán (Pdecat) y a la Candidatura de Unidad Popular (CUP).

Ese resultado colocaría a las tres fuerzas independentistas ligeramente por debajo de la mayoría absoluta, fijada en 68 de los 135 diputados de la cámara autonómica, y a seis bancas de las conquistadas en los comicios del 27 de septiembre de 2015.

La pesquisa de GAD3, elaborada entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre a partir de mil 233 entrevistas, pronostica el triunfo del izquierdista ERC con más del 29 por ciento de los votos o 45-46 asientos en la asamblea legislativa unicameral.

En segundo puesto se ubicarían los liberales de Ciudadanos (Cs, 21 por ciento o 27-28 escaños), seguidos por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) -referente del PSOE en ese territorio nororiental-, que lograría 19-20 representantes en la cámara.

El conservador Partido Popular del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, obtendría un máximo de 12 diputados, con lo que las autodenominadas fuerzas constitucionalistas (Cs, PSOE y PP) sumarían 60 escaños.

La llave de la mayoría parlamentaria y del gobierno catalán estaría en manos de la coalición electoral de izquierda Catalunya Sí que es Pot (Cataluña Sí se Puede), que revalidaría sus 11 bancas en la asamblea legislativa.

El conservador Pdecat, del cesado presidente catalán Carles Puigdemont, se quedaría con entre 14-15 diputados al hacerse con el 10 por ciento de los sufragios.

De esa manera, el bloque independentista de ERC, Pdecat y CUP se quedaría en una horquilla de entre 69 y 66 escaños, frente a los 72 que obtuvieron tras los comicios de hace poco más de dos años.

Las elecciones del próximo 21 de diciembre fueron convocadas por el ejecutivo de Rajoy, que el pasado 27 de octubre intervino la autonomía de Cataluña y destituyó a Puigdemont y a todos sus consejeros para frenar sus aspiraciones separatistas
 
El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y cuatro miembros de su cesada administración se presentaron hoy de manera voluntaria ante la Policía belga, confirmó la Fiscalía de Bruselas.
Puigdemont y sus antiguos consejeros (ministros) se desplazaron el pasado lunes a esta capital, tras ser destituidos por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en represalia por haber declarado unilateralmente la independencia de esa región el 27 de octubre.

La Audiencia Nacional (AN) de España emitió el pasado viernes una orden europea de detención contra el líder separatista y sus cuatro colaboradores, al no comparecer a una citación del alto tribunal en Madrid.

Todos son investigados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos, al igual que otros ocho exconsejeros enviados el jueves a prisión incondicional sin fianza por la jueza de la AN Carmen Lamela.

El depuesto gobernante de esa próspera comunidad autónoma del noreste español y sus otrora ministros rechazaron la euroorden y comparecerán este domingo ante el juez de instrucción, que tendrá 24 horas para tomar una decisión, informó un portavoz de la Fiscalía.

Según fuentes periodísticas, la entrega de Puigdemont abre una nueva etapa en la crisis generada por su desafío secesionista y un proceso judicial que podría prolongarse entre 10 días y dos meses hasta su eventual extradición a España.

De acuerdo con la legislación europea, si los afectados aceptan el traslado, la decisión se tomará en un plazo de 10 días desde su consentimiento.

Si se niegan, Bélgica dispone de 60 días para decidir sobre la extradición, un plazo que podría extenderse hasta tres meses en circunstancias excepcionales.

La justicia de este país podría negarse a entregar a Puigdemont y a sus exconsejeros si se constatase que debido a las 'condiciones generales de detención' en España existe 'un peligro real de recibir un tratamiento inhumano y humillante'.
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