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Los colectivos que iniciaron la conocida como 'http://www.ecologistasenaccion.org/article25190.html" Querella Bárcenas', IU, ALA, Ecologistas en Acción, Justicia y Sociedad y Los Verdes, actuando como acusación popular, han solicitado varios medios de prueba en la pieza separada de los papeles de Bárcenas. Se trata de incorporar a esta causa las averiguaciones realizadas en el caso Púnica, lo que permitirían volver a imputar a muchos constructores que ya lo fueron en la querella inicial.
Las organizaciones que iniciaron la acusación popular en el caso Bárcenas han solicitado formalmente al Juzgado Central de Instrucción nº 5 varias actuaciones. Su objetivo es que se investigue de nuevo a los empresarios contratistas que inicialmente fueron objeto de la querella presentada por la acusación popular, pero contra quienes la causa fue sobreseída provisionalmente por el juez instructor Ruz ante, a su juicio, la falta de pruebas que mostraran la vinculación entre las donaciones al Partido Popular recogidas en los escritos del extesorero y la adjudicación de licitaciones.
Sin embargo, además de la información que en los meses precedentes se ha aportado en el juicio de la causa Gürtel, en las últimas semanas se han ido conociendo a través de la prensa o mediante resoluciones judiciales del Juzgado Central de Instrucción nº 6 –en la investigación conocida como caso Púnica– una serie de hechos y conductas irregulares de dirigentes del Partido Popular en relación a las elecciones celebradas en los años 2003, 2004, 2008 y 2011. Es por eso que la acusación popular pide que esta información intervenida en el caso Púnica sobre financiación ilícita en procesos electorales, en especial elecciones generales o europeas, se aporte también a la causa de los papeles de Bárcenas.
Y es que los hechos y conductas que ahora se están conociendo pueden ser de gran utilidad. Servirían para ampliar el amplio acervo probatorio ya existente en la pieza separada, pero también para corroborar el presunto modus operandi y la actuación continuada para la financiación ilícita del Partido Popular, el falseamiento de sus cuentas electorales o el blanqueo y troceamiento de fondos electorales opacos, es decir, de la comisión de un delito electoral continuado. También aportaría datos para confirmar la participación continuada de los extesoreros investigados, Lapuerta y Bárcenas, quienes han sido administradores generales de las campañas del Partido Popular ante la Administración electoral y los órganos de control contable.
Además de las diligencias de prueba solicitadas relativas a la documentación del caso Púnica relacionada con procesos electorales, la acusación popular solicita en su escrito la declaración en calidad de investigados de varias personas vinculadas a Dregemont, la empresaque Francisco Correa ya identificó como pagadora de comisiones en sudeclaración en el juicio Gürtel en octubre 2016. Esta diligencia permitiríaampliar la investigación sobre lospresuntos delitos de cohecho que se habríanproducido al pagarse comisiones a dirigentes del Partido Popular a cambio defavorecer a empresas privadas en concesiones de obra pública.

También solicita la acusación popular en su escrito que acuda a declarar en calidad de investigado José Luis Izquierdo, autor de parte de la contabilidad de Francisco Correa. Y es que la denominada "carpeta azul" contiene anotaciones contables, tal y como reconoció Correa, que vincularían supuestos pagos ilícitos con las adjudicaciones de obra a través de Degremont.
Por otra parte, y en relación a la causa abierta en Toledo por supuesto cohecho y prevaricación de dirigentes del Partido Popular con ocasión de la adjudicación del servicio de limpieza de la ciudad de Toledo, la semana pasada esta acusación popular realizó nueva solicitud de diversas diligencias de prueba.
Las organizaciones querellantes, IU, ALA, Ecologistas en Acción, Justicia y Sociedad y Los Verdes, consideran que los nuevos hechos acaecidos aportan indicios suficientes como para que se profundice en la investigación que quedó inconclusa en su día. Es por ello que continuarán su tarea hasta que se investigue en profundidad la actuación de los constructores y políticos implicados, de modo que puedan ser condenados si se demuestran delitos en sus actuaciones.

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