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  • Dirigen una carta a Diego García Sayán, recientemente nombrado Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, instándole a realizar una visita en misión especial a España para analizar las dificultades que atraviesa la Justicia independiente en España.
  • Entre las cuestiones que se denuncian, se encuentra la reforma del CGPJ y de la ley que lo regula, las medidas para “agilizar” la justicia, la falta de medios destinados a la Justicia, la presión ejercida por el Gobierno a determinados jueces mientras desempeñan sus funciones, los recortes a la justicia gratuita y las deficiencias en la puesta en marcha del proyecto “Papel 0”.

Madrid, 13 de febrero de 2017

La ONG de derechos humanos Rights International Spain, junto con la asociación Jueces para la Democracia, han dirigido una carta al Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas con ocasión de la toma de posesión de su nuevo titular, y con el fin de instarle a realizar una visita en misión especial a España. Esta misiva se suma a otras acciones entabladas por estas organizaciones a las predecesoras en el cargo del actual Relator y recopila los principales “desafíos a la independencia del poder judicial y el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, ambos pilares esenciales de un Estado de Derecho”.

Intromisiones del poder político en los nombramientos del CGPJ

En la carta se señala el sistema de nombramiento de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, el cual  posibilita las intromisiones del poder político en el órgano de gobierno de la Justicia. La situación se ha agravado con las reformas promovidas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la X Legislatura, dado que desde entonces, cuando un único grupo cuenta con una mayoría cualificada de 3/5 en una Cámara (como la que contaba el PP en la anterior legislatura en el Senado), se puede nombrar a miembros del CGPJ sin necesidad de llegar a consenso con otros partidos. Esta reforma ha sido duramente criticada, no solo por las organizaciones firmantes, sino también por informes de diversos organismos del Consejo de Europa.

Sucesivas reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial

Las organizaciones también ponen de manifiesto el elevado número de reformas a la LOPJ -hasta nueve- en la X Legislatura lo que, además de vulnerar el principio de seguridad jurídica, se realizó sin hacer consulta alguna a los operadores de justicia y con el apoyo único del Partido Popular. En cuanto al contenido de las reformas, cabe mencionar la posibilidad de que el presidente del CGPJ, nombrado por el poder político, pueda realizar propuestas vinculantes, lo que va en detrimento del carácter colegiado de la institución y de la propia independencia judicial.

Reducción de los plazos de instrucción de delitos sin dotación de recursos

Asimismo, las organizaciones firmantes denuncian la reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que introdujo el plazo máximo de entre 6 y 18 meses para concluir la fase de investigación de los delitos. Esta medida, unida a la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo que enfrentan jueces y magistrados, lejos de agilizar la Justicia, como justificaron los autores de la reforma, “contribuirá en la práctica a una mayor impunidad, particularmente en los casos de corrupción política, y a un aumento de la desconfianza en los tribunales”.

Falta de medios

En la carta también se menciona, como una de las principales trabas a la independencia judicial y la separación de poderes, la falta de recursos “tanto humanos como económicos”, agravada durante la X Legislatura. En este sentido, se apunta al mal lugar que ocupa España en los informes europeos sobre eficiencia en Justicia; suele ser uno de los países con peores datos en lo referente a los recursos dedicados a este sector. Esta situación tiene “un impacto en la capacidad de los tribunales para ejercer el control jurisdiccional necesario sobre el poder ejecutivo y legislativo”, y además afecta negativamente a “la opinión que el público general tiene acerca de la institución”.

Interferencias políticas

Las organizaciones también aluden a la presión ejercida por políticos, incluidos algunos miembros del Gobierno, a jueces particulares en el curso de sus investigaciones “a través de descalificaciones y ataques a sus competencias profesionales”. Esta circunstancia se da más a menudo “en casos muy sensibles, por ejemplo, relativos a la libertad de expresión y reunión, corrupción y terrorismo”.

Recortes a la Justicia Gratuita

En la carta se pone de manifiesto otra dificultad que enfrenta la ciudadanía a la hora de acceder a una Justicia independiente: los recortes a la Justicia Gratuita operados por una reforma del anterior Gobierno. Con la nueva normativa menos personas pueden beneficiarse de un(a) abogado/a de oficio y el proceso de solicitud es más complejo, lo que supone un obstáculo añadido al acceso a este  servicio público esencial.

Puesta en marcha del proyecto Papel 0 “con 0 recursos”

Finalmente, la carta se refiere a la reforma que estableció la obligación para que los Juzgados trabajasen exclusivamente a través de medios electrónicos a partir del 1 de enero de 2016. Este sistema suscita muchos problemas ya que se instauró “sin medios ni una inversión pública adecuada”, sin existir un criterio unificado de los órganos judiciales (con la consiguiente inseguridad jurídica) y su gestión depende del Ministerio de Justicia, por lo que el Gobierno tendría acceso a todas las notificaciones judiciales, “lo que supone un ataque adicional y peligroso a la división de poderes”.

Las organizaciones firmantes esperan que el experto de Naciones Unidas acceda a visitar el país para comprobar de primera mano los distintos desafíos a la independencia judicial, dada la gravedad de la situación. Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia ha recordado que según el Quinto Barómetro Externo del Consejo General de la Abogacía de 2015 existe “un clamor ciudadano por una reforma inmediata y a fondo para mejorar el funcionamiento de la Justicia en España”. Ahora bien, de acuerdo con este estudio, una masiva proporción de españoles (81%) expresa una misma amarga conclusión: “todos los gobiernos, del color que sean, han tenido más interés por controlar la Justicia que por dotarla de los medios suficientes para que pueda funcionar mejor”.

Por su parte, Lydia Vicente, Directora Ejecutiva de Rights International Spain, insiste en el impacto que tiene la existencia de una justicia independiente en el disfrute de los derechos fundamentales: “en los últimos tiempos se ha puesto de manifiesto hasta qué punto la existencia de un poder judicial independiente es crucial para evitar que se produzcan graves atropellos a nuestros derechos y libertades civiles; sin una Justicia independiente los principios básicos de una sociedad democrática corren peligro, todas las personas corremos peligro”.

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