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La Sección Territorial de Madrid de Jueces para la Democracia, tras conocer el comunicado de los Jueces/zas Decanos/as de Madrid de 19 de enero de 2017 y la decisión del Presidente del TSJ de Madrid de convocar con carácter de emergencia la Comisión Mixta de la Consejería de Justicia de la Región y la Sala de Gobierno del TSJM para analizar detenidamente la situación de las infraestructuras judiciales en la Comunidad de Madrid, emite el siguiente comunicado:

Queremos respaldar las manifestaciones efectuadas por los Jueces/zas Decanos/as así como la respuesta inmediata del Tribunal Superior de Justicia de llamar, una vez más, al diálogo con el fin de lograr un plan urgente de actuación.

El incendio que tuvo lugar el 11 de enero  en el edificio de la calle Granados nº 18 de Torrejón de Ardoz, sede de los juzgados de Primera Instancia nº 5 y de Violencia sobre la Mujer de dicha localidad y del que se han hecho eco distintos medios de comunicación, no es un hecho aislado sino que se enmarca en la situación de dejadez y abandono de los edificios judiciales por parte del gobierno regional desde tiempo inmemorial. La única respuesta de la CAM es la inacción, la directriz de “no política” que ya quedó perfectamente reflejada en el artículo “Madrid, balada triste de la Justicia” que fue publicado el 10 de marzo de 2011. En el 2017 los hechos nos demuestran cómo, en esencia, todo sigue igual.

El momento crítico que atraviesa la Administración de Justicia en Madrid, que ha tenido bastante repercusión mediática esta semana, no es por tanto tal, sino una situación crónica que año tras año queda perfilada en las distintas memorias de la actividad judicial y que no puede perdurar más. Ante situaciones como las vividas el 11 de enero, consecuencia de la calamitosa situación de las infraestructuras que generan peligros -previsibles y evitables- para la ciudadanía y para los hombres y mujeres que tiene entre manos este difícil hacer que es la Justicia, el ejecutivo regional debe de dar una respuesta acorde a la gravedad de los hechos y estar a la altura de sus obligaciones y de su responsabilidad. La valiente reacción y buen hacer de los juzgados afectados, en concreto, de la Magistrada Decana de Torrejón de Ardoz quien el 16 de enero decidió clausurar la sede de los dos juzgados hasta la recepción de un  informe técnico que descartase que las condiciones medioambientales podían suponer un riesgo para la salud de las personas que trabajan y las que acceden a las instalaciones judiciales y que en el momento de tomar esa difícil decisión fue apoyada sin fisuras por la Comisión Interasociativa de Madrid. Y ahora la reacción de los restantes Decanos/as de Madrid, que en el mencionado comunicado -tras señalar que “estos hechos podrían llegar incluso a encajar en el tipo penal de los delitos contra los derechos de los trabajadores, por lo que cabría plantearse la posibilidad de ponerlos en conocimiento de la Fiscalía de no arbitrarse los medios necesarios para solventarlos”- reclaman poder desempeñar nuestro trabajo en unas instalaciones dignas y propias de lo que es un servicio público esencial,  son esfuerzos que llegan donde llegan y que además no deberían ocupar el tiempo, ni generar preocupaciones añadidas a los jueces y las juezas,  quienes ya asumen una excesiva carga de trabajo para dar  la  respuesta que la ciudadanía demanda de sus Juzgados y Tribunales.

El voluntarismo de todos los colectivos que diariamente intervienen en el hacer judicial no puede seguir siendo la única base que sustente el funcionamiento de la Administración de Justicia. Es la hora de otorgar a la Justicia madrileña el papel protagonista que merece. Por ello, Jueces para la Democracia, insta a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid a hacer viables las medidas urgentes que se proponga desde el TSJ y para que, más allá de ello, apueste por llevar a cabo en lo que resta de legislatura un plan  integral en materia de justicia sellado por el consenso de todos los grupos parlamentarios. Acción global y conjunta, que debió acometerse mucho tiempo atrás y que no admite más dilación.

En Madrid a 20 de enero de 2017

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