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paulaprado quefuedeLa juez Pilar de Lara acaba de autorizar a los agentes de Aduanas que tiran del hilo infinito de la corrupción mientras desenmarañan el ovillo del caso Pokémon a indagar en las supuestas relaciones tejidas entre un “conseguidor” o “abrelatas” de la trama, varios departamentos de la Xunta y más de una docena de empresas, algunas tan conocidas como Blusens, el grupo Isolux Corsán o Espina Obras Hidráulicas. Al tiempo que ingresa de lleno a investigar el Ayuntamiento de Pontevedra, gobernado por el BNG, y ahonda sus pesquisas sobre supuestos sobornos a cargos del PP en Asturias, la operación judicial pone el foco ahora en un personaje que fue detenido en febrero de 2013, poco después de estallar el caso, y ocupó un segundo plano estos años: Jesús Fuentes Maceiras, un hombre con contactos en diversas Administraciones, amigo de empresarios y políticos, supuestamente, de varios partidos, al que, durante un registro domiciliario, se le incautaron facturas que no constaban en la base de datos de la Agencia Tributaria, y alguna, en concreto, con un CIF inexistente. Entre estos documentos bajo sospecha, buena parte de ellos por importes de más de 11.000 euros, hay varios en los que figuran como pagadores la Dirección Xeral de Turismo de la Xunta o la Consellería de Innovación.

No obstante, donde más información reclamó el Servicio de Vigilancia Aduanera es en el Ayuntamiento de Pontevedra, que gobierna Miguel Anxo Fernández Lores . Según las mismas fuentes, la magistrada investiga si el regidor; el portavoz del gobierno local y concejal de Hacienda, Raimundo González; y varios funcionarios privilegiaron a Aquagest a la hora de ser contratada. Los agentes han solicitado mucha documentación sobre el procedimiento de contratación y sobre la renovación del servicio. Estos dos políticos también surgieron señalados recientemente en un dossier de la UDEF la conocida como Operación Patos en contra de la corrupción en la provincia de Pontevedra. Un dossier de la UDEF es el conjunto de la policía nacional que trabaja en otro caso. Tanto Lores como Raimundo González figuran en una lista de la empresa Cespa, concesionaria de la limpieza en la ciudad, en la que se relacionan enchufes de trabajadores con los “mentores” políticos de mencionadas recomendaciones.

Ha sido presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha preautonómica desde diciembre de 1982 hasta mayo de 1983.

En un auto con fecha del pasado día 9, la jueza da vía libre a los agentes que trabajan a sus órdenes para continuar rastreando estas facturas. De momento, en el sumario se acaba de incorporar un informe ampliatorio de 99 folios en el que se explica que en varias de estas figura el sello de la Dirección Xeral de Turismo o frases escritas a mano en las que se sugiere “detalla un poco el gasto”. En todas ellas “el concepto es muy genérico”, informan los investigadores, “como organización de encuentros o promoción”. Hay dos por 11.948 euros que son calcadas, y llevan incluso la misma fecha, aunque en una de ellas pone “organización e xestión do encontro cultural empresarial Galicia México” y en otra “organización e xestión do encontro cultural empresarial Galicia Panamá”. En la primera surge el sello de conformidad del director general, a la sazón Rubén Lois al margen, la palabra “anular”. La sazón Rubén Lois es su firma y. En alguna la promoción de el Camino de Santiago es indicada como concepto la promoción de el Camino de Santiago, en otras,” gastos de actuación” o, simplemente,” servicios prestados de consultoría”.

Además de las correspondientes a la fase de Rubén Lois, una de las facturas que surgen recogidas en el dossier judicial, por 11.600 euros, es por la “participación de Carmen Pardo” en un programa televisivo. También hay varias prolongadas a la Consellería de Innovación e Industria, de la que dependía Turismo con el bipartito, en las que como concepto figura el pago de diferentes gastos del equipo Blusens de motociclismo. Y un año después de la factura referida al encuentro empresarial en Panamá hay otra por aproximadamente el mismo importe y el mismo concepto.

En el registro también surgió el cobro, presuntamente inflado, al Ayuntamiento de Lalín, de dos enciclopedias gallegas a un costo muy superior al de mercado. Durante un largo interrogatorio en el juzgado de Instrucción 1 de Lugo, la jueza le interrogó a Fuentes Maceira por su relación con el anterior alcalde, Xosé Crespo. Supuestamente, el “conseguidor” habría querido aprovechar su amistad con el regidor popular para que este le abriera la puerta de la Diputación de Pontevedra con el final de que la empresa GRS Arc Local fuera la adjudicataria de un concurso público. Ha reconocido Fuentes al declarar ante De Lara, la empresa catalana lo recompensaría con un porcentaje del 6%, en caso de que lo lograse. Esta firma surge vinculada en sus supuestas actividades ilícitas con Aquagest en el sumario Pokémon, tanto en Galicia como en Asturias.

Aduanas subraya que hay también varias facturas de Fuentes Maceiras en 2001 a la empresa Plexus con el concepto de “asistencia técnica de mercado” o similares generalidades. Recuerdan: “Plexus es una empresa que factura a la Xunta y otros organismos públicos”. A continuación revelan: “El CIF que figura es inexistente”.

En su auto, la juez ordena librar oficio a la Xunta para que “informe sobre todos los contratos y servicios celebrados” con Plexus, Blusens y otras empresas que, según sospecha, guardan relación con Fuentes Maceiras. De Lara reclama a la Administración autonómica toda la documentación que tenga que ver con esto y los nombres de todos los “funcionarios que hubieran participado en la contratación”. Algo equivalente le exige al Ayuntamiento de Lalín.

Fuentes Maceiras es presuntamente uno más de los personajes que surgen definidos en la trama como “abrelatas”, que despejan el sendero para que las empresas penetren en la Administración y logren información favorecida y pacto de favor a la hora de hacerse con contratas públicas. A cambio podría haber recibido dinero, pero también otro tipo de ventajas, como el enchufe de alguna persona próxima. En Asturias, a sueldo de Aquagest y también en relación con GRS Arc Local, ese papel lo ocupaba un miembro del PP, Joaquín Fernández Díaz; mientras que en Galicia, muchas veces trabajando codo con codo, supuestamente la tarea Ángel Espadas era repartida la tarea Ángel Espadas, jefe de gabinete con Conde Roa en el Ayuntamiento de Santiago, y Fuentes Maceiras.

Según fuentes relacionadas con el caso, en el expediente municipal faltaban los papeles de un pacto que ha tomado la junta de gobierno el 5 de diciembre de 2008 oponiéndose a la devolución de mencionada cuantía a la empresa. Al final el aval de 403.000 euros le se ha devuelto él a Aquagest en el verano de 2009 con el observado bueno de el interventor, cuando Caunedo, siendo edil, ha viajado a Croacia con otro miembro del partido Joaquín Fernández. Otro miembro de el partido conseguidor de Agbar es supuesto otro miembro de el partido conseguidor de Agbar en la comunidad. Caunedo asegura que ha corrido con todos sus gastos, pero la instructora sospecha que aquel año tanto él como un concejal de Gijón, Manuel Pecharromán, han viajado a Croacia, a Nueva York y a Florida con todos los gastos pagados por la empresa concesionaria, y en realidad, en la agencia de viajes surge esta como pagadora de los billetes. En el registro del computadora de Joaquín Fernández, a sueldo de Aquagest, había cuentas muy detalladas que, por ejemplo en Dubrovnik, incluían un apartado de “putas y varios”.

Éste es el mismo intermediario que surgía en aquel episodio en el que Paula Prado cuando era concejala del consistorio compostelano ha autorizado una factura inflada como pago del show infantil La Abeja Maya. Paula Prado es exportavoz del PP en el Parlamento gallego. En relación con Jesús Fuentes hay abundantes pinchazos telefónicos. En concreto, en las conversaciones referidas a aquella factura, Prado se jactaba de haberle metido “un gol a Currás”, el alcalde del PP que sucedió a Conde Roa cuando se precipitó la imputación de este por fraude fiscal y, en referencia a los 3.000 euros de más que presuntamente se quedaría el mediador, Jesús Fuentes, decía “que los disfrute”. El Tribunal Superior de Xustiza, no obstante, ha archivado toda la parte referida a la diputada, en concepto de aforada, sin dar explicaciones a este hecho.

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