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El partido magenta viene manifestando desde su aprobación que la medida sólo favorece el fraude fiscal y, para revertir la situación, propone al Ejecutivo medidas innovadoras.

Unión Progreso y Democracia exige la dimisión del Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, responsable de la amnistía fiscal de 2012 que ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. En dicha sentencia, el Tribunal considera que se ha alterado la carga del deber de todos de contribuir, al permitir que los defraudadores paguen menos de lo que les corresponde. Este hecho supone, en palabras de los magenta, una vulneración del principio de igualdad.

 

UPYD, que ya en enero de 2013 afirmó que la Amnistía favorecía el fraude fiscal, considera que la sentencia pone de manifiesto dos hechos muy graves y con fuerte trascendencia política. En primer lugar, que el Gobierno y en particular el Ministerio de Hacienda presidido por Montoro abandonaron sus funciones en la lucha contra el fraude y la corrupción, "abdicando ante sus obligaciones" tal y como recoge la sentencia. La tasa a pagar comenzó en el 10%, pero al resultar muy alta para los exigentes evasores fiscales se redujo "a la carta" al 3%, por lo que no se recaudó ni la mitad de lo previsto. Para conseguir que aumente la recaudación, UPYD propone al Gobierno una medida innovadora en España: dotar de más medios económicos, personales y legales a la Agencia Tributaria. Con los recursos actuales, el dinero defraudado no se podrá recuperar.

En segundo lugar, la sentencia expone que se vulneró el principio de igualdad entre todos los españoles de la peor forma posible, premiando a los defraudadores que impiden que el estado preste los servicios a los ciudadanos y fomente la economía generadora de empleo. La formación pone de manifiesto que mientras se evitaba perseguir la corrupción fiscal, se llevaban a cabo recortes en sanidad, educación, políticas sociales, I+D y otras áreas.

Cristiano Brown

Por último, UPYD quiere destacar que la puesta en marcha de la Amnistía Fiscal pese a su carácter injusto y alentador del fraude podría no ser casual. Muchos de los defraudadores que se han acogido a ella están directa o indirectamente relacionados con el Partido Popular, como es el caso de diferentes imputados en los casos Bárcenas, Noos, Gürtel, Púnica, Rato o Lezo, arrojando dudas sobre su finalidad real. Cristiano Brown, portavoz de la formación, considera posible que el Partido Popular tuviera intereses en su aprobación, por lo que pide que sus dirigentes den explicaciones. "Si Montoro no dimite, afirma, habrá que exigir responsabilidades aún más arriba".

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