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De los 291 centros penitenciarios en México, administrados por los gobiernos estatales, al menos, el 65 por ciento están en manos del crimen organizado, revela hoy un estudio de la Cámara de Diputados.

El estudio titulado "Los centros penitenciarios en México, ¿centros de rehabilitación o escuelas del crimen?", explica que este problema existe en 189 centros penitenciarios y que el 51 por ciento de las 291 cárceles están superpobladas, especialmente en los centrales Ciudad de México, estados de México, Puebla y Jalisco (occidente).

 

El documento, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (Cesop), explica con gráficas que con más de 233.469 internos, México ocupa el séptimo lugar mundial en población carcelaria.

En promedio, destaca, se presentan cada día tres riñas, dos agresiones y un homicidio.

Estudios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México y otras instancias apuntan que en por lo menos el 70 por ciento de las 292 prisiones estatales, existe algún tipo de autogobierno por parte de reos.

Once fugas y siete motines figuraron en la estadística de casi 1.900 incidentes registrados entre enero y octubre de 2016 en las prisiones estatales, más de la mitad de ellos por riñas, de acuerdo con datos oficiales de la gubernamental Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

El gobierno mexicano ha dicho que se hacen esfuerzos para mejorar la situación de la población carcelaria, principalmente en las estatales y que no existe ese mismo problema en las prisiones federales.

El pasado 8 de febrero, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) subscribió su entrada al programa PACcTO, impulsado por la Unión Europea para la mejora del sistema penitenciario.

Diputados de México explica en su estudio de este lunes que de las prisiones estatales, las que mejor calificación están las de Guanajuato (8,02), Aguascalientes (7,75) y Baja California (7,42) mientras que las de peores fueron las de Nayarit (4,11), Quintana Roo (4,43) y Guerrero (4,99).

Las mejores calificadas fueron las militares, con un promedio de 7,93 (Prisión Militar de la I Región Militar, Prisión Militar de la III Región Militar (en Mazatlán, Sinaloa), y la Prisión Militar de la V Región Militar (en La Mojonera, Zapopan, estado de Jalisco).

En abril pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó un estudio similar en el que destacaba que además la mayoría de las prisiones estatales de México carecen de guardias suficientes, medidas para evitar motines o fugas, y, en general, de un eficaz control sobre reos violentos.

En su calificación, la CNDH señala que las cárceles de las 32 entidades del país obtuvieron en promedio una calificación de 6.21, aunque en los estados de Nayarit (oeste), Quintana Roo (sureste), Guerrero (sur), Hidalgo (centro) y Tabasco (sureste), el parámetro estuvo por debajo del 5 o apenas rebasó ese número.

Entre el 16 y 28 de marzo pasados se registraron dos fugas masivas y cuatro disturbios protagonizados por decenas de reos en prisiones de los estados de Sinaloa (noroeste), Tamaulipas (noreste), Nuevo León (norte) y Quintana Roo (sureste) que sumaron un saldo total de ocho presos muertos y una treintena de heridos.

En ese sentido, la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), Elena Azaola, reconoció recientemente en entrevista a Xinhua que esos hechos demuestran que reina el vacío de poder en la mayoría de las prisiones estatales y que en los últimos años se ha agudizado debido a que los gobiernos estatales continúan sin asumir por completo el control de las mismas.

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