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 Parafraseando a Rubén Darío, ya viene el cortejo del soberanismo de Cataluña, ya se oyen los claros clarines que tratan de derribar la muralla del Estado español que oprime al colonizado pueblo catalán. La Generalitat y el Parlament se han situado al margen de la ley, como en el lejano Oeste norteamericano, pero el problema es que los forajidos no son los inmigrantes, “charnegos” y  marginados, sino las instituciones y las personalidades de la Comunidad Autónoma. Desde hace ya algún tiempo, los poderes legislativo y ejecutivo de la Comunidad  -y en algún momento hasta el judicial- vienen realizando actos de insumisión institucional, que alcanzaron su punto culminante  cuando la Presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, finalizo su discurso inaugural de la actual legislatura al grito de “¡Viva la república  catalana!”.

Insurrección de la Generalitat

 Durante años, la Generalitat se ha negado a aplicar algunas leyes nacionales y las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional (TC) -especialmente las relativas a la utilización del castellano en la enseñanza-, sin que el Gobierno central apenas haya reaccionado ante semejante insubordinación. El enfrentamiento institucional se intensificó cuando –tras la irresponsable manifestación del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero de que aceptaría las reformas al Estatuto de Sau que acordara el Parlament- éste adoptó el 30 de Septiembre de 2005 un nuevo Estatuto que era claramente anticonstitucional, pues partía de que Cataluña era una nación cuya soberanía  emanaba del pueblo catalán. A su paso por las Cortes, el texto fue modificado, pero no lo suficiente como para hacerlo compatible con la Constitución. El texto fue aprobado en un  referéndum celebrado en Cataluña el 18 de Junio de 2006. El PP presentó contra él un recurso de ante el TC, que –en su sentencia de 28 de Junio de 2010- declaró inconstitucionales algunas de sus disposiciones. La reacción del Gobierno tripartito fue bastante negativa y el Presidente socialista José Montilla descalificó al Tribunal e incluso participó en una manifestación de protesta, de la que no salió bien parado por los ataques que recibió de los radicales.

Tras la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a conceder a Cataluña un régimen fiscal semejante al del Pais Vasco o de  Navarra, el Presidente convergente Artur Mas cambió el rumbo moderado del Govern y de su coalición Convergencia y Unió e inició una abierta confrontación con el Estado, que se materializó en la celebración el 9 de Noviembre de 2014 de un seudo-referéndum de libre determinación, pese a que había sido prohibido por el TC. El Fiscal General del Estado dio instrucciones al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) para que se querellara contra Mas, la Vicepresidenta Joana Ortega y la Consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia y prevaricación, pero la mayoría de los fiscales del Tribunal se negaron a hacerlo por estimar que no habían incurrido en delito, y la demanda tuvo que ser presentada por el Fiscal General.

Insurrección del Parlament

El Parlament ha hecho “tandem” con la Generalitat y adoptado una serie de resoluciones dirigidas a lograr la independencia de Cataluña de forma unilateral y al margen de cualquier tipo de legalidad. Así, el 13 de Enero de 2013 reconoció la soberanía de Cataluña y el derecho a decidir del pueblo catalán, y el 9 de Noviembre de 2015 declaró el inicio de un proceso  político constituyente para la  desconexión de Cataluña de España y la creación de un Estado independiente en forma de República, y afirmó que “el proceso de desconexión democrática del Estado español no se supeditaría a las instituciones” de dicho Estado y, en particular, del TC, al que consideraba ” falto de legitimidad y competencia”. En su sentencia del 12 de Diciembre, el TC declaró la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución, pero el Parlamento ignoró esta sentencia y un auto del Tribunal, a raíz del informe de la Comisión del Proceso Constituyente sobre la desconexión mediante la celebración de un referéndum de libre determinación y la declaración unilateral de independencia de Cataluña. El TC advirtió a los diputados y a los miembros del Govern de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensión del proceso acordada y les apercibió sobre las responsabilidades –incluidas las  penales- en las que podrían incurrir. La Presidenta Forcadell cambió el orden del día de la sesión y permitió la adopción el 27 de Julio de 2016 de una resolución que aprobaba las recomendaciones de la Comisión y acordaba celebrar un referéndum vinculante para decidir sobre la independencia no más tarde de Septiembre de 2017, mediante la formulación de “una pregunta clara y una respuesta binaria”. El Gobierno central recurrió y, el 1 de Agosto, el TC admitió a trámite el expediente de ejecución –lo que supuso la suspensión automática de la resolución-, afirmó que las disposiciones reglamentarias de la Cámara no podían contradecir el imperio de la Constitución y encomendó a la Fiscalía del TSJC que considerara la presentación de una demanda contra Forcadell por desobediencia y prevaricación.  Haciendo caso omiso de todas estas decisiones y advertencias, el Parlament adoptó el 6 de Octubre una serie de medidas para institucionalizar el proceso de secesión, hacer frente a la “judicialización del derecho a decidir” y proteger a los cargos electos que apoyaban la desconexión contra las amenazas policiales y judiciales, e instó a los Ayuntamientos y a las instituciones a desobedecer las decisiones del TC.

El 14 de Octubre, el TSJC acordó iniciar el juicio contra Mas, Ortega y Rigau por prevaricación y desobediencia –aunque no por malversación, que habría llevardo aparejada penas de prisión- y está pendiente la decisión sobre la petición del Supremo al Congreso para que  levante la inmunidad del diputado Francesc Homs, a fin de que pueda ser juzgado por los mismos delitos. Homs ha calificado su investigación de política y afirmado que la sentencia está ya dictada. El Govern  ha alentado a los catalanes a movilizarse en a calle contra las respuestas judiciales a los diversos episodios de desobediencia que se están produciendo por impulsar el desafío de la independencia y organizado manifestaciones de apoyo a los procesados ante las puertas del TSJC, con participación de sus miembros, diputados y alcaldes.  El Tribunal teme que aumente la presión y su Presidente, Jesús Barrientos,  ha señalado que “es radicalmente injusto, además de socialmente peligroso, difundir sospechas sobre la independencia de los jueces o emitir juicios interesados y predictivos de sus resoluciones”. Es de esperar que el TSJC procese asimismo a Carme Forcadell por los delitos de prevaricación y desobediencia, puesto que –según el Fiscal- ha dado muestras inequívocas de llevar adelante su propuesta política mediante hechos consumados con total desprecio de la Constitución y de los pronunciamientos del TC, y dado impulso a un proceso constituyente de imposible encaje en el ámbito competencial del Parlamento. La portavoz de la Generalitat, Neus Munté, ha afirmado que el Govern no permanecerá con los brazos cruzados en caso de que Forcadell sea condenada y convocará “manifestaciones contundentes” contra la acción de la justicia. Unos y otros están ejerciendo una intolerable presión sobre jueces y tribunales, violando los más elementales principios de separación de poderes y violentando la independencia judicial. Siguiendo los llamamientos de la Generalitat y del Parlament, se están produciendo actos de abierta desobediencia de los tribunales. Así, el concejal de Olot, Juan Coma (CUP), se ha negado a comparecer ante la Audiencia Nacional en su proceso por hacer un llamamiento a desobedecer al TC y ha afirmado que “el futuro de nuestro pueblo no lo decidirá ningún tribunal”, recibiendo el apoyo del Ayuntamiento; la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturés (CUP), se ha negado en dos ocasiones a comparecer ante el juez local acusada de hacer ondear en su Concejo la bandera estrellada y  por desobediencia, y ha manifestado que desobedecerá sin miedo y sólo obedecerá el mandato del pueblo, antes que a los tribunales españolistas; la mayoría de los concejales de Badalona -de CUP y ERC- abrieron al público las instalaciones del municipio el 12 de Octubre, pese a la prohibición del juzgado, y el primer teniente-alcalde, José Téllez (CUP), rompió la resolución judicial ante las cámaras de la TV.

Responsabilidad por omisión del Gobierno central

Los responsables principales de la situación actual son los gobernantes “de iure” de la coalición “Junts pel Si”-formada por la antigua Convergencia y ERC-, los gobernantes “de facto” de la  Candidatura de Unidad Popular  –que con 10 diputados condiciona y radicaliza la actuación del Govern- y los coadyuvantes necesarios, “Catalunya Sí que es  Pot”-marca de Podemos tras haber absorbido a Izquierda Unida, los Verdes, y otros grupúsculos izquierdistas radicales- y el desnortado Partido Socialista de Cataluña –el “tonto útil” del independentismo secesionista-, así como importantes movimientos de la sociedad civil como  la Asamblea Nacional Catalana –presidida durante varios años por Forcadell-, “Omnium Cultural” o la Asociación de Municipios por la Independencia, que reagrupa a 800 Ayuntamientos. Pero también el Gobierno central ha tenido buena parte de culpa por debilitar la potestad sancionadora del  Estado y llevar a cabo, por omisión,  una dejación de funciones a la hora de aplicar –o mejor dicho, de no aplicar o hacerlo de forma insuficiente- la normativa vigente. Como ha señalado Melitón Cardona en su excelente artículo ”Un Estado voluntariamente indefenso” –publicado en el “Periódico de Ibiza”-, la proclamación de la independencia e Cataluña por parte del Parlament no tendría consecuencias penales, al no haberse cometido un delito de traición, pues su tipificación en el artículo 581 del Código Penal se encuadra únicamente en el supuesto de un conflicto bélico entre España y una potencia enemiga. No se cometería un delito de sedición, porque, para ello, el artículo 544 requiere que se produzca un alzamiento “público y tumultuario” para impedir la aplicación de la ley  “por la fuerza o fuera de las vías legales”. Tampoco habría un delito de rebelión porque, aunque el artículo 472 sanciona los actos dirigidos a “derogar, suspender o modificar, total o parcialmente, la Constitución” o a “declarar la independencia de un parte del territorio nacional”, requiere que éstos se realicen mediante un “alzamiento violento“, por lo que quedan excluidos los “alzamientos pacíficos”, aunque supongan un ataque letal a la línea de flotación del orden constitucional. Esta patética situación es consecuencia del despropósito del llamado “Código Penal de la Democracia”, adoptado en 1995 por el entonces Gobierno socialista. Según el antiguo artículo 214 del Código, la declaración de independencia de una parte del territorio nacional se incluía entre los fines de la rebelión, sin exigir el requisito de violencia,  “porque la esencia del delito consistía en la finalidad independentista de la acción”.  El artículo 217 consideraba rebeldes a quienes “atentaren contra la integración de la nación española o la independencia de todo o parte del territorio”, y a los que “sin sublevarse contra el Gobierno, cometieren -por astucia o por cualquier otro medio- alguno de los delitos comprendidos en el artículo 214”. Estas disposiciones –que procedían de una Ley de 1900- fueron incorporadas al Código Penal de 1928 y mantenidas en el de Código republicano de 1932 y en el franquista de 1944. , Fueron suprimidas por obra y gracia del PSOE y ningún Gobierno posterior ha osado reintroducirlas, “dejando así a la intemperie nuestro orden constitucional frente a los movimientos secesionistas”, concluye el Embajador Cardona. Como observó el Almirante Blas de Lezo, “una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden”. En su política desarboladora de la potestad sancionadora del Estado,  Gobiernos socialistas derogaron en 1984 el recurso previo de anticonstitucionalidad –lo que permitió la celebración en 2006 de un referéndum que aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, a pesar de que había sido impugnado ante el TC-, y borraron del Código Penal en 2005 el delito de convocatoria de referéndums por autoridades carentes de competencia para realizarlos.

Inexistencia del “derecho a decidir” de los catalanes

La débil apoyatura jurídica de los independentistas se basa en el “derecho a decidir”, una versión edulcorada y políticamente correcta del “derecho a la libre determinación de los pueblos” reconocido por el Derecho Internacional, un derecho a decidir sin límites que es superior a la Constitución y al Estado de Derecho. Pero –a juicio de la Profesora Araceli Mangas-, el derecho a decidir de las entidades infraestatales no está reconocido por el Derecho Internacional. Sólo cabe aplicarse en los casos de dominación colonial, explotación abusiva o discriminación racial de los pueblos, y resulta a todas luces evidente que tal no es el caso de Cataluña. Como ha señalado en su artículo “Derecho a decidir sin límites”, no hay en una democracia un derecho ilimitado a decidir lo que quieran la ciudadanía o los Parlamentos nacionales o autonómicos. El Parlament se ha arrogado una “plenitudo potestatis” -absoluta y sin límites- de la que carece, pues cualquier asamblea tiene unas competencia y unos límites determinados. No todo puede ser sometido a la ciudadanía, ni todo lo que apruebe un Parlamento es necesariamente válido y, en caso de duda, se requiere el control de un tribunal de garantías. De acuerdo con un dictamen de la Comisión de Venecia para la Democracia a través del Derecho, de 11 de Marzo de 2016, la solución en una democracia debe basarse en la Constitución, tal como sea interpretada por los TC, y tanto las normas internacionales como las europeas requieren que las decisiones de aquéllos sean respetadas. Sin embargo, las autoridades catalanas no acatan las decisiones del TC –al que descalifican y consideran carente de competencia- y las ignoran olímpicamente. Todos los sistemas políticos democráticos –concluye Mangas- “impiden las decisiones que destruyen los valores y la unidad nacional de una sociedad”. Un Estado debe reaccionar cuando se pretenda destruir los principios que dan vida a la democracia, fundada en el respeto a los derechos humanos y en el sometimiento de todos los poderes  a la ley. Neus Munté, ha declarado que el TC no puede dirimir declaraciones o conclusiones políticas que emanan del normal funcionamiento del Parlament y que sería tremendamente injusta la inhabilitación de Carme Forcadell “por ser una persona elegida democráticamente”, y su Presidente, Carles Puigdemont, le ha negado  potestad  para frenar el proceso de desconexión y afirmado que mantendrá inmutable su hoja de ruta para celebrar el referéndum, pese a la suspensión del Tribunal.

Los nacionalistas parten del sofisma de contraponer la democracia –decisiones de una Asamblea democráticamente elegida- a la legalidad –normativa impuesta por el Estado-. Enfrentan así la legitimidad constitucional del Estado a la legitimidad derivada de unas elecciones autonómicas. Con habilidad dialéctica, Frances Homs ha afirmado en el Congreso  que, mientras el Gobierno central mantiene que no hay democracia sin  ley, la Generalitat   considera que no hay ley sin democracia, y ésta –lo que vota la gente- sirve precisamente para cambiar la ley.  Cataluña hará su camino hacia la independencia con democracia y con ley. Sin embargo, pasa por alto el diputado que existe una jerarquía de valores y que, en el Estado de las Autorías –como en el Estado Federal-, las leyes del Estado que afectan a materias de su competencia prevalecen sobre las leyes autonómica en caso de conflicto entre ellas. En cualquier caso, el mandato popular derivado de una elección democrática no concede a los elegidos el privilegio de poder violar la ley.

Como ha observado atinadamente el Profesor José Luis Pardo, estamos asistiendo a una desoladora epidemia de actitudes populistas que erosionan los fundamentos jurídicos de la política, que ha de conducirse por los cauces del derecho. “La idea que apela a un supuesto pueblo que estaría más allá del derecho y que le permitiría saltarse las reglas del juego es pavorosa,… pero esto es lo que estamos haciendo en Cataluña”. Para los independentistas -según el Profesor David Ortega-, el nacionalismo es la causa primera de todo, que lo justifica todo y ante el que todo tiene que ceder. Se trata de un nacionalismo de talante totalitario, que está por encima de la ley y, sin ley, no hay convivencia cívica posible. De acuerdo con la aporía de George Orwell en “Rebelión en la granja”, todos los españoles son iguales, pero los catalanes son más iguales que los demás. Conforme a lo señalado por el TC en 2010, el pueblo español es el único detentador de la soberanía, por lo que cualquier modificación de ésta –como la independencia de Cataluña- deberá ser decidida por el pueblo de España en su conjunto y no sólo por una parte de él. Esto lo ha dejado pristinamente claro el Presidente Mariano Rajoy en su discurso de investidura: El reto más grande de España en estos momentos es el desafío independentista. El único pueblo soberano en España es el que conforma la totalidad de los españoles y nadie puede privarle de su derecho exclusivo a decidir sobre su futuro o sobre su territorio. Ha señalado que su primera obligación como Presidente –al igual que la de los demás miembros del  Congreso- era “defender la soberanía nacional, la unidad  de España, la igualdad de los ciudadanos y  el respeto a la ley”, principios todos ellos que están siendo conculcados en Cataluña.  Como ha observador Jorge Bustos, ahora sólo falta que Rajoy acompañe con hechos sus palabras, pues el Estado lleva décadas batiéndose en retirada. La colaboración del TC es indispensable, pero el Gobierno no debe delegar en el poder judicial funciones de ejecución que no le son propias y que corresponden al poder ejecutivo.

El Gobierno tiene que dialogar con la Generalitat para tratar de encontrar una fórmula satisfactoria al problema de la articulación de Cataluña en España, pero no puede haber diálogo si no se respeta la ley. No cabe situarse –como hacen el PSOE y su mentor “El País”, en un editorial del 12 de Octubre- en la equidistancia entre “el empecinamiento secesionista y el inmovilismo y retranqueo centralista”, sino abrirse a “horizontes de autonomía profundizada, federales, plurinacionales e incluso confederalizantes” [¿?]. El propio Felipe González ha reconocido que no se puede ser equidistante entre los que aplican la ley y los que la violan. Se necesitan reformas pactadas que garanticen  los hechos diferenciales de Cataluña sin romper la igualdad básica de los ciudadanos. Se ha mostrado conforme con la propuesta del ponente constitucional Migue Herrero de incluir en la Carta Magna una disposición adicional que reconozca la “realidad  nacional” de Cataluña, eufemismo que cubre su consideración como “nación”. El empleo de este término, sin embargo, no es inocuo, pues conlleva unas consecuencias jurídicas específicas. Como ya señaló el TC, la Constitución no reconoce más nación que la española y el término nación sólo puede referirse al pueblo español, único titular de la soberanía nacional. El reconocimiento como nación de Cataluña le permitiría invocar el derecho a la libre determinación y a la independencia. Tras advertir al Rey de que la Generalitat está dispuesta a llevar a cabo sus compromisos hasta el final, caiga quien caiga, Francesc Homs ha afirmado que van a mantener un talante de diálogo, y Carles Puigdemont ha proclamado su deseo de sentarse a negociar y a pactar con el Gobierno central. Pero esta supuesta flexibilidad  y disposición negociadora se limita a discutir los detalles sobre la celebración del referéndum de autodeterminación de 2017, ya que la solución que proponen es la de “referéndum o referéndum”.

Escasas perspectivas de solución

El ex-Ministro socialista Joseph Borrell –autor, junto con Joan Llorach, de “Las cuentas y los cuentos de la independencia”, libro en el que ha puesto de manifiesto las falacias de los nacionalista sobre el déficit fiscal catalán – ha afirmado que Cataluña no puede ser independiente porque así lo proclame una mayoría simple de su Parlamento. Ha señalado que hay que hablar con los independentistas, porque un 48% de los participantes en las últimas elecciones autonómicas los han apoyado con sus votos, y ha propuesto “desmontar los mitos  y resolver los agravios o problemas reales, lo que requiere mucha pedagogía y políticas de inversión”. A su juicio, “hay que revisar el sistema de financiación autonómica, priorizar las inversiones con una visión menos centrípeta del territorio español y hacer reformas institucionales que incluyan una reforma de la Constitución, que resuelva problemas de reconocimiento que reclaman muchos catalanes, y que sea votada por todos los españoles”.

En su discurso de investidura, Rajoy ha mencionado de la necesidad de establecer un nuevo modelo de financiación autonómica que “asegure la igualdad y la solidaridad entre los españoles”. Ha  reiterado su disposición al diálogo y a la cooperación con la Generalitat, y ofrecido buscar fórmulas que acomoden mejor la necesaria solidaridad interterritorial, a fin de conseguir soluciones que sean más justas para las aspiraciones de todos. A estos efectos, ha manifestado su intención de convocar de inmediato la Conferencia de Presidentes Autonómicos. El Govern  ha reaccionado anunciando que no piensa participar en esa reunión, porque, incluso si se concediera a Cataluña un régimen fiscal similar al vasco-navarro –cuya rechazo propició que Mas y su partido se echaran al monte e iniciaran el proceso secesionista- no se verían colmadas sus aspiraciones, que no son otras que la independencia. Así resulta totalmente imposible dialogar y pactar. Confiemos en  que las autoridades catalanas y la parte de la sociedad civil infestada del el virus antiespañol recuperen el tradicional “seny” y adopten una actitud más racional y menos visceral, en beneficio de España y de Cataluña . En cualquier caso, el Gobierno central tiene que hacer aplicar las leyes y las sentencias de los tribunales, y acabar con la impunidad en el “salvaje Oeste” de los que las incumplen y socavan de esta forma el Estado de Derecho.

Madrid, 31 de Octubre de 2016

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