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El día 1 de Octubre la Generalitat consumó con alevosía y diurnidad su rebelión contra el Estado de Derecho de España y abrió la vía a la consiguiente declaración unilateral de independencia de Cataluña. Cuando el dedo señala a la luna, los necios miran al dedo. Algunos políticos hipócritas y bienpensantes y la mayoría de los medios internacionales de comunicación se han fijado en el dedo del uso legítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Estado en cumplimiento de las órdenes de los Tribunales para evitar la celebración de un referéndum ilegal –lo que provocó, como es natural, la realización de cargas que produjeron algunos heridos, incluidos numerosos policías-, y olvidado la luna de la flagrante insurrección de la Generalitat contra el Estado de Derecho que le otorga su legitimidad. De nada han servido las reiteradas advertencias y peticiones del Gobierno de la nación a las autoridades catalanas para que respetaran la legalidad y -ante su insistencia en incumplir la Constitución, el Estatuto, las leyes y las sentencias de los Tribunales- aquél no tiene más opción que emplear todos los recursos que le concede el Estado de Derecho para poner coto a esta intolerable situación. Como reza el refrán castellano, “a lo hecho, pecho”.

 

 

 

 

Aplicación del artículo 155 de la Constitución

 

 

 

Para hacer frente a situaciones como las que prevalecen hoy en Cataluña, la Constitución española –siguiendo el modelo alemán- incluyó el famoso artículo 155 –más comentado que leído-, que establece lo siguiente: ”Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución y otras leyes le impongan o actúe de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”

 

 

 

El precepto entra como anillo al dedo en la rebelión de la Generalitat. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha indicado al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha llegado el momento de actuar y aplicar de inmediato el artículo 155, pues el único camino posible para defender la Constitución y reconstituir la democracia en Cataluña pasa por una convocatoria inmediata de elecciones autonómicas. Según el profesor David Ortega, la única medida sensata para traer sosiego al pueblo catalán y a España es que hablen las urnas, pero no como ha sucedido de forma tan lamentable el pasado día 1, donde todo ha sido un esperpento Ello es competencia de Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o del Presidente del Gobierno central, en el caso de que se invocara el artículo 155. El Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, se ha mostrado contrario a recurrir al citado artículo y –en un buenismo irrealista- ha instado al Gobierno a abrir una negociación inmediata con Puigdemont, pese a que éste se ha auto-descalificado al violar todas las normas habidas y por haber, revolverse contra el Estado de Derecho y expresar su intención de que el Parlament declare unilateralmente la independencia de Cataluña..

 

 

 

Genio y figura, Rajoy –en su patológica y patética indecisión- se muestra proclive a aguardar ver los pasos que dé el President –como si hubiera alguna duda sobre cuáles serán- y, aunque ha considerado la posibilidad de aplicar el artículo 155 y la Ley de Seguridad Ciudadana, prefiere esperar por el momento. Resulta increíble su actitud que excede de la prudente cautela para entrar en el ámbito de la cobardía y de la pusilaminidad, justo lo contrario de la determinación que se espera de un hombre de Estado que se precie de tal . ¿Esperar a qué?. ¿Al hecho consumado de la declaración de independencia y a la creación de facto de la República de Cataluña?. ¿No es una pérdida de tiempo reunirse con los nacionalistas y con Podemos, que reduce la solución del problema catalán a que el Presidente del Gobierno se quite de en medio para acceder al poder de la mano de Pedro Sánchez?. Tiempo es precisamente lo que no sobra, pues -según la Ley del Referéndum- en los dos días siguientes a la proclamación de los resultados, el Parlament se reunirá para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, y Puigdemont ha afirmado que cumplirá dicha disposición en cuanto concluya el disparatado proceso de recuento de votos.

 

 

 

Rajoy está obsesionado con obtener el apoyo del PSOE antes de recurrir al artículo 155 y se niega a aplicarlo mientras no lo consiga, pero Sánchez y su equipo no están por la labor. No le basta con contar con la razón jurídica y con la mayoría del PP en el Senado, reforzada con el respaldo de Ciudadanos. ¿A qué viene tanta cautela cuando está en grave e inminente peligro la integridad territorial de España?. Mientras sigue deshojando la margarita de su proceder, convendría que releyera las páginas de la Historia sobre los sucesos del 4 de Octubre de 1934, en los que –tras la declaración por el Presidente de la Generalitat, Lluis Companys, de la independencia de Cataluña dentro de la República Federal Española- el Presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, ordenó al Capitán General de Barcelona, Domingo Batet, que pusiera fin a la rebelión mediante el uso de la fuerza armada. Tras la intervención militar –que causó la muerte de algunos rebeldes. incluidos varios Mossos- la rebelión fue sofocada en 24 horas, el President y todos los miembros del Govern fueron detenidos y posteriormente condenados a 30 años de prisión, y la autonomía catalana quedó suspendida. No sería preciso que Rajoy llegara tan lejos, pero algo tendrá que hace sin esperar al explícito respaldo del PSOE. Ha sido la pasividad de su Gobierno la que ha hecho posible en gran medida que los separatistas catalanes violen flagrantemente la legalidad constitucional y se cisquen en el Estado de Derecho. Ya sólo les falta alcanzar el último eslabón de la cadena que es la secesión de España. Si carece de la suficiente fuerza moral, que tenga la decencia de dimitir y dar paso a otro miembro de su partido menos coitadiño, que tome las medidas adecuadas para poner fin a la actual situación de insurrección.

 

 

 

Como ha señalado El Mundo” en un editorial, “el Gobierno no puede dilatar la asunción de medidas que permitan frenar en seco los planes del independentismo, lo que incluye la aplicación inmediata del artículo 155 o de la Ley de Seguridad Ciudadana, en aras a preservar la legalidad y situar a los Mossos bajo el control del Estado. El Gobierno no puede perder ni un minuto ni le debe temblar el pulso a la hora de hacer frente, con la ley en la mano, a la felonía del independentismo”.

 

 

 

Lo primero que tiene que hacer es enviar al Presidente de la Generalitat un requerimiento formal para que cumpla sus obligaciones constitucionales, cosa que debería haber sido hecha tiempo ha. Como la respuesta será previsiblemente negativa, tendrá que convocar el Senado a la brevedad posible. Dado que este proceso puede llevar algún tiempo, Rajoy -o su sustituto- debería invocar la Ley 36/2015 de Seguridad Ciudadana y, a su amparo, poner a los desleales Mossos de Esquadra bajo el mando directo de la autoridad militar nacional y destituir sus dirigentes políticos –el Consejero de Interior Joaquim Forn, que ya advirtió que los Mossos no sólo no impedirían la celebración del referéndum ilegal, sino que contribuirían a su realización, y al Director del Cuerpo, Pere Esteve- y a sus dirigentes militares, especialmente al Mayor Josep Lluis Trapero. Al mismo tiempo, debería instar al Tribunal Constitucional a que inhabilite y suspenda en sus funciones a Puigdemont, Oriol Junqueras y a los miembros del Govern más implicados –los Consejeros de Presidencia, Interior, Educación y Relaciones internacionales-, y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a que dicte sentencia en las querellas presentadas contra la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la impute por los delitos de sedición, prevaricación y malversación. El Gobierno, a través de la Fiscalía General del Estado, debería asimismo instar a los juzgados competentes a que imputen a los Presidentes de la Asociación Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de “Omnium Cultural”, Jordi Cuixart, por dedición, y a la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por prevaricación. También deberían seguir su curso las diversas demandas presentadas contra los Mossos por desobediencia.

 

 

 

Una vez que el Senado autorizara al Gobierno a tomar las medidas apropiadas para que la Generalitat cumpla con sus obligaciones constitucionales y proteja el interés nacional, aquél debería convocar elecciones autonómicas, para que el pueblo catalán pueda elegir legalmente un nuevo Parlament y se constituya un Gobierno debidamente legitimado por las urnas, que negocie con el Gobierno central la restauración de la normalidad constitucional y de la democracia en Cataluña.

 

 

 

La chapuza del seudo-referéndum

 

 

 

Según Santiago Muñoz Machado, los dirigentes de la Generalitat han llegado a tal grado de trapacería y mixtificación en el plano del derecho que resulta totalmente inviable discutir con ellos sobre temas jurídicos. Han modificado ilegalmente el Reglamento del Parlament para poder adoptar leyes fundamentales de forma exprés y sin debate, les han negado la palabra a los diputados de la oposición, han desoído las advertencias de sus propias instituciones jurídicas -el Secretario General del Parlamento o el Consejo de Garantías Estatutarias-, han aprobado una Ley de Referéndum que convoca una votación ilegal sobre algo en lo que carece de competencia –la independencia de Cataluña- sin fijar un mínimo porcentaje de participación o de votos obtenidos para decidirla bastando una simple mayoría, han adoptado la Ley de Transitoriedad que pretende sustituir a la Constitución mediante decisión por mayoría simple de una cámara regional…etc.

 

 

 

Pero ni siquiera han cumplido sus propias normas. La forma en que se ha realizado el supuesto referéndum ha sido una vergüenza sin paliativos. No ha habido censo verificable ni tarjeteas electorales, no ha existido una Comisión Electoral ni control neutral alguno durante las votaciones, se estableció a última hora un “censo universal” que permitía votar en cualquier lugar –incluso en la calle y en casas particulares-, las mesas electorales se constituyeron con voluntarios independentistas, las urnas eran opacas y llegaban a las mesas “preñadas” de votos afirmativos, se ha podido votar en cuantos sitios y cuantas veces los votantes han querido, han podido votar menores de edad y extranjeros, no se sabe quién ha hecho el recuento de votos y aún no se conocen los resultados oficiales de la votación…¿Puede darse un mayor cúmulo de irregularidades?. Las autoridades a través del Consejero de Presidencia Jordi Turrull han filtrado los resultados oficiosos: De un censo fantasmagórico de 5.313.000 personas, se han recogido 2.262.424 papeletas (42%), de las que 2.020.144 eran afirmativas (90%), 176.566 negativas, (7.8%), 45.586 abstenciones y 2.129 nulas. ¿Resulta creíble que se haya alcanzado tan alto grado de participación a pesar de las dificultades objetivas para poder votar y el cierre de no menos de 400 colegios electorales?. ¿Es razonable pensar que 176.66 personas contrarias a la independencia y otras 45.586 no favorables a la misma al pronunciarse por la abstención se hayan enfrentado a las enormes dificultades existentes para depositar su voto?. Los resultados estaban predeterminados y ya los había anunciado Junqueras antes de la votación: 45% de participación y 90% de votos positivos. El Vicepresidente -que gracias a sus cualidades de pitoniso ha acertado los 14 resultados de la quiniela- afirmó tras el feliz parto que Cataluña había demostrado su desconexión de un Estado profundamente autoritario y que correspondía al Parlament la declaración unilateral de independencia.

 

 

 

Varios medios de comunicación internacionales –como “Le Monde” o “Fijnancial Times”- han estimado que Rajoy se había equivocado al tratar de impedir la celebración del referéndum, pues, si lo hubiera permitido, nadie habría aceptado los resultados al ser evidentemente ilegal, y se habría ahorrado la difusión de las imágenes de las cargas policiales contra niños y ancianitas. Sin embargo, un Estado de Derecho no puede consentir sin pestañear la flagrante violación de las leyes y de las sentencias de los Tribunales por parte de sus propias autoridades autonómicas. Habría perdido toda credibilidad democrática.

 

 

 

Reacciones nacionales e internacionales tras la jornada del 1-O

 

 

 

Ellíder de Ciudadanos, Albert Rivera, reiteró su apoyo sin fisuras al Gobierno y a la Justicia, señaló que no podía entablarse un diálogo con Puigdemont y Junqueras -por lo que había que buscar nuevos interlocutores salidos de unas adelantadas elecciones autonómicas- y resaltó que el futuro pasaba por reconstruir el proyecto común español y no por conceder más privilegios los independentistas. El PSOE no estuvo a la altura de las circunstancias y se situó en la inaceptable actitud de equidistancia. Sánchez responsabilizo por igual a Puigdemont y a Rajoy de los enfrentamientos producidos durante la jornada y de la grave crisis institucional que atraviesa a España. Aunque culpó al primero de incurrir en desacato, sacar la política a la calle y organizar una consulta contraria a la Constitución y al Estatuto, ha cargado asimismo contra Rajoy por haber cerrado la puerta a la política y le ha instado a negociar. Condenó las cargas policiales y aseguró que exigiría responsabilidad a los políticos que las habían ordenado. El Secretario General del PSC, Miquel Iceta, calificó de inaceptable cualquier acción policial desproporcionada y pidió que cesaran los intentos de impedir por la fuerza una movilización ciudadana. La portavoz socialista en el Congreso, Margarit Robles ha criticado la acción policial en la cámara y solicitado la reprobación de la Vicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santa Maria. No deja de ser paradójico que esta petición provenga de una magistrado que ha sido Secretaria de Estado en el Ministerio de Interior. Sánchez ha dado prueba una vez más que su escasa talla política cuando, en un momento crítico en que resulta indispensable la unión de todos los partidos constitucionalistas se unan en torno al Gobierno para afrontar el desafío independentista, se desolidarice del mismo y requiera la reprobación de la supuesta responsable de la normal actuación de una policía que sigue los mandatos de los jueces, no del Gobierno, para tratar de restablecer la legalidad. No me sorprende su irresponsable actitud, pues –como ha observado su correligionario Joaquín Leguina- Pedro “es una veleta que se mueve según hacia donde sopla el viento. Está obsesionado con que España tiene un solo enemigo, que es Mariano Rajoy”.

 

 

 

La reacción de Podemos era previsible y monotemática. Pablo Ibáñez ha señalado que la estrategia represiva del PP ha fracasado y reiterado su repetitivo llamamiento a Sánchez para que lidere una moción de censura contra Rajoy y forme un Gobierno con el fin de “construir una solución democrática y pactada en Cataluña”, que desemboque en un referéndum de autodeterminación. Pero ha llevado aún más lejos su extravagancia al solicitar a la Unión Europea que sancione a España con la suspensión de su derecho de voto en el Consejo por la vulneración de los valores fundamentales de la Unión en Cataluña. El PNV ha arrimado el ascua a su sardina y, tras criticar al Gobierno por la violencia ejercida en las calles catalanes, sugirió la celebración de un “referéndum legal y pactado” como los realizados en Escocia y en Québec. La Alcaldesa Colau ha roto su calculada equidistancia, acusado a Rajoy de “haber lanzado brutalmente a la policía contra una población indefensa”, exigido al PSOE que presente una moción de censura y apoyado la propuesta de Puigdemont de mediación de la UE entre Cataluña y España.

 

 

 

Las más importantes democracias europeas –Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Países Bajos…- han respaldado la actuación del Gobierno español. No ha sido tal el caso de las instituciones de la UE. El Presidente del Consejo, Donald Tusk, ha afirmado que compartía los argumentos constitucionales de Rajoy, pero que le había instado a “encontrar formas para evitar una escalada de la situación y evitar el uso de la fuerza”. Peor aún ha sido el comentario de Margaritas Schinas, portavoz del Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Aunque afirmó que “confiamos en el liderazgo de Mariano Rajoy para manejar este difícil proceso en completo respeto de la Constitución española y los derechos de los ciudadanos”, añadió una velada crítica:”Son tiempos de unida y estabilidad. Apelamos al diálogo. La violencia no puede ser instrumento en política”. Están de más estas hipócritas admoniciones buenistas. Como ha comentado Arcadi Espadas, Tusk y Schinas/Juncker ponen en paridad “a un Gobierno que defiende los derechos de los ciudadanos en nombre de la ley y a otro que, desde fuera de la ley, los conculca. Ni Tu8sk ni Schinas demuestran conocer la diferencia entre la fuerza de la ley y la violencia, siempre ilegal”. El Gobierno español debe estar orgulloso de su policía que ha cumplido con prudencia y proporcionalidad un mandato judicial y realizado una labor impecable en una situación delicadísima tras la deslealtad de los Mossos. Los bienpensantes pacifistas de Bruselas parecen ignorar que, para proteger la ley y el orden público, la policía tiene que recurrir al uso legal de la fuerza y, si se escapa algún mamporro, es lo normal, sobre todo cuando los afectados se encuentran en lugares donde no deberían estar e incurriendo en posibles actividades delictivas –allanamiento de morada, obstrucción de la justicia, atentados de palabra y de obra contra la policía judicial…- . Deberían explicarnos cómo se impide en sus países la comisión de un delito de sedición, que no creo que se haga repartiendo besos y claveles rojos.. Además los indefensos ciudadanos afectados no son tan pacíficos como se pretende cuando centenares de policías han resultado heridos o contusionados. Los jerarcas comunitarios no parecen ser conscientes de que la insurrección catalana no afecta solamente a Cataluña y al resto de España, sino también a Europa. Si la rebelión catalana tuviera éxito, la UE se tambalearía y es posible que sucumbiera a la exaltación de los populismos nacionalistas, que provocaron la II Guerra Mundial. La UE puede permitirse el lujo de meter la pata en Kosovo, que es un tercero que ni siquiera es Estado, pero no en España, que es un Estado de Derecho miembro de la Unión. En vez de frívolas críticas, debería prestarle un apoyo incondicional.

 

EL Gobierno español ha ganado la baza jurídica al contener el referéndum ilegal, pero ha perdido el relato mediático, en el que la agitprop nacionalista le da ciento y raya. La inmensa mayoría de los medios internacionales de comunicación han sido muy críticos con los actos de fuerza –que no de violencia gratuita- de las fuerzas españolas de seguridad, cuyos supuestos excesos se difunden de forma selectiva. . ¿Acaso se difunden de igual manera los ataques y vejaciones sufridos por los policías a manos de los pacíficos votantes como la trampa tendida a unos coches de la guardia civil por una multitud de energúmenos que apedrearon a los agentes en San Carlos de la Rápita?. ¿Es más humanitaria y benéfica la actuación de la policía alemana, francesa, belga, estadounidense o griega, o ls de los Mossos?. En cualquier caso, hay que reconocer que la difusión de las imágenes de algunas escenas de la actuación policial ha afectado muy adversamente la imagen de España y aumentado el caudal de simpatía hacia los pacíficos y ejemplares catalanes, que, aunque se saltan todas las leyes, lo hacen por una buena causa.

 

 

 

Mensaje del Rey Felipe VI a los españoles

 

 

 

En estos momento críticos para la Historia de España, se echaba de menor la voz autorizada del Rey Felipe VI, en cuanto garante de la unidad y permanencia del Estado y responsable de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Como ha observado Lucía Méndez, “tardó en a parecer, pero lo hizo por todo lo alto” y, según Federico Jiménez Losantos, “Ni Felipe VI podía ser más oportuno, ni su mensaje llegar más a tiempo”. En efecto, el impecable mensaje del Rey Felipe ha llegado justo a tiempo y no contiene ni una sola palabra de más. Lo reproduzco en su integridad porque no tiene desperdicio.

 

 

 

Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo determinadas autoridades de Cataluña,-de una manera reiterada, consciente y deliberada- han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus disposiciones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada.

 

 

 

Estas autoridades han menospreciados los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles y, con su conducta irresponsable, incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. En definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña.- Esas autoridades –de una manera clara y rotunda- se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.

 

Hoy quiero además transmitir varios mensajes a todos los españoles, particularmente a los catalanes. A los ciudadanos de Cataluña –a todos- quiero reiterarles que, desde hace décadas, vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley. Porque, como todos sabemos, sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y en libertad en Cataluña, ni en el resto de España, ni en ningún lugar del mundo. En la España constitucional y democrática saben bien que todos tienen un despacio de concordia y de encuentro con todos sus conciudadanos. Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de la libertad y de sus derechos. Y al conjunto de los españoles que viven con desasosiego y tristeza estos acontecimientos, les transmito un mensaje de tranquilidad, de confianza y también de esperanza. Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante. Porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Porque nuestros principios democráticos son fuertes y sólidos, y los son porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad. Así hemos ido construyendo la España de las últimas décadas y así debemos seguir ese camino con serenidad y determinación. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos estará también Cataluña.

 

 

 

Termino ya estas palabras dirigidas a todo el pueblo español para subrayar una vez más el firme compromiso de la Corona con la Constitución, de renovar mi entrega al entendimiento y la concordia entre españoles, y mi compromiso como Rey con la unidad y permanencia de España”. ¡Que así sea!.

 

 

 

El mensaje ha sido bien acogido por el PP, Ciudadanos y, en menor medida, por el titubeante PSOE, que ha echado en falta una referencia al mantra del diálogo. Bien al contrario, el profesor Francisco Sosa ha dicho que se agradece precisamente que el Rey haya omitido cualquier referencia a “la blandenguería del diálogo”. En opinión de Fernando Savater, se ha transigido demasiado. Se ha dialogado con Cataluña, los catalanes y los “pujoles” de un modo exagerado. Se ha mentido y se ha engañado a mucha gente durante mucho tiempo, y eso es lógico que cree un estado de gran frustración, que no se va a curar tan fácilmente y tardará en hacerlo. Ha sido mal acogido –como era de esperar- por los nacionalistas y por las huestes bolivarianas de Podemos, que criticaron que iba dirigido a sólo una parte de Cataluña y no hacía referencia alguna al diálogo ni a las víctimas de los ataques policiales. Su mascarón de proa, Ibáñez, afirmó con su habitual suficiencia:”Le digo al Rey no votado: No en nuestro nombre”. Ha sido bien acogido por la opinión pública en general, ahíta y harta de las arbitrariedades y desplantes de las autoridades catalanas. También ha supuesto un alivio para los que dudaban que el Estado fuera capaz de tomar decisiones firmes en defensa de la Nación española. En términos futbolísticos, el Rey le ha dado una asistencia a Rajoy para que marque en la puerta del secesionismo catalán con la ayuda del artículo 155. Confiemos en el Presidente del Gobierno empuje el balón a la red. Si no, habrá que pedir al entrenador que lo cambie por otro jugador más en forma.

 

 

 

Sevilla, 4 de Octubre de 2017

 

 

 

 

 

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