Arturo Zamarriego, un juez de Madrid, prohibió al diario El Mundo y a su director, Pedro G. Cuartango, la difusión de la información sobre los contratos de los futbolistas con sus equipos. La medida cautelar fue solicitada por los abogados de Senn, Ferrero Asociados Sports & Entertainments, que han asesorado a Cristiano Ronaldo y a otros futbolistas sobre asuntos de naturaleza fiscal. La resolución judicial fue inmediatamente recurrida por Cristina Peña, la abogada del periódico.

Es extraño que se haya procedido con una actuación de censura para evitar el ejercicio de la libertad de información con la difusión de datos que afectan a personajes públicos. La Sentencia del Tribunal Constitucional 21/2000, de 31 de enero, que “en los casos en los que exista un conflicto entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de información, debe partirse de la premisa de que a través de este último derecho no sólo se protege un interés individual sino que entraña el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo político”, siendo cierto que la información deberá referirse a una persona de relevancia pública, ser veraz y exponerse de un modo adecuado y sin insultos o desprecios. El concepto de veracidad es el más equívoco, pero la Sentencia del Tribunal Constitucional 6/1988, que expresa que “Cuando la Constitución requiere que la información sea «veraz» no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas -o sencillamente no probadas en juicio- cuanto estableciendo un específico deber de diligencia sobre el informador a quien se le puede y debe exigir que lo que transmita como «hechos» haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos, privándose así de la garantía constitucional a quien defraudando el derecho de todos a la información actúe con menosprecio de la verdad o falsedad de lo comunicado”.

La información expuesta se refiere a personajes públicos y es veraz. El problema es que, según se ha comentado, los datos se pudieron obtener con un ataque informático. Si eso es cierto, podría declararse la nulidad de las actuaciones judiciales que, en el futuro, puedan desarrollarse a partir de la información obtenida vulnerando derechos fundamentales, aunque falta información sobre esta posibilidad.

Habrá que continuar esperando para llegar a saber todo lo necesario sobre el asunto en relación con la prohibición de divulgar datos de futbolistas. Debe haber importantes razones que, siendo desconocidas ahora mismo, sirvan para entender por qué un juez adoptó una medida tan contundente. Si no existen, se están vulnerando derechos fundamentales injustificadamente.

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