El Gobierno estatal realizó, durante años anteriores, algunas reformas fiscales que implantaron incrementos de la presión fiscal, aunque, posteriormente, se establecieron reducciones fiscales, con la consecuente disminución de los ingresos públicos. Además, hay que destacar las propuestas que muchos partidos políticos realizan exponiendo su idea de disminuir la presión fiscal. Estos hechos están directamente vinculados con las pretensiones electorales.

El Gobierno anterior, que estaba presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, y la oposición de aquel momento, también propusieron medidas fiscales antes de las elecciones generales anteriores, que podían calificarse como populistas. Los aspectos de las propuestas fiscales fueron analizadas por Juan Rubio-Ramírez yMario Alloza Frutos en el blogNada es Gratis, y las conclusiones resultan interesantes.

Es posible calificar como ideas constitutivas de populismo fiscal las medidas que se establecen con las reformas tributarias de reducción de la fiscalidad que son anteriores a las elecciones generales y las propuestas de disminución de los tipos de gravamen. La razón es sencilla, ya que se puede poner en una peligrosa situación a las personas dependientes de prestaciones sociales por buscar publicidad electoral.

Puede pensarse que parece lógico que a la ciudadanía le guste que se reduzca la presión fiscal. Sin embargo, no parece correcto que se pretenda hacer propaganda electoral hablando de la bajada de los impuestos antes de los procesos electorales. Tampoco parece adecuado que la propaganda pueda terminar provocando recortes o la privatización de cualquier ente administrativo instrumental que sea rentable para evitar lo que seria un descalabro en lo que se refiere a las cuentas publicas, que todavía no han alcanzado el equilibrio que tan deseable es para muchos.

Es esencial que bajen los impuestos cuando tengan que reducirlos porque así lo requiera la economía real y que cada euro obtenido a través de la potestad recaudatoria se utilice de la forma mas eficaz y eficiente, siguiendo lo establecido en el artículo 31.2 de la Constitución Española de 1978, que implica que cada euro del dinero publico debe ser empleado de la forma mas útil y provechosa, aunque es algo difícil de conseguir.

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