El Juzgado de lo Penal N°2 de La Coruña dictó una sentencia para absolver a una madre que había sido acusada por dos delitos leves de maltrato en el ámbito familiar a causa de una bofetada y de unos arañazos ocasionados a su hijo con la intención de evitar que se marchará de su casa.



La resolución es bastante clara al referirse a las circunstancias. El menor tuvo un comportamiento totalmente irrespetuoso con su madre, frente a la que llegó a arrojar el móvil. Además, intentó marcharse de casa sin el consentimiento de su progenitora.

El niño obró como un auténtico dictador. Muchos chicos actúan así, incrementando sus muestras de egoísmo hasta que se llega a un momento en el que la situación resulta totalmente insostenible para la convivencia en el hogar.

Los progenitores tienen el deber de educar a sus hijos según el Código Civil, que debe interpretarse observando el artículo 39 de la Constitución Española. Según ese precepto, “
Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda”.

Dentro de las obligaciones se incluyen todos los actos que sean necesarios o útiles para lograr una correcta formación cívica de los niños, siempre que se ejecuten con plena proporcionalidad y sin excesos en las atribuciones otorgadas por la propia patria potestad, para evitar abusos, prohibidos por el artículo 7 del Código Civil y por el Código Penal cuando haya elementos claramente identificables como delictivos con los que no pueda haber justificación por el cumplimiento de deberes marcados por el artículo 20 de la norma penal. Esta realidad debe respetarse por los poderes públicos, ya que el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, establece que “
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”.

A todos incumbe la correcta educación de los hijos. La razón es que la ausencia de la misma termina ocasionando, tarde o temprano, consecuencias perjudica cuáles para todos en mayor o en menor medida. Hay que garantizar que toda persona pueda, en el futuro, dispensar un trato respetuoso y ajustado a las reglas de la convocatoria para consolidar el orden público y la paz social.

 

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